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Educación y Enseñanza
Tema: El posible agravio comparativo entre docentes de determinadas especialidades, motivado por el encuadramiento en diferentes niveles funcionariales, a pesar de la exigencia de los mismos requisitos de acceso.
Educación
Consejera de Educación
Señora Consejera:
El 29 de agosto de 2018 esta institución recibió una queja frente al Departamento de Educación, por lo que se consideraba un agravio comparativo entre docentes de determinadas especialidades, motivado por el encuadramiento en diferentes niveles funcionariales, a pesar de la exigencia de los mismos requisitos de acceso.
En dicho escrito, el autor de la queja exponía que:
Seguidamente, esta institución se dirigió al Departamento de Educación, solicitando que informara sobre la cuestión suscitada.
En el informe recibido, se señala lo siguiente:
La ubicación del personal docente en los distintos niveles en los que se estructura el funcionariado, así como la titulación exigida para acceder a un puesto de trabajo docente en función del nivel en el que esté ubicado corresponde a la normativa básica estatal competencia del estado. En concreto, los procedimientos selectivos de ingreso y acceso del personal docente se encuentran regulados en el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero
.
Como ha quedado reflejado, la queja se presenta por un posible trato discriminatorio en el acceso a determinadas especialidades docentes (concretamente, se cita la especialidad de instalaciones electrónicas).
La discriminación obedecería, según se explica, a que exigiéndose los mismos requisitos de acceso que en el caso de otras especialidades docentes (la comparación se realiza con las de informática y tecnología), el nivel de encuadramiento de las plazas es diferente (nivel B, en el caso de la primera especialidad de las citadas, y nivel A, en el caso de las segundas).
Por parte del Departamento de Educación, se ha emitido el informe que se ha transcrito, en el que se viene a considerar que la cuestión suscitada viene determinada por la legislación básica estatal y, en concreto, por el Real Decreto 276/2007.
Analizado el contenido de dicho real decreto, esta institución no aprecia que el contenido del mismo de respuesta a la cuestión de fondo que se suscita, que es la antes señalada.
La citada norma contempla, en sus anexo VI, requisitos de acceso a las especialidades docentes correspondientes (titulaciones habilitantes), en relación con los diversos cuerpos docentes. Asimismo, contempla los requisitos específicos de acceso a los diferentes cuerpos docentes (artículo 13).
Sin embargo, no se concluye que dicha norma determine el efecto que se denuncia en la queja.
En el ejercicio de la potestad de autoorganización y en la configuración de sus estructuras y puestos de trabajo, las Administraciones públicas pueden tener un relevante grado de discrecionalidad y un margen de libre apreciación, de forma que diferentes soluciones pueden ser, en principio, legalmente admisibles.
Sin embargo, como dispone la ley, dicha potestad ha de ejercerse de forma motivada y justificada, de tal modo que, si se introducen diferencias, las mismas han de responder a criterios objetivos admisibles, evitándose la arbitrariedad, prohibida por el ordenamiento jurídico.
En el caso que nos ocupa, como se ha apuntado, la queja pone de manifiesto una posible arbitrariedad, pues, exigiéndose unos mismos requisitos de acceso o titulaciones habilitantes para diferentes especialidades docentes, las plazas respectivas se situarían en diferentes niveles funcionariales (A, en un caso, y B, en otro).
La diferencia exige una justificación específica, máxime cuando, en principio, conforme a las previsiones generales del Texto Refundido del Personal al servicio de las Administraciones Públicas (norma vertebradora en materia de función pública en Navarra), y del propio Real Decreto que se cita en el informe del departamento (artículo 3 y Anexo I, apartado II), el nivel en que se integran los funcionarios se hace depender de la titulación requerida para el ingreso (artículo 12).
Por ello, la institución recomienda al Departamento de Educación que analice si está justificada la diferencia que se expone en la queja, adoptando las medidas oportunas en otro caso.
En consecuencia, y en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 34.1 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, la institución del Defensor del Pueblo de Navarra ha estimado necesario:
Recomendar al Departamento de Educación que analice si está justificado el diferente nivel de encuadramiento de las especialidades docentes que se citan en la queja, habida cuenta de la exigencia de unos mismos requisitos de acceso en cuanto al rango de las titulaciones habilitantes, adoptando, en su caso, las medidas correspondientes.
De conformidad con el artículo 34.2 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, procede que el Departamento de Educación informe, como es preceptivo, en el plazo máximo de dos meses, si acepta esta resolución, y, en su caso, las medidas adoptadas para su cumplimiento.
De acuerdo con lo establecido en dicho precepto legal, la no aceptación de la resolución podrá determinar la inclusión del caso en el Informe anual correspondiente al año 2018 que se exponga al Parlamento de Navarra con mención expresa de la Administración que no haya adoptado una actitud favorable cuando se considere que era posible.
A la espera de su respuesta, le saluda atentamente,
El Defensor del Pueblo de Navarra
Nafarroako Arartekoa
Francisco Javier Enériz Olaechea
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