Resolución del Defensor del Pueblo de Navarra (Q16/144) por el que se recomienda al Ayuntamiento de Pamplona que deje sin efecto el acto de retirada del vehículo objeto de la queja, devolviendo a la interesada la cantidad abonada en ese concepto, al estimar desproporcionada la medida adoptada.

30 mayo 2016

Tráfico y seguridad vial

Tema: Disconformidad con retirada de vehículo sin ticket.

Tráfico

Alcalde de Pamplona-Iruña

Excmo. Señor Alcalde:

El 14 de marzo de 2016 esta institución recibió un escrito de la señora doña […], mediante el que formulaba una queja frente al Ayuntamiento de Pamplona, por la retirada de su vehículo por la grúa municipal.
La autora de la queja exponía que:
1. El 9 de marzo de 2016 el servicio municipal de grúa retiró su vehículo por estacionar sin tique en la calle Pedro I, de Pamplona.
2. Ese día acudió por motivos profesionales al Colegio de Enfermería y, debido a la urgencia, se le olvidó pagar la tasa correspondiente con su teléfono móvil, como hace habitualmente.
  Cuando se dio cuenta de ello, salió a la calle para comprobar si estaba el vehículo y abonar la tasa, pero la grúa ya lo había retirado.
3. Habitualmente utiliza el estacionamiento regulado, y más desde que los aparcamientos de la zona hospitalaria han pasado a serlo, ya que trabaja habitualmente para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
4. Reconoce la infracción cometida, pero le parece un exceso retirar el vehículo con la grúa por estacionar sin pagar la tasa cuando no entorpece gravemente el tráfico, como en este caso, pues, en las inmediaciones, había numerosas plazas de aparcamiento libres.
5. Es cierto que la ley faculta a la autoridad para retirar los vehículos cuando se estacionen en zonas reguladas sin abonar la tasa, pero también lo es que dicho artículo no obliga a la retirada, ya que se señala que podrá proceder.
6. Considera que el Ayuntamiento de Pamplona debería denunciar y no retirar con la grúa, como hacen la inmensa mayoría de los Ayuntamientos de España que tienen estacionamiento regulado, los vehículos estacionados sin pagar tasa, salvo que realmente entorpecieran el tráfico gravemente por no haber plazas de aparcamiento libres.
  Concluía solicitando la devolución de la tasa de 100 euros cobrada por la retirada del vehículo por la grúa.
Seguidamente, esta institución se dirigió al Ayuntamiento de Pamplona, dando cuenta del contenido de la queja y solicitando que le informara sobre la cuestión suscitada.
En el informe recibido, se señala lo siguiente:
“En relación con el escrito del Defensor del Pueblo de Navarra de referencia Q16/144, se informa que el día 9 de marzo de 2016, el vehículo 0371CFM fue denunciado por estacionar sin ticket o tarjeta de residente en vigor a las 09:31 horas y fue retirado el servicio de grúa del Ayuntamiento de Pamplona/Iruña.
El artículo 105.1g del Real Decreto Legislativo 6/2015, establece que cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza, podrá ser retirado por la grúa, precepto también recogido por el artículo 69 de la Ordenanza Municipal de tráfico del Ayuntamiento de Pamplona y en el artículo 23 de la Ordenanza reguladora de las zonas de estacionamiento limitado y restringido del Ayuntamiento de Pamplona.
Tal y como reconoce Dña. […], no colocó el tique de estacionamiento, por lo que la retirada del vehículo estaría amparada por dicho artículo, y se considera que no procede la devolución de la tasa abonada por la retirada de grúa.”
Como ha quedado reflejado, la autora de la queja muestra su disconformidad con la retirada de su vehículo por parte del servicio de grúa del Ayuntamiento de Pamplona por estacionar sin tique en la zona regulada.
Por parte del Ayuntamiento de Pamplona, se considera que la actuación municipal está amparada por la ley, por lo que se rechaza la solicitud de devolución de la tasa abonada por la retirada del vehículo (100 euros).
La medida de retirada del vehículo está limitada por los principios informadores que rigen la adopción de decisiones de naturaleza cautelar -cuya finalidad es garantizar el buen fin del procedimiento, proteger incidentalmente la legalidad, el interés general o los derechos de terceros-, y, en general, por los principios que informan la actividad administrativa de limitación o la policial, entre los que se encuentran los de proporcionalidad y de menor restricción de la libertad individual o favor libertatis.
Se señala lo anterior porque, aunque la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial [(artículo 105.1 g) del Real Decreto Legislativo 6/2015)] prevea que la autoridad encargada de vigilar el tráfico podrá proceder, si el obligado a ello no lo hiciera, a retirar el vehículo en los casos de estacionamiento en zona limitada sin tique, de tal previsión no se deriva, por sí solo, la legalidad de la retirada.
Según interpreta esta institución, que exista un supuesto legal de retirada del vehículo por estacionamiento sin tique es condición necesaria, pero no suficiente, para amparar el acto administrativo. Y ello porque, por la naturaleza de la medida de retirada del vehículo, la misma exige una valoración de las circunstancias concurrentes que lleve a la convicción de lo adecuado y preciso de adoptarla, habida cuenta de que no estamos ante una sanción ante el incumplimiento de la normativa, sino ante una actuación tendente a proteger incidentalmente la legalidad, el interés general y los derechos de terceros.
La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 54, exige la motivación de las medidas provisionales, que es inherente a su propia naturaleza y finalidad, y que lleva aparejada una valoración de las circunstancias que concurren, incompatible con una aplicación tasada o reglada en este ámbito.
A este respecto, la jurisprudencia recuerda reiteradamente que el principio de proporcionalidad es límite material para la adopción de medidas provisionales y, en esta línea, el Tribunal Constitucional ha declarado que una medida provisional desproporcionada e irrazonable adquiere, en el exceso, carácter punitivo (así, por ejemplo, en la STC 104/1995).
Tales límites, a juicio de esta institución, son aplicables a la medida de retirada de vehículos de la vía pública.
En el caso que nos ocupa, no se aprecia una motivación específica del acto de retirada por parte del Ayuntamiento de Pamplona, que viene a interpretar que basta con el hecho de que el vehículo no dispusiera de tique.
A juicio de esta institución, no se aprecian en el caso circunstancias cualificadas que justifiquen la retirada del vehículo (se explica que el mismo no entorpecía el tráfico y que existían numerosas plazas libres en las inmediaciones), por lo que se incurrió en desproporción.
Como se ha dicho, el precepto legal que cita el Ayuntamiento de Pamplona prevé un supuesto de retirada del vehículo, pero no construye una facultad o habilitación incondicionada, al menos con la generalidad que pareciera derivarse del informe municipal emitido.
No es admisible, ni con criterios de justicia material, ni con los criterios jurídicos que limitan la potestad de intervención policial, que un estacionamiento como el producido, si no concurre alguna circunstancia cualificada, se vea penalizado, además de con la sanción por aparcar sin tique, con la retirada del vehículo y su depósito, con las consecuencias gravosas que ello conlleva, no ya solo de molestias para el ciudadano, sino también económicas.
Todo lo cual lleva a esta institución a recomendar al Ayuntamiento de Pamplona que deje sin efecto el acto de retirada del vehículo y que devuelva a la interesada la cantidad en concepto de tasa abonada en tal concepto.
En consecuencia, y de conformidad con las facultades que le atribuye el artículo 34.1 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, la institución del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra ha estimado necesario:
Recomendar al Ayuntamiento de Pamplona que deje sin efecto el acto de retirada del vehículo objeto de la queja, devolviendo a la interesada la cantidad abonada en ese concepto, al estimar desproporcionada la medida adoptada.

De conformidad con el artículo 34.2 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, procede que el Ayuntamiento de Pamplona informe, como es preceptivo, en el plazo máximo de dos meses, si acepta esta recomendación, y, en su caso, las medidas adoptadas para su cumplimiento.

De acuerdo con lo establecido en dicho precepto legal, la no aceptación de la recomendación podrá determinar la inclusión del caso en el Informe anual correspondiente al año 2016 que se exponga al Parlamento de Navarra con mención expresa de la Administración que no haya adoptado una actitud favorable cuando se considere que era posible.

A la espera de su respuesta, le saluda atentamente,

El Defensor del Pueblo de Navarra

Nafarroako Arartekoa

Francisco Javier Enériz Olaechea