Compartir contenido
Obras Públicas y Servicios
Tema: El Auntamiento no se responsabiliza de una caida sugrida por el mal estado del pavimento
Exp: 10/900/O
Nº: 27
Obras Públicas
El día 1 de diciembre de 2011, doña [?] presentó un escrito de queja frente al Ayuntamiento de Pamplona, por no haber reconocido su responsabilidad por una caída, debida al mal estado del pavimento.
Exponía que el 20 de octubre de 2009 tropezó en un desnivel creado por la falta de numerosas baldosas en la Plaza de la Cruz. Su caída le produjo lesiones físicas que han requerido tratamiento médico prolongado.
Manifestaba que ha pedido en numerosas ocasiones al Ayuntamiento que le indemnice por los daños sufridos. La respuesta municipal siempre ha sido negar el nexo causal entre el estado del pavimento y la caída sufrida.
Añadía que el Ayuntamiento he reconocido implícitamente el mal estado del pavimento, pues lo ha renovado.
Terminaba solicitando que se revise su caso y que el Ayuntamiento se responsabilice de las consecuencias derivadas del mal estado del pavimento.
Examinada la queja, y a fin de determinar las posibilidades concretas de actuación de esta Institución, de conformidad con lo establecido en la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, reguladora de la misma, se solicitó la emisión de un informe sobre las cuestiones suscitadas al Ayuntamiento de Pamplona.
“El día 9 de abril de 2010, Dña [?] presentó escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial por caída en la vía pública, alegando que la causa de la caída fue el mal estado de la acera en la Plaza de la Cruz.
En fecha 14 de abril de 2010, se inicia el procedimiento .de reclamación de responsabilidad patrimonial, se requiere a la interesada la presentación de la documentación necesaria para la resolución del procedimiento y se le informa del plazo para tramitar y resolver el expediente, así como de los efectos del silencio administrativo y de los recursos que cabe interponer frente a la resolución administrativa.
En fecha 21 de abril de 2010 emite informe la I.T.O.P. Responsable del Servicio de Obras en el que indica:" En primer lugar, se repara al año más de 9.000 m2 de baldosa por toda la ciudad tan solo con el Contrato de Conservación Urbana, de los cuales más de 2.000 m2 corresponde a12° Ensanche. Además, con las obras del F.E.I.L. del año pasado todavía han sido muchas más las baldosas reparadas, por lo que se puede considerar que el estado de conservación es bastante aceptable. Por otro lado, en la Plaza de la Cruz se prevé llevar a cabo una actuación integral de la misma, por lo que de momento no se hacen grandes reparaciones en ella y las ausencias de baldosa se cubren de mortero para evitar los huecos que dejan las mismas. En concreto, en el parche de mortero donde se produjo el accidente (el de la fotografía), hay un pequeño desnivel de 1 cm., el cual no está catalogado por las Asociaciones de Disminuidos Físicos como peligro latente para personas con movilidad normal."
El 4 de junio de 2010 se vuelve a requerir a la interesada para que aporte testigos presenciales, copia D.N.I. y cuantificación económica que pretende. Requerimiento que fue cumplimentado por la interesada.
El día 29 de junio de 2010 se dio traslado a la interesada de los informes obrantes en el .expedientes para que alegara 10 que a su derecho conviniera. Tras emitir la letrada del Área de Hacienda Local informe jurídico, se dictó resolución de la Dirección del Área de Hacienda Local de fecha 21 de octubre de 2010 que desestimaba la reclamación por no concurrir relación de causalidad entre el evento dañoso y el funcionamiento de un servicio público municipal y ello en base a los motivos siguientes: El desnivel que presenta el parche de mortero no se considera relevante para entender existente la requerida relación de causalidad pues no se estima idóneo para provocar la caída, atendiendo a factores de adecuación, y la minina diligencia y atención que es exigible para deambular por la vía pública los peatones y el estándar de eficacia que es exigible a los servicios municipales de conservación.
A la interesada se le notificó la anterior resolución el día 5 de noviembre de 2010 y se le informó de los recursos que contra la misma proceden, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. A fecha de hoy, no consta a este Ayuntamiento que la interesada haya interpuesto recurso administrativo o judicial contra la citada resolución.
En consecuencia, y como se desprende de los antecedentes, la resolución desestimatoria de la reclamación interpuesta por Dª [?] se ha ajustado a las prescripciones legales, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”.
El art. 106.2 de la Constitución establece que los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en su cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
En desarrollo del precepto constitucional, el art. 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, reitera el reconocimiento del derecho, precisando que el mismo nacerá siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
El sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública diseñado por el constituyente y el legislador es de naturaleza objetiva. De este modo, el fundamento del mismo está en la protección y garantía del patrimonio de la víctima, preservado frente a todo daño no buscado, no querido, y que el afectado no tenga el deber jurídico de soportar, siempre que resulte de la acción administrativa. La responsabilidad de la Administración tiende a cubrir toda lesión sufrida como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, entendida esta expresión al margen de cuál sea el grado de voluntariedad e incluso de la previsión del agente, aun cuando la acción originaria sea ejercida legalmente y aun cuando aparezca encuadrada al margen de todo funcionamiento irregular, prescindiendo en absoluto de la licitud o ilicitud del acto originador de la lesión resarcible (por todas, Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 1997).
Como reitera la jurisprudencia, basta la existencia de un resultado dañoso que cause un perjuicio efectivo, evaluable económicamente e individualizado respecto a una persona o grupo de personas, para que surja la obligación de indemnizar, sin que se requiera otro requisito que la relación de causalidad entre el acto y el daño, al margen de la regularidad o no del actuar de la Administración.
Se trata, por tanto, de una responsabilidad objetiva o “de resultado”, en la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal. Basta para declararla, como se ha dicho, que, como consecuencia directa de aquélla, se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, que no se tenga el deber jurídico de soportar.
La carga de la prueba de los hechos necesarios para que exista responsabilidad corresponde a quien reclama la indemnización; y, en cambio, corre a cargo de la Administración la prueba del correcto funcionamiento del servicio o de la existencia de fuerza mayor o de circunstancias demostrativas de la existencia de dolo o negligencia de la víctima suficientes para considerar roto el nexo de causalidad.
La cuestión que ha de analizarse, y la que determinó la denegación de la reclamación, es la concurrencia o no de la necesaria relación de causalidad entre el servicio público y el daño producido. El Ayuntamiento de Pamplona niega tal relación. Entiende que la misma no fue acreditada por la reclamante, y señala que no concurre relación de causalidad entre el evento dañoso y el funcionamiento de un servicio público municipal y ello en base a los motivos siguientes: El desnivel que presenta el parche de mortero no se considera relevante para entender existente la requerida relación de causalidad pues no se estima idóneo para provocar la caída, atendiendo a factores de adecuación, y la minina diligencia y atención que es exigible para deambular por la vía pública los peatones y el estándar de eficacia que es exigible a los servicios municipales de conservación
.
Para decidir acerca de la existencia del nexo causal, la jurisprudencia maneja dos teorías. La primera de ellas llevaría a tener en cuenta todos los hechos o condiciones que, de uno u otro modo, contribuyan a la producción del resultado final del daño (teoría de la equivalencia de las condiciones). La segunda, afirma que para que un hecho merezca ser considerado como causa del daño es preciso que sea en sí mismo idóneo para producirlo según la experiencia común, es decir, que tenga una especial aptitud para producir el efecto lesivo (teoría de la causalidad adecuada). Ante la dificultad que presenta la obtención de conclusiones fehacientes e indiscutidas, una y otra teoría son utilizadas de forma conjunta, con la finalidad de obtener un resultado aceptable en términos de justicia, según conceptos de valor generalmente admitidos.
Consta en el expediente tramitado al efecto, el informe realizado por el Servicio de Obras del Ayuntamiento que expone el parche de mortero donde se produjo el accidente hay un pequeño desnivel de 1 cm…
A la vista de estos informes, no puede entenderse roto el nexo causal imputando a la lesionada falta de diligencia o de atención en su deambular por la calle. Con tal argumento, siempre vería minorada su responsabilidad patrimonial una Administración Local por los daños generados por las deficiencias en la pavimentación de una vía pública.
En efecto, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ya ha declarado, en sentencia de 18 de junio de 2002 (JUR 2002, 232401), que los obstáculos a la normal deambulación no cabe que sean permitidos, a menos que se señalicen adecuadamente o se adopten medidas pertinentes para la prevención así como la conservación en buen estado que permita ese normal desenvolvimiento y el cumplimiento de su finalidad. Esta falta de atención o cuidado en el mantenimiento de las condiciones mínimas y elementales de seguridad en las calles y paseos públicos locales, ya ha sido apreciada por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTS 10 de noviembre de 1994 [RJ 1994, 8749] y de 22 de diciembre de 1994 [RJ 1994, 10703]), como constitutiva de responsabilidad patrimonial de la Administración
.
Este mismo Tribunal, en sentencia de 20 de abril de 2001 (RJCA 2001, 914), ha dicho que: "Así, dentro de los servicios públicos municipales está el de conservar en estado de uso seguro las vías públicas (art. 25 de la Ley de Bases de Régimen Local [RCL 1985, 799, 1372 y ApNDL 205] ), por lo que ha de reputarse que la lesión es atribuible al servicio público municipal, y esta relación de causa a efecto no puede verse enervada por la supuesta omisión de un cuidado en el ciudadano usuario, pues éste al deambular por la calzada debe extremar el celo en orden a la circulación de vehículos, existencia de obstáculos o de otros peatones, pero no es exigible que verifique la regularidad de la calzada, ya que la misma se presume apta y en perfecto estado de conservación.
El Ayuntamiento se encuentra obligado inexcusablemente a mantener las vías públicas abiertas a la circulación peatonal y viaria, y tales vías deben encontrarse en condiciones tales de mantenimiento para su fin específico que la seguridad de quienes las utilizan se halle normalmente garantizada.
Por consiguiente, los obstáculos a la normal circulación, sea peatonal o de vehículos, no cabe que sean permitidos, a menos que se señalicen adecuadamente o se adopten medidas pertinentes para la prevención. (...) En el presente caso no cabe, por lo demás, apreciar negligencia alguna por parte de la demandante, que al efectuar un deambular ordinario, parte de la confianza de la existencia de la calzada en condiciones normales y adecuadas de conservación, sin que, como se ha expresado le sea exigible que verifique la regularidad de la calzada, que ha de presumirse que se encuentra en condiciones idóneas para el fin propio de la misma".
Tras el análisis de los datos y documentos aportados, esta Institución considera que el accidente con resultado dañoso se debió a una situación anormal del estado de la vía pública, y quien debe ser diligente en suprimir los obstáculos es el Ayuntamiento. Así lo establece el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local: el Municipio ejercerá competencias en materia de pavimentación de vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales
.
El Ayuntamiento se encuentra obligado a mantener las vías públicas abiertas a la circulación peatonal, y tales vías deben encontrarse en condiciones razonables de mantenimiento para su fin específico, de modo que la seguridad de quienes las utilizan se halle normalmente garantizada.
En definitiva, ya sea como causa del resultado producido (esguince de tobillo), ya sea por el análisis de factores sin cuya concurrencia no se hubiera producido el resultado (existencia de un parche de mortero con un desnivel de 1 cm.), queda claro que, al existir una deficiente conservación de la calzada, por causa del comportamiento omisivo del Ayuntamiento en la conservación, ha existido un anormal funcionamiento del servicio público.
De otro lado, no ha quedado acreditado un comportamiento negligente de la victima que haya roto el nexo causal.
Por todo lo anterior, y de conformidad con el artículo 34.1 de la Ley Foral reguladora de la Institución,
Recomendar al Ayuntamiento de Pamplona que asuma la responsabilidad en el caso y otorgue a la victima la indemnización procedente.
Conceder un plazo de dos meses al Ayuntamiento de Pamplona para que informe sobre la aceptación de esta recomendación y de las medidas a adoptar al respecto, o, en su caso, de las razones que estime para no aceptarla, con la advertencia de que de no hacerlo así, incluiremos el caso en el informe anual al Parlamento de Navarra en los términos previstos en el apartado segundo del citado precepto legal.
El Defensor del Pueblo de Navarra
Francisco Javier Enériz Olaechea
Compartir contenido