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Euskera
Tema: En recepción del Palacio del Condestable no se le atendió en euskera
Exp: 09/613/C
Nº: 219
Bilingüísmo
Con fecha 17 de septiembre de 2009, tuvo entrada un escrito, suscrito por don [?], Director de [?], por el que formulaba una queja frente al Ayuntamiento de Pamplona.
Exponía que el 14 de mayo, no pudo ser atendido en euskera por parte del trabajador que se encontraba en la recepción del Palacio del Condestable
Con fecha de 28 de octubre de 2009, se recibió el informe de la Sra. Concejal Delegada de Hacienda Local, Comercio, Turismo e Igualdad, Tercera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento, cuyo tenor literal es como sigue:
“Señala el artículo 7º de la ordenanza municipal sobre el vascuence: “A los ciudadanos que se dirijan oralmente a la Administración en vascuence, se les atenderá en esta lengua. El Ayuntamiento adoptará las medidas oportunas para alcanzar dicho objetivo”.
A este respecto informo que Civivox se plantea como objetivo hacer efectiva la atención oral en vascuence en estos equipamientos y que el Ayuntamiento de Pamplona trabaja para hacer posible su consecución”.
La Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, reguladora del uso del vascuence, incorpora como objetivos calificados de “esenciales” (artículo 1) y que, por lo tanto, son los que deben asegurar todos los poderes y Administraciones públicas en Navarra, los siguientes: a) amparar el derecho de los ciudadanos a conocer y usar el vascuence y definir los instrumentos para hacerlo efectivo; b) proteger la recuperación y el desarrollo del vascuence en Navarra, señalando las medidas para el fomento de su uso.
El artículo 17 de la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, del uso del vascuence, reconoce el derecho de todos los ciudadanos a usar en la zona mixta tanto el vascuence como el castellano para dirigirse a las Administraciones Públicas de Navarra. Por tanto, todo ciudadano tiene legalmente derecho a dirigirse en vascuence a la recepción del Palacio del Condestable, dependiente del Ayuntamiento de Pamplona, sita en la zona mixta, sin que la Administración pueda desconocer ese derecho.
Si el funcionario o empleado que le atiende no conoce la lengua, el deber de la Administración es contar con el necesario traductor en la relación oral que se establezca. Lo que no puede hacer es negar al ciudadano su derecho a dirigirse en vascuence, pues ello conllevaría una vulneración de lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre.
El Ayuntamiento de Pamplona, en el ejercicio de su potestad de autoorganización, dispone de un amplio margen de decisión respecto a la forma y medios complementarios a implementar para hacer efectivo el derecho ciudadano a usar el vascuence en sus relaciones orales con los servicios con sede en el término municipal. La dotación de los medios materiales y personales es una cuestión que compete decidir a la propia Administración, pero que, en todo caso, debe optar por aquellos que sean necesarios y adecuados para garantizar la efectividad del derecho de los ciudadanos a utilizar el vascuence cuando así lo decidan.
En el presente caso, pretendiendo el ciudadano comunicarse en euskera con la recepción del Palacio del Condestable, la comunicación no pudo establecerse en dicha lengua, razón por la cual se lesionó su derecho. Producida tal vulneración, no podemos sino formular el pertinente recordatorio de deberes legales.
Por todo lo anterior, de conformidad con el artículo 34.1 de la Ley Foral reguladora de la Institución
Recordar al Ayuntamiento de Pamplona su deber legal de hacer efectivo el derecho de todos los ciudadanos a dirigirse en vascuence a las distintas dependencias del Ayuntamiento de Pamplona.
Conceder un plazo de dos meses al Ayuntamiento para que informe sobre la aceptación de este recordatorio de deberes legales o, en su caso, de las razones que estime para no aceptarlo, con la advertencia de que, de no hacerlo así, incluiré el caso en el informe anual que dirigiré al Parlamento de Navarra, en los términos previstos en el apartado segundo del citado artículo 34 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio.
El Defensor del Pueblo de Navarra
Francisco Javier Enériz Olaechea
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