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Transparencia y derecho a la información pública
Tema: Falta de contestación a las solicitudes presentadas por un ciudadano
Exp: 08/342/D
Nº: 154
Impulso de Derechos
Con fecha 11 de julio de 2008, tuvo entrada en esta Institución un escrito presentado por don [?], en el que formulaba una queja frente a la actuación del Ayuntamiento de Etxarri Aranaz.
Exponía que, el pasado 27 de febrero, presentó en el Ayuntamiento cuatro solicitudes referentes a la práctica de la liquidación definitiva del I.C.I.O. por licencias nº 106/2002, 87/2004, 90/2003 y 81/2006, concedidas, respectivamente, a don [?], don [?], don [?] y [?].
Sin embargo, cuatro meses después, no se le han notificado las resoluciones que debieron adoptarse a tal efecto.
Con fecha 14 de julio del año en curso, se solicitó a la Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento información relacionada con la queja planteada en esta Institución por don [?], registrada con el número de referencia arriba indicado.
Con fecha 12 de septiembre de 2008 se reiteró la petición de información. Esta petición tampoco ha sido contestada en el plazo concedido.
La cuestión expuesta por el interesado es la falta de contestación a las instancias dirigidas al Ayuntamiento referentes a la práctica de liquidación definitiva del I.C.I.O.
Se configura como esencial del procedimiento administrativo común, la obligación de cualquier Administración pública de resolver expresamente cuantas solicitudes se le formulen por los interesados (artículos 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). De ello, resulta que el ciudadano, ante una solicitud cursada a una Administración, tiene el derecho a que se incoe el correspondiente procedimiento y se le dé puntual respuesta sobre el contenido de su solicitud.
La normativa expuesta impone a la Administración una verdadera obligación de resolver las solicitudes que le planteen los interesados, constituyendo tal deber una auténtica garantía para el ciudadano. La propia Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común ni siquiera exime a la Administración del cumplimiento de esta obligación en los casos en que haya vencido el plazo para dictar resolución expresa (artículo 43.2). Ello permite extraer dos importantes consecuencias: la primera, que el silencio administrativo, que es lo generado en este caso, no es más que el reflejo del incumplimiento de una obligación impuesta ex lege a la Administración; la segunda, que ésta sigue estando obligada a resolver la petición formulada aun después de transcurrido el plazo fijado para la resolución expresa.
En el caso objeto de la queja, el Ayuntamiento de Etxarri Aranatz no ha contestado a las solicitudes formuladas por el interesado, ni declarando su inadmisibilidad, ni admitiéndolas a trámite para su posterior resolución expresa estimatoria o desestimatoria en cuanto al fondo con la debida motivación.
En definitiva, el Ayuntamiento de Etxarri Aranatz no dio ningún trámite a los escritos con desconocimiento del legítimo interés y derecho del interesado a instar y obtener de la Administración una respuesta expresa a su petición.
El art. 26 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra dispone que "todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Foral están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo en sus investigaciones e inspecciones".
Esta obligación de colaboración de todas las autoridades o funcionarios públicos con la Institución, no es meramente teórica, dado que de su incumplimiento se derivan graves consecuencias.
El incumplimiento del deber de colaboración con el Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, los retrasos injustificados en la remisión de información, la falta de justificación de las actuaciones y, en definitiva, cualquier otra actuación, que suponga una mala práctica en las relaciones institucionales, no hace sino mermar el derecho de los ciudadanos a hacer uso de esta Institución Parlamentaria con agilidad y eficacia y vulnera el ordenamiento jurídico.
En cuanto a las consecuencias que, en el ámbito administrativo, tiene el incumplimiento del deber de colaboración, el artículo 24.2 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra señala: "la actitud negativa o negligente del personal al servicio de las Administraciones Públicas al envío del informe inicial o documentación solicitados o al acceso a éstos podrá ser considerada por el Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra como hostil o entorpecedora de sus funciones, haciéndola pública de inmediato y destacando tal calificación en su informe anual o especial al Parlamento de Navarra".
Por todo lo anterior, de conformidad con el artículo 34.1 de la Ley Foral reguladora de esta Institución
Que el hecho determinante de la queja ha lesionado el derecho del interesado a la resolución expresa de las solicitudes cursadas.
Recordar al Ayuntamiento de Etxarri Aranatz su deber legal de dar cumplimiento generalizado al artículo 42 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Recordar al Ayuntamiento de Etxarri Aranatz su deber legal de dar cumplimiento generalizado a lo establecido en arts. 24.1 y 26.1 de la Ley 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, de colaboración y auxilio preferente con la Institución del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra.
Conceder un plazo de dos meses a la Sra. Alcaldesa de Etxari Aranatz para que notifique a esta Institución si adopta medidas adecuadas en el sentido expuesto o informe de las razones para no hacerlo, con la advertencia de que de no hacerlo así, incluiré este extremo en el informe anual relativo al ejercicio 2008 que presentaré al Parlamento de Navarra.
Destacar la actitud no colaboradora del Ayuntamiento de Etxarri Aranatz al envío del informe inicial solicitado, a efectos de su inclusión en el informe anual del ejercicio 2008, que habré de exponer ante el Parlamento de Navarra, y de no contestar a esta Institución, advertirle de su inclusión en el Registro de Administraciones y Entidades no colaboradoras con la Institución creado por Resolución 43/2007, de 9 de noviembre, del Defensor del Pueblo de Navarra (BOP nº 34 de noviembre de 2007) y publicar dicha inclusión en la página web de la Institución, con mención expresa de los nombres de la Sra. Alcaldesa y del Sr. Secretario, así como de cuantas otras personas sean responsables.
El Defensor del Pueblo de Navarra
Francisco Javier Enériz Olaechea
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