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La preocupación por la integración laboral de las personas discapacitadas compartida por todos los Defensores del Pueblo y las quejas recibidas sobre esta importante cuestión han aconsejado a Mª Jesús Aranda, Defensora del Pueblo, la realización de una "Recomendación General sobre el acceso de los discapacitados al empleo público en Navarra".

Para analizar la situación existente se solicitó información a los Departamentos del Gobierno de Navarra con competencias en materia de selección de personal (Presidencia, Educación y Sanidad) así como a los ocho ayuntamientos navarros de más de 10.000 habitantes (Pamplona, Tudela, Estella, Tafalla, Barañain, Burlada, Zizur Mayor, y Villava)

La información solicitada se centrón en el número y porcentaje del personal que tiene la condición de discapacitado y en el modo en que se viene aplicando la normativa vigente, que obliga a las Administraciones Públicas a reservar para este colectivo un 5% de las plazas en los procesos de acceso a puestos de trabajo.

Porcentaje de plazas ofertadas, convocadas y finalmente cubiertas por discapacitados

* No se han culminado aún todos los procesos de convocatoria.

De los datos aportados se han extraído las siguientes conclusiones:

• Por lo que se refiere al cumplimiento de la reserva del 5% los datos aportados demuestran que el cumplimiento de esta norma es más formal que real. El propio Departamento de Presidencia cifra en 55 el número de personas discapacitadas que han ingresado en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos desde el año 1.990, es decir una media de entre tres y cuatro personas por año en estos últimos quince años..
• La reserva de plazas se viene aplicando solo respecto a las plazas que se convocan en propiedad quedando al margen las referidas a contratación temporal o interina, etc.
• Por la propia dinámica del funcionamiento de las Ofertas Públicas de Empleo solamente algo más de la mitad de las plazas inicialmente destinadas a personas con discapacidad se han llegado a convocar realmente.
• Ni la tercera parte de las plazas convocadas específicamente para este colectivo se llegaron a cubrir finalmente tras la realización de la correspondiente convocatoria y proceso selectivo.
• En consecuencia si relacionamos el total de plazas finalmente cubiertas con el total de plazas que forman parte de las Ofertas de Empleo Público constatamos que en el mejor de los supuestos vienen a representar el 1% en el Gobierno de Navarra y el 0,6% en los Ayuntamientos. (En el mejor año esta cifra no ha superado el 2,5% en el Gobierno)
• El actual sistema de adaptación de medios y tiempos en los diferentes procesos y pruebas selectivas es muy insuficiente y constituye de hecho una barrera infranqueable para muchas de las personas con discapacidad física o sensorial y para la práctica totalidad de personas afectadas por una discapacidad intelectual, que ni siquiera tienen la opción de presentarse a las plazas reservadas para discapacitados.
• En Navarra no está definido el porcentaje mínimo de empleados públicos que han de ser trabajadores discapacitados, sin embargo a nivel estatal y en la mayoría de las comunidades autónomas si está establecido y debe alcanzar al menos el 2 % del total de la platilla. En relación con este dato el Departamento de Presidencia y el de Educación manifiestan desconocer el número y porcentaje de su plantilla cubierto en la actualidad por personas con una minusvalía en tanto que Salud estima que supone el 1% del personal de su Departamento. En el conjunto de los Ayuntamientos encuestados el porcentaje es inferior al 0,6 %.

RECOMENDACIONES

A la luz de lo expuesto la Defensora del Pueblo ha realizado un total de diez Recomendaciones que ha contrastado con las Asociaciones de Discapacitados y ha trasladado personalmente al Consejero de Presidencia y remitido por escrito a todas las instituciones implicadas.

De entre las recomendaciones realizadas destacamos por su importancia las siguientes:

• Que se defina el porcentaje mínimo de empleados públicos que ha de ser trabajador discapacitado.
• Que todas las Administraciones Públicas de Navarra cumplan estrictamente la normativa de reserva de plazas en todos los tipos de procedimientos y convocatorias de selección de personal, y que se extienda a todo tipo de plazas: en propiedad, contratos temporales o interinos, etc.
• Que se exija y compruebe el efectivo cumplimiento de esta obligación legal también en todos los organismos dependientes de la Administración, incluidas las empresas públicas y las de capital público mayoritario.
• Que se estudie la conveniencia de crear una bolsa de empleo temporal específica para estas personas en aquellas categorías o puestos de trabajo más numerosas, y previa constatación de su compatibilidad funcional.
• Que se estudien las modificaciones normativas precisas para que se puedan sustituir o modular ciertos requisitos o determinadas pruebas de selección por la acreditación fehaciente de la capacitación y efectiva compatibilidad funcional con las tareas concretas a realizar en el puesto de trabajo de que se trate: certificados de profesionalidad o idoneidad, acreditación de experiencia laboral, etc. Esta recomendación resulta especialmente relevante en el caso de personas afectadas por una discapacidad intelectual.
• Que, en colaboración con las asociaciones de discapacitados, se realice un estudio paralelo de los perfiles profesionales de los discapacitados demandantes de empleo y de los perfiles y requisitos realmente necesarios en los distintos puestos de trabajo a fin de adecuar a la realidad la oferta de plazas y los requisitos de acceso.

Mª Jesús Aranda entiende que las Administraciones Públicas han de jugar un papel ejemplarizante fundamental en la inclusión laboral de las personas con discapacidad, y recuerda que el Tribunal Constitucional ha avalado de manera reiterada la reserva de un porcentaje de plazas al considerar que la discapacidad supone una quiebra natural que requiere por tanto de medidas de discriminación positiva para restablecer la igualdad de oportunidades.