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El Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa, Patxi Vera, ha alertado de que una parte de la ciudadanía acude a su institución cuando ya se siente “al límite” en su relación con la administración pública, en busca de “ayuda y justicia” y con la sensación de que “nadie le escucha”. Así lo ha expuesto en una entrevista en el programa ‘Cara a Cara’ de Navarra Televisión, presentado por el periodista Roberto Cámara, en la que ha reclamado una administración “más cercana”, capaz de “escuchar más” y de reducir las barreras que, a su juicio, se han ido levantando con los años.
Vera ha explicado que el Defensor del Pueblo actúa en muchas ocasiones, como “último recurso”, especialmente cuando la ciudadanía no obtiene respuesta o considera que esta “no es de recibo”. Al mismo tiempo, ha subrayado que todavía hay personas que desconocen que pueden acudir a esta institución.
En ese sentido, ha señalado que el denominador común en muchas de las quejas no es solo la cuestión administrativa concreta, sino una vivencia más amplia: la de sentirse desatendido. “La gente viene pidiendo justicia porque no se me atiende, no me dan la razón, las cosas se alargan tremendamente…”, ha indicado, aludiendo también, a los problemas para acceder a servicios básicos por la extensión de la cita previa digital.
“La administración debería escuchar más y no poner tantas barreras”, ha insistido el Defensor que, a su vez, ha explicado la existencia de buenas prácticas ya implantadas en algunas oficinas del Gobierno de Navarra —con horarios ampliados, accesibilidad universal y atención sin cita previa como vía exclusiva—, pero que no están generalizadas.
Según ha señalado, el reto está en extender esos ejemplos al conjunto del sistema, especialmente en un contexto de creciente digitalización. Vera ha defendido que la administración debe avanzar “por delante” en lo digital, pero sin “olvidarse de mirar atrás”, porque existen colectivos que carecen de medios, competencias o recursos para relacionarse exclusivamente por vías telemáticas.
En cuanto a los asuntos que generan más reclamaciones, Patxi Vera ha relatado que hay tres grandes áreas que concentran tradicionalmente la mayoría de los casos: salud, derechos sociales y educación, por ser departamentos que interactúan directamente con la ciudadanía. A estas se suma con fuerza el tema de la vivienda, convertido en una de las principales preocupaciones sociales.
Sobre la vivienda, Vera ha advertido del deterioro progresivo que está normalizando situaciones que deberían ser “inaceptables”. Ha recordado que el derecho a la vivienda está reconocido en la Constitución, pero ha denunciado que “hay gente que está peleando por tener una habitación, no ya una vivienda”. En este sentido ha puesto como ejemplo casos de familias con menores que se ven obligadas a vivir en una sola estancia.
Además, ha planteado la posibilidad de que exista discriminación en el acceso al alquiler, cuando a personas con capacidad de pago se les niega el arrendamiento por su acento o por su origen, llegando a preguntarse si existe “racismo inmobiliario”.
Patxi Vera ha señalado que el problema de la vivienda no se resolverá con una sola medida, sino con una batería de actuaciones complementarias. En este ámbito, ha precisado que el Defensor no puede “entregar llaves”, pero sí puede comprobar que las personas están correctamente inscritas en los procedimientos de vivienda protegida, que su baremación es correcta y que la administración actúa con rigor.
En relación con el tema sanitario, el Defensor del Pueblo ha reconocido que las listas de espera siguen siendo un motivo habitual de queja. “No puede ser que una persona en determinada situación esté ocho meses esperando”, ha expuesto, al tiempo que ha señalado que su intervención puede contribuir a activar respuestas administrativas.
También ha animado a la ciudadanía a formalizar sus reclamaciones por vías oficiales y no limitarse al desahogo informal: “Nos quejamos mucho en el bar… pero eso es poco eficaz. La eficacia la dan los papeles”.
La entrevista también ha abordado el impacto de la despoblación y la desigualdad territorial. Vera ha señalado que, aunque la conectividad telemática ha mejorado notablemente, en el mundo rural persisten dificultades acumulativas: transporte, acceso a centros de salud, servicios educativos, opciones de ocio, etc. Esa suma de factores, ha explicado, empuja a muchas personas a abandonar sus pueblos.
En este sentido, ha defendido que la solución no es una actuación aislada, sino una estrategia sostenida en múltiples ámbitos, coherente con el objetivo institucional de fijar población en el territorio.
En relación con la migración, Vera ha indicado que las quejas han aumentado en los últimos años, no solo porque haya más problemas, sino porque el Defensor ha intensificado el contacto con entidades sociales y muchas personas han descubierto que podían acudir a la institución para cuestiones como el empadronamiento o las prestaciones sociales.
Ha descrito situaciones “muy duras”, especialmente en casos de personas que viven en asentamientos precarios, y ha advertido de que no se puede “mirar para otro lado” ante realidades de exclusión.
El Defensor ha confirmado que también llegan quejas relacionadas con los derechos lingüísticos, “aunque no representan un porcentaje elevado”.
Finalmente, ha agradecido el papel de los medios de comunicación para que más personas conozcan esta vía de defensa de derechos y se animen a utilizarla cuando sientan que la administración no les responde.
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