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Las centrales sindicales que promuevan la construcción de viviendas con algún tipo de protección oficial sobre suelo público transferido con este fin, deberían aplicar un baremo para la selección de las solicitudes que haya sido presentadas en demanda de dichas viviendas, cualquiera que sea la persona que la demande, según la recomendación que la Defensora del Pueblo de Navarra, María Jesús Aranda, ha remitido al Departamento de Vivienda a raíz de una queja presentada en este sentido ante dicha Institución.

Quien planteó su queja aifrmaba reunir las condiciones exigidas normativamente para poder acceder a una vivienda de VPO y en el caso de las viviendas promovidas por un sindicato presentó su solicitud en tiempo y forma y, posteriormente, le fue comunicado por carta que su solicitud no había sido seleccionada. Según le indicó un portavoz de este sindicato, las adjudicaciones se han efectuado por sorteo ante notario; sin embargo, manifiesta que en ningún momento se hizo pública la fecha en la que se iba a llevar a cabo, lo que ha impedido que los solicitantes que así lo desearan pudieran estar presentes en dicho acto y comprobar su regularidad.

En el caso de las viviendas de otro sindicato la queja indica que ni siquiera se llevó a cabo un sorteo, ya que al solicitar información en la sede del mismo, se le comunicó que ya se habían adjudicado los pisos empleando una lista interna de solicitantes. Según indica en dicho escrito de queja, en ningún momento se había hecho pública la posibilidad de apuntarse a dicha lista.

Por estos motivos, en la queja se plantea la disconformidad con la forma en que se han llevado a cabo las adjudicaciones en dichas promociones, ya que se considera que les falta transparencia y publicidad, motivo por el que quienes plantean la queja acudieron a la Institución de la Defensora del Pueblo, desde la cual se dirigió un escrito al Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda solicitando información sobre la cuestión planteada.