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Los diez Defensores del Pueblo, el de España y los nueve existentes de las Comunidades Autónomas, entre ellos el Defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz Olaechea, han elaborado conjuntamente un estudio sobre las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud y los derechos y garantías de los pacientes.
Dicho estudio se ha presentado el 26 de enero de 2015 en la sede del Defensor del Pueblo de España, en Madrid, a los medios de comunicación.
El documento cuenta con cuarenta conclusiones.
Entre las conclusiones, se destaca que los profesionales sanitarios encargados de los servicios de urgencias en los hospitales no son suficientes y que esa insuficiencia hace que los médicos internos residentes asuman un grado excesivo de responsabilidad en la actividad asistencial.
También se pone de manifiesto que la atención urgente encierra dificultades importantes que deben atenderse, entre ellas, la saturación del servicio. Pero la solución a esta congestión no radica en exclusiva en la ampliación de los espacios físicos. No resuelven el problema si no van acompañados de cambios en la organización y en la gestión
, señaló el Defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz.
El informe señala que los profesionales tienen experiencia para prever esos picos de atención, con lo que podría actuarse ante esas situaciones, que las Administraciones muchas veces califican de imprevisibles.
La sobrecarga puede suponer un deterioro de la dignidad e intimidad de los pacientes, situación que se produce en muchos casos y se debe a la estructura física y funcional de los servicios de urgencia, las frecuentes situaciones de saturación de estos servicios y la todavía insuficiente cultura de respeto a la privacidad del medio hospitalario.
También preocupa la atención adecuada a las personas más vulnerables de la sociedad. El estudio apunta que la continuidad asistencial de personas sin hogar o de inmigrantes en situación irregular no está garantizada. Así, se señaló en la presentación a medidas concretas (como exigir compromisos de pago o emitir facturas) que deterioran la asistencia a las personas inmigrantes y que la atención médica debe prolongarse más allá del alta formal en la atención urgente.
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