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Los defensores del pueblo de las comunidades autónomas, reunidos el 2 de febrero en Vitoria-Gasteiz, han hecho pública una declaración en el que, de forma unánime, muestran su consternación ante la gravísima crisis humanitaria que afecta a los solicitantes de asilo y refugio en Europa mientras se tramitan con cuentagotas los procedimientos de acogida en los Estados miembros de la Unión Europea.
Haciéndose eco de la reivindicación de las organizaciones sociales y de parte importante de la población civil de sus respectivas comunidades autónomas, los defensores apelan a las instituciones implicadas en la gestión de esta crisis para que se arbitren, sin dilación, medidas destinadas a proteger eficazmente la vida, la integridad, los derechos y la dignidad de cientos de miles de hombres, mujeres y niños, obligados a huir de sus países de origen, inmersos en conflictos devastadores, y que son merecedores de protección internacional.
Deploran el escaso cumplimiento de los compromisos relativos a la reubicación y reasentamiento de personas refugiadas por parte de los Estados miembros de la UE y en particular por España, lo que ha impedido que las CCAA hayan podido cumplir hasta hoy sus funciones en la acogida de las personas solicitantes de refugio.
Los defensores autonómicos constatan que la cuestión de los refugiados es un asunto de ámbito europeo que afecta no solo directamente a todos los Estados miembros de la UE, sino también a las CCAA del Estado español.
Consideran, además, que la excepcionalidad, urgencia y gravedad de la crisis humanitaria, hacen necesario superar el actual sistema de acogida, lento e ineficaz, favoreciendo mecanismos de coordinación territorial entre la administración central y las de las comunidades autónomas, que posibiliten una gestión capaz de dar respuesta a la magnitud del problema.
Para los defensores es indispensable proceder a una evaluación de los motivos por los que no se ha podido ofrecer acogida hasta ahora a los solicitantes de refugio y de protección subsidiaria humanitaria en Europa, y llaman a diseñar otras estrategias extraordinarias para hacer frente al cataclismo humanitario al que se está enfrentando Europa.
Firman el escrito: El defensor del pueblo de Andalucía, el síndic de greuges de Catalunya, la valedora do pobo de Galicia, el diputado del común de Canarias, el ararteko, el justicia de Aragón, el síndic de greuges de la Comunitat Valenciana, el procurador del común de Castilla y León y el defensor del pueblo-ararteko de Navarra.
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