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La Defensora del Pueblo de Navarra, María Jesús Aranda, pronunciará hoy la Conferencia inaugural del II Congreso Estatal que bajo el título global "Atención y Participación social: Una Proyección de lo particular a lo social. Inquietudes y propuestas" se celebra a partir de hoy y hasta el día 1 de marzo en la localidad murciana de Archena.

María Jesús Aranda centrará su intervención en la recuperación del Derecho social en los servicios públicos, la extensión del concepto de derecho universal a los citados servicios sociales y la responsabilidad estatal en el mantenimiento de dichos servicios, no como caridad pública para una minoría sino como un problema de responsabilidad colectiva en un Estado moderno y democrático.

La Defensora del Pueblo incide en que las transformaciones sociales que se han experimentado y las transferencias en Bienestar Social a las Comunidades Autónomas no deben hacer perder la perspectiva, la dedicación social de los servicios públicos sobre todo para colectivos cuyos derechos son más vulnerables, como inmigrantes o discapacitados, con especial consideración especial de los enfermos mentales.

Respecto de las privatizaciones de los servicios sociales, la Defensora del Pueblo afirma en su conferencia que dichas privatizaciones no deben estar fundamentadas en el carácter deficitario de dichos servicios sociales. Cuando ésta es la razón de su privatización, afirma la Defensora del Pueblo, a veces es por la falta de gestores eficaces y a veces por el deseo de que terceros conviertan en un negocio particular el objeto público de dichos servicios sociales.

La Defensora del Pueblo recordó asimismo que en las XVII Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo de España que tuvieron lugar en Pamplona en octubre pasado los Defensores del Pueblo manifestaron su voluntad de permanecer atentos para que cualquier privatización de servicios públicos y sociales no produzca un menoscabo de los derechos constitucionales de los ciudadanos.

María Jesús Aranda, señala que "nos encontramos en un momento histórico respecto de los servicios sociales", por la necesidad de elaborar un nuevo modelo de servicios adecuados a una nueva población, por la responsabilidad de las administraciones de poner en marcha y por comprobar si "las administraciones están dispuestas a realizar ese ejercicio de análisis, planificación y concertación social".