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La Defensora del Pueblo de Navarra, María Jesús Aranda, hizo entrega esta mañana al presidente del Parlamento, don José Luis Castejón, del primer Informe Anual de la Institución, correspondiente al año 2001.
Un total de 300 páginas y tres anexos recogen las principales líneas de la actividad desarrollada por la Institución durante su primer año de existencia, desde su puesta en marcha a partir del 3 de marzo de 2001. El Informe Anual 2001 incluye una valoración de la Institución sobre esa actividad y sus relaciones con las administraciones públicas presentes en Navarra, un resumen de las principales quejas planteas por los ciudadanos, su análisis y resoluciones, y un resumen estadístico sobre la actividad de la Oficina de Atención Directa al Ciudadano, procedencia y materia a que se refieren las quejas y Administración afectada.
El Informe destaca en su inicio el ejercicio de equilibrio puesto en práctica entre los medios disponibles por la Institución en cuanto a recursos humanos, dependencias y medios técnicos y la perspectiva del trabajo encomendado por el Parlamento. Un equilibrio que ha procurado superar esa limitación con la capacidad y la voluntad de la Institución por el análisis del respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos en nuestra Comunidad y valorar el carácter de la relación de las administraciones públicas con los administrados. En opinión de la Defensora del Pueblo, es evidente que los objetivos marcados por el legislador en la Ley 4/2000 de 3 de julio y la respuesta/demanda sobre la Institución por parte de los ciudadanos, han superado con creces los criterios políticos sobre los que se basó el arranque inicial de la Institución. La experiencia de 2001 y la expectativa generada supone, en su opinión "el germen más positivo que podríamos imaginar el día siguiente a mi toma de posesión, en marzo de 2001".
El Informe Anual 2001 ha sido planteado como una herramienta que la Institución construye para el trabajo futuro del Parlamento dado que dichos informes, en todas las instituciones afines, constituyen la base "sobre la que soportar el análisis y el diálogo entre quienes tenemos la responsabilidad, encomendada por el Parlamento, de velar por los derechos y libertades de los ciudadanos, y el Parlamento mismo, como representación de los intereses sociales, culturales y políticos de esos ciudadanos".
En su presentación, la Defensora del Pueblo muestra su preocupación inicial por el desarrollo de este trabajo posterior que el informe abre y recuerda el nivel de debate existente en el seno de las organizaciones homónimas o afines de toda España y el propio Ombudsman de la Unión Europea en torno al fin mismo de estos Informes Anual.
El valor principal de este Informe radica en su capacidad de orientación sobre el estado de los derechos y libertades ciudadanas en el país o comunidad a que se refiere su contenido. El valor de las resoluciones, recomendaciones, recordatorios de obligaciones legales o advertencias hechas desde las Instituciones del Defensor del Pueblo, supera el marco político en que se desenvuelve la actividad parlamentaria y ahí radica la independencia del criterio aplicado. Y servirán para conocer la capacidad desarrollada por la Institución para poner en práctica su principal método de trabajo generador de confianza: la convicción. Y en este sentido recuerda que, en el conjunto de las Instituciones afines, el grado de aceptación de las administraciones a partir de las recomendaciones efectuadas por la Institución del defensor del Pueblo oscila entre el 80% y el 90% de los expedientes.
Sobre la experiencia del primer año de vigencia de la Institución, el Informe señala que su puesta en marcha, diecinueve años después de la aprobación de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), supone una adecuación de nuestra realidad institucional a los nuevos esquemas de funcionamiento democrático, un paso más en la profundización democrática de las instituciones navarras. "Pero el arranque de la Institución en la puerta misma del vigésimo aniversario de la LORAFNA -indica- nos recuerda, una vez más, que los cambios, incluso los que avanzan hacia la mayor democracia, en Navarra siempre han sido lentos. La puesta en marcha de esta Institución en el 2001 cierra el marco institucional de la Comunidad y viene a representar un nuevo ajuste en la convivencia de las diferentes instituciones, entre las nuevas y las más antiguas. Este nuevo escenario institucional exige un desarrollo lento y lenta ha de ser, forzosamente, la fijación final del espacio que cada institución ocupa y el asentamiento de la relación entre ellas".
No obstante, el Informe destaca un importante nivel de colaboración entre las diferentes instituciones y confía en que "el esfuerzo realizado en este sentido durante 2001 continúe en los próximos años, hasta alcanzar las cotas de normalización que se dan en otras comunidades y países, a los que el tiempo les ha hecho ver que, además de una decisión valiente, la existencia de la Institución del Defensor del Pueblo es conveniente para el fortalecimiento de la democracia diaria que se sirve a través de las administraciones públicas y útil para éstas". La Defensora muestra su satisfacción.
Por el marco de relación conseguido en este ámbito con las administraciones, aunque muestra su preocupación por "el tiempo que se necesitará para consolidar una percepción clara de las funciones que nosotros hemos de desarrollar en ese marco".
El primer Informe Anual recoge las razones que motivaron el Informe Especial al Parlamento sobre "La Inmigración en la Ribera de Navarra" y el comienzo de otros dos, que finalizarán en el 2002, referidos a la atención y derechos de las personas mayores en las residencias de la tercera edad y la atención a los enfermos mentales por parte de la Administración Foral.
En cuanto a la supervisión de la actividad de las Administraciones Públicas, la Defensora del Pueblo tramitó durante 2001 un total de 318 quejas, de las cuales 119 están referidas al Gobierno de Navarra y 116 a entidades locales (Ayuntamientos, Concejos y Mancomunidades) de la Comunidad foral.
Fueron rechazadas 38 quejas, bien porque representaban un conflicto entre particulares (17), porque habían sido planteadas en vía judicial (7), por haber transcurrido más de un año desde que se produjeron los hechos que motivaron la queja (6), porque no respondían al ámbito de competencias de la Institución (6) o porque era evidente que no existía irregularidad alguna (6).
A otros Defensores del Pueblo fueron remitidas 36 quejas , estando pendiente de trámite a 31 de diciembre un total de 104. El total de expedientes de queja finalizados en la Institución durante 2001 fue de 125.
Un aspecto común observado en todas los apartados o materias en que se realizó la actividad supervisora es el importante número de quejas presentadas que tienen por objeto poner de manifiesto la no contestación de los diferentes escritos presentados por los administrados ante distintas Administraciones públicas.
La técnica del silencio administrativo, que es instituida en nuestro ordenamiento jurídico como garantía del administrado, se vuelve en su contra y es un factor de inseguridad para los ciudadanos que, en muchos casos, no saben a qué atenerse ante la falta de contestación de la Administración a su solicitudes. En este sentido, se señala que las sucesivas reformas efectuadas en nuestra legislación, destinadas a acentuar ese deber de la Administración de dar contestación a cuantas solicitudes y escritos recibe, no han conseguido todavía los objetivos marcados a la vista de la realidad cotidiana, a pesar de que dicha legislación delimita incluso las responsabilidades para los casos de incumplimiento.
El Informe de la Defensora recuerda que el incumplimiento del deber de contestar no sólo representa una conculcación del principio de legalidad, sino que incide de forma negativa en el respeto al derecho a la tutela judicial efectiva de los administrados consagrado constitucionalmente en el art. 24 de la Constitución.
Por áreas, en Bienestar Social destaca la preocupación de las quejas ante la falta de plazas de guarderías infantiles, fundamentalmente en aquellas localidades con mayor número de población, problema que evidencia la todavía insuficiente implantación de la escolarización de los niños de 0 a 3 años en muchas de nuestra localidades y el Informe Anual de la Institución llama a la atención sobre el retraso que se comienza a evidenciar en las previsiones que nos han sido trasladadas por el Gobierno de Navarra, por lo que destaca la importancia de agilizar los acuerdos y convenios previstos con los municipios.
Las quejas relacionadas con las percepciones de la Renta Básica y las pensiones no contributivas también han ocupado un lugar destacado en esta materia.
A la Institución han llegado también varias quejas relativas a bilingüismo, y si bien se trata de expedientes que no se han terminado de resolver en el año 2001, en todas ellas sus firmantes consideraban que se estaba vulnerando el derecho que les asiste a ser atendidos, especialmente en cuanto a su derecho a relacionarse en vascuence o euskera en sus relaciones con la Administración.
Sobre algunas de esas quejas, en las que se manifestaba era la disconformidad con algunas de las cuestiones abordadas por el Decreto Foral 372/2000, de 11 de diciembre -por el que se regula el uso del vascuence en las Administraciones Públicas de Navarra, en su doble vertiente de utilización del mismo y de su exigencia o valoración en la provisión de puestos de trabajo-, la Institución trasladó a sus autores su imposibilidad de actuar al haber sido objeto dicho Decreto y los Planes de Actuación que lo desarrollaban en la Zona Mixta y en la Zona Vascófona, de diversos recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Los procesos de admisión de alumnos generan en el capítulo de Educación un número considerable de quejas como consecuencia de la discrepancia mostrada por los padres de alumnos con algunos de los criterios utilizados en los baremos de aplicación, y la imposibilidad que, en ocasiones, ello significa de poder ejercer el derecho de las familias a la libre elección de centro.
Estos casos planteados han sido resueltos con anterioridad al comienzo del curso escolar; sin embargo, la Defensora del Pueblo considera que, en base a lo manifestado por el propio Departamento de Educación, los baremos que se aplican a los procesos de admisión deberán ser objeto de una adecuación a la realidad presente, especialmente analizando la aplicación que se viene haciendo del criterio de domicilio en aquellas localidades que cuentan con más de un centro educativo.
Por último, en este capítulo destaca la preocupación de los padres y madres de los alumnos en los procesos de adecuación de los edificios y recintos escolares. El caso del traslado del Colegio San Francisco de Pamplona al edificio conocido como Palacio Ezpeleta está siendo tratado en estos momentos, pendientes de recibirse el informe solicitado al Consejo Escolar de Navarra sobre la adecuación técnica del proyecto.
Las quejas recibidas en materia de Función Pública ocupan el segundo lugar en cuanto a número de las presentadas en este año. Además se observa en muchos casos que estas quejas tienen como objeto reivindicaciones de carácter profesional o laboral, siendo pocos los casos en que las mismas se orientan hacia la consecución de una mejora de los servicios que los empleados públicos prestan.
En este sentido, el Informe señala que la existencia de Instituciones como la del Defensor del Pueblo representa para los empleados públicos una garantía adicional para la defensa de sus derechos profesionales. Pero, indica, "es evidente que los Defensores del Pueblo no deben suponer en ningún caso un elemento generador de desigualdades o diferencias entre unos y otros ciudadanos. De lo contrario, convertiríamos a estas Instituciones garantistas en mecanismos suplementarios, alternativos o complementarios de los previstos con carácter general para dirimir las cuestiones propias de la relación empleador-trabajador, con la deficiencia añadida de que tal mecanismo esté a disposición únicamente de los empleados del sector público".
El apartado relativo a Interior es el más numeroso en cuanto a quejas formuladas, por la presentación de un número considerable de quejas referidas a sanciones de tráfico que fueron enviadas mediante formularios, confeccionados en alguna de las entidades u oficinas que se dedican a prestar asistencia en esta materia a los automovilistas. En estos momentos, el número de expedientes de queja pendientes de recibir información de la Administración se aproxima a los cincuenta.
La Defensora hace constar en el Informe Anual que, sin perjuicio de las facultades que le asisten a los ciudadanos para hacer uso de sus derechos en la forma que considere más conveniente, no parece que acudir a Instituciones como la de la Defensora del Pueblo, esta sea la forma más adecuada de resolver su queja sobre este tipo de sanciones.
De otra parte, el Informe destaca el nivel de colaboración alcanzado con el Tribunal Superior de Justicia en la atención a las quejas vinculadas, fundamentalmente, al funcionamiento de órganos jurisdiccionales, aun teniendo en cuenta que la Ley reguladora de la Institución establece que, cuando se reciban quejas relativas al funcionamiento de la Administración de Justicia en la Comunidad Foral, éstas deberán dirigirse al Ministerio Fiscal o al Consejo General del Poder Judicial, pudiendo, no obstante, previamente trasladar las mismas al órgano judicial afectado, a la Audiencia Provincial o al Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Los retrasos en el funcionamiento de la administración de Justicia y la disconformidad con la actuación o asistencia prestada por abogados y la intervención a tal efecto de los Colegios de Abogados han constituido una parte importante de los temas que en este apartado han sido planteados.
En materia de medio ambiente, las más numerosas han sido las quejas relacionadas con los problemas generados por el funcionamiento de las industrias o actividades clasificadas, con una incidencia especial en lo que se refiere a la contaminación acústica proveniente de los locales de ocio y entretenimiento. A este respecto, el Informe Anual llama la atención sobre "el papel fundamental que tienen que desempeñar las administraciones implicadas, foral y municipal, para que, una vez conseguido el objetivo de legalización de la actividad a través de la correspondiente licencia de funcionamiento o apertura, se vele especialmente porque las condiciones impuestas en la misma sean observadas por sus titulare. Hay que tener en cuenta que este tipo de licencias -añade el Informe- no establecen una relación momentánea entre Administración autorizante y sujeto autorizado, sino que generan un vínculo permanente encaminado a que la Administración proteja adecuadamente en todo momento el interés público".
En materia de obras públicas y servicios se han planteado quejas en las que básicamente se mostraba la disconformidad con la ejecución de una determinada obra o ubicación de servicios, entre ellas la relacionada con la ejecución del estacionamiento subterráneo de la Plaza del Castillo de Pamplona. La ejecución de la autovía Pamplona-Logroño a su paso por Lorca también ha sido planteada, como consecuencia de la disconformidad con el trazado que pasaría próximo a dicha localidad.
En estos casos, el Informe señala que la misión de la Institución en ningún caso puede sustituir la actuación de la Administración en aquellas materias en las que esta ostenta competencias para ello y en la que está legítimamente facultada para decidir y elegir entre las diferentes alternativas para la ejecución de unas obras de estas características, para lo cual, además, dispone de una amplia discrecionalidad técnica.
No obstante, señala que "nos parece importante destacar igualmente la necesidad de que la Administración ofrezca una adecuada y completa información de las obras públicas y del resultado pretendido a los administrados, uniendo a ello una adecuada participación ciudadana en el proceso de elaboración de estos proyectos".
En el apartado de sanidad merece mención especial el tratamiento dado desde la Institución a las diferentes quejas presentadas en relación a la problemática suscitada con las estaciones base o antenas de telefonía móvil, que fue objeto de una recomendación y que aún está pendiente de contestar por parte de los Departamentos afectados del Gobierno de Navarra.
Hay que decir que su tratamiento dentro del apartado de sanidad ha venido motivado por la circunstancia de que quien se ha dirigido a la Institución sobre este tema lo ha hecho generalmente haciendo referencia a los problemas de salud que la proximidad de dichas instalaciones le producían (insomnio, dolores de cabeza, etc.).
El Informe recuerda que, desde la formulación de la recomendación por la Institución, se han adoptado una serie de medidas de las que destaca, entre otras, la elaboración por parte de los Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Sanidad y Consumo del Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, el cual ha sido aprobado por Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre. En él se obliga a los operadores a presentar al Ministerio de Ciencia y Tecnología, de manera previa a la puesta en servicio de una estación base, un estudio que justifique que no se superan los límites de exposición fijados en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, en áreas en las que puedan permanecer personas. Asimismo, exige la certificación de las estaciones base que se encuentran actualmente en funcionamiento.
En nuestra Comunidad, además de determinados acuerdos adoptados por las entidades locales que establecen moratorias o prohibiciones a la instalación de estas antenas, se encuentra tramitando en estos momentos en el Parlamento de Navarra una proposición de ley para la ordenación de las instalaciones de radiocomunicación que, caso de aprobarse, afectaría a este tipo de instalaciones y que, al igual que viene ocurriendo con otro tipo de normativa que se ha aprobado por otras Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, concede a las instalaciones actualmente existentes un plazo para adecuarse a las previsiones y determinaciones de esta nueva normativa.
No obstante tener que esperar al resultado de esta tramitación, el Informe insiste en que, cuando menos, se lleven a cabo las acciones precisas para la inclusión de estas instalaciones entre las sometidas a la Ley Foral 16/1989, de 5 de diciembre, de control de actividades clasificadas para el medio ambiente.
Igualmente se destaca en este apartado -y el Informe anuncia que la Institución prevé acometer un informe extraordinario- la problemática suscitada en materia de salud mental en lo referente a la atención que se viene dando a las necesidades de los enfermos y sus familiares por parte de las diferentes administraciones públicas de Navarra.
Califica de signo de preocupación evidente en este tema la insuficiencia y falta de plazas residenciales para este tipo de enfermos en nuestra Comunidad, que origina en sus familiares un problema añadido a la falta de atención que en sí representa la imposibilidad del ingreso en un centro acorde a las características del enfermo, y considera del todo punto necesaria la dotación progresiva de recursos en este campo que permitan hacer frente a las necesidades actualmente existentes, junto con una debida coordinación para abordar esta materia que debe de existir entre los Departamentos del Gobierno de Navarra implicados en ella, fundamentalmente Bienestar Social y Salud.
En este primer año de funcionamiento, el tema de la vivienda ha llegado a la Institución de la Defensora en forma de queja por imposibilidad de acceder a una vivienda, observándose en este sentido que los sectores más desfavorecidos tienen todavía muy pocas posibilidades de ver cumplido el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna. En otros casos se ha planteado la disconformidad con la denegación de viviendas de protección oficial, al ser esta en la práctica la única alternativa existente para atender una demanda cada vez mayor.
Como parte de la función principal encomendada a la Institución, se recoge la actividad desarrollada en torno a la función mediadora, función que, dice el Informe, "está presente en la actuación de casi todos los Defensores autonómicos, en cuyas respectivas normativas se hace referencia a la posibilidad de proponer fórmulas de conciliación o de acuerdo que faciliten una resolución positiva y rápida a las quejas".
Aunque el capítulo de obras públicas y servicios recoge detalladamente cual fue la actuación y la postura de la Institución ante el requerimiento que se le efectuó para que mediara en el conflicto generado como consecuencia de la ejecución de las obras de construcción de un aparcamiento subterráneo en la Plaza del Castillo de Pamplona, el Informe Anual recuerda que "la voluntad de participación de los ciudadanos refleja su capacidad de implicación" y que debe valorarse de forma positiva la vitalidad de la sociedad navarra y su atención y preocupación por los temas de interés común.
La Defensora del Pueblo señala además que "la voluntad de los gobernantes para establecer cauces para esa participación y el deseo de hacerla realmente efectiva no implica renunciar a la precaución ante la posibilidad que tiene todo proceso de participación de ser dirigido, pero que el apoyo incondicional de unos o la discrepancia más abierta de otros sobre sus propuestas de gobierno no tienen por qué constituir en sí mismas un impedimento al ejercicio de su responsabilidad de gobernar ni esta responsabilidad puede contraponerse al deseo de participación crítica de los ciudadanos". La labor de mediación, cuyo valor destaca el Informe, no pudo realizarse en cuanto a las quejas sobre el parking de la Plaza del castillo por la falta de respuesta de la Administración, en este caso el Ayuntamiento de Pamplona,, que aún no ha contestado a dicha propuesta, tal como se refleja en el apartado dedicado por el Informe Anual a las quejas relativas al citado aparcamiento.
El Informe valora como "adecuada" la respuesta de las Administraciones a las peticiones de información de la Institución a consecuencia de la tramitación de las diferentes quejas, aunque reclama una mayor agilidad en algunos casos en la remisión de los informes solicitados, así como una más amplía información (motivación) en las contestaciones solicitadas.
La insistencia en el esfuerzo por la remisión de la información necesaria, acompañada en muchas ocasiones de la debida justificación y explicación de la actuación de la Administración en cada caso, es, en opinión de la Defensora del Pueblo, imprescindible teniendo en cuenta la experiencia del año 2001, en la que se ha observado que "la información que se ha remitido ha sido insuficiente en algunos casos", lo que ha motivado una nueva petición de información.
La colaboración de las diferentes Administraciones Públicas con la Defensora del Pueblo de Navarra se manifiesta también con el grado de aceptación de las diferentes resoluciones que ésta adopta y que pueden presentar la forma de recordatorio de deberes legales, recomendaciones y sugerencias.
Durante el año 2001, la Defensora del Pueblo de Navarra ha formulado 24 resoluciones en relación con las quejas planteadas, como consecuencia de una actuación que no se consideraba correcta.
Así, se han planteado 8 recordatorios de deberes legales, de los cuales han sido aceptados 5 y 2 están pendientes de ser contestados; 10 recomendaciones, de las que 4 están pendientes de obtener respuesta por la Administración correspondiente y otras 6 han sido aceptadas; y, finalmente, 6 sugerencias, de las que fueron aceptadas 5 y una quedó pendiente de contestación. El porcentaje de aceptación de las resoluciones ha sido, por tanto, del 94%. En el Informe Anual presentado, se recogen dichas 24 resoluciones, referidas a:
Tras un relato exhaustivo de las quejas y resoluciones principales planteadas durante 2001, el Informe Anual de la Defensora del Pueblo recoge la actividad desarrollada para la difusión y promoción del respeto a los derechos humanos, entre las que destacan los denominados Plan Local y Plan Escolar, que ha llevado la Institución hasta diferentes poblaciones de la Comunidad, el encuentro con responsables municipales y un total de 523 alumnos que recibieron información personal de la Defensora del Pueblo de Navarra.
Asimismo, destaca la relación con colectivos, asociaciones y agentes sociales en torno a problemáticas concretas o la elaboración de informes especiales de la Institución.
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