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En su intervención, en el Curso de Verano organizado por la Universidad Complutense en el Escorial, la Defensora del Pueblo de Navarra puso de manifiesto que la transparencia además de ser una obligación legal, es un signo de modernidad, valentía democrática e inteligencia política, ya que constituye el mejor antídoto no solo frente la corrupción sino ante toda forma de uso inadecuado del poder otorgado por los ciudadanos en cualquiera de sus formas, incluidos el uso ineficaz o ineficiente de los recursos, etc.

En un mundo en el que demanda seguridad, la credibilidad es, y seguirá siendo cada día más, un valor en alza, y en el ejercicio de poder público, no puede haber credibilidad sin transparencia.

La exigencia de rendir cuentas es creciente no solo en la administración pública sino también en ámbitos de gestión privada o incluso en las ONG's, ya que se entiende que contribuye a la mejora continua y es un factor clave para incrementar la confianza de los inversores y donantes.

La verdadera democracia exige el voto informado y el ciudadano, como "contribuyente" que es de los servicios públicos, tiene pleno derecho a ser informado de cómo se administran los recursos que aporta a la comunidad.

A ningún grupo político se le olvida resaltar sus compromisos de transparencia cuando elabora su programa electoral, ni cuando está en la oposición, Lamentablemente con frecuencia las declaraciones programáticas no se corresponden demasiado con la realidad de los hechos cuando se asume la responsabilidad de gobierno. En el ámbito de la transparencia, quizá más que en ningún otro, es preciso por tanto pasar de las palabras a los hechos,

Por ello, además de la regulación legal los gobiernos modernos han de incorporar diversos sistemas, mecanismos y reglas de control interno y rendición de cuentas, a fin de impulsar la mejora de la calidad y limitar las situaciones que favorecen las conductas abusivas o ineficientes. Igualmente deben someterse a la evaluación externa de órganos independientes configurados como sistemas de contrapeso y equilibrio de poder

Mª Jesús Aranda considera que las instituciones de Defensores del Pueblo deben evaluar el grado de transparencia de las distintas Administraciones Públicas como forma de cumplir su misión esencial que es la de salvaguardar a los ciudadanos y ciudadanas frente a los posibles abusos y negligencias de la Administración.

En su opinión una administración transparente debe incorporar al menos los siguientes requisitos:

• Transparencia en la toma de decisiones, superando las actitudes de prepotencia y ocultismo y abogando por un espíritu de mayor apertura y participación democrática.
• Transparencia en los procedimientos de contratación, garantizando la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades,
• Códigos de buena conducta administrativa que trasladen un mensaje inequívoco y ejemplarizante.
• Sistemas de control interno de los procedimientos, con separación de funciones que permita garantizar sistemas de auditoría interna rigurosos, informes jurídicos preceptivos, etc.
• Presupuesto por programas con objetivos, metas e indicadores definidos y públicos, como elemento esencial de la gestión pública.
• Cartas de Derechos y Cartas de Servicios que permiten informar con equidad a todos los ciudadanos sobre sus derechos y sobre los niveles de calidad que pueden y deben exigir, y que permiten la evaluación interna y externa de su grado de cumplimiento.
• Un sistema de autoevaluación de los resultados y de la satisfacción de los ciudadanos.
• Rendición pública de cuentas con publicación anual de una Memoria integral.
• Libre acceso a la información pública, de forma que las restricciones en el acceso a la misma sean ademadamente motivadas y constituyan la excepción y no la norma.
• Auditoría externa mediante órganos con auténtica independencia, credibilidad y medios suficientes para ejercer una labor eficaz., y cuyos informes sean totalmente públicos.

Administrar una sociedad de hombres y mujeres cultos que reclaman sus derechos y tienen acceso global a la información, es sin duda más complejo y requiere de servidores públicos con una concepción más democrática del ejercicio del poder y que asuman la responsabilidad de motivar sus decisiones y rendir cuentas públicas de sus actuaciones.