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Representantes de la asociación a favor de los derechos de los presos SALHAKETA se han reunido esta mañana con el Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, y el asesor de la institución, Carlos Sarasíbar, para exponerles el incumplimiento que se viene realizando por parte de la Administración foral de la Resolución aprobada por el Parlamento de Navarra el pasado 3 de febrero de 2009.

Dicha moción insta al Gobierno de Navarra a garantizar a través de un acuerdo con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias la presencia de un médico psiquiatra del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea en la cárcel de Pamplona a fin de que pueda intervenir en la población de enfermos mentales del centro, realizando diversas actuaciones de prevención, seguimiento y terapia.

Conforme a los datos facilitados por la asociación, existe un 27% de la población reclusa en Pamplona con diagnóstico de enfermedad mental, pudiendo alcanzar el porcentaje el 40% del total de los presos si se suman los no diagnosticados, cifra que consideran alarmante y necesitada de una atención psiquiátrica pública prioritaria.

Los miembros de la asociación han mostrado al Defensor su preocupación porque, a fecha de hoy, y pese a los repetidos episodios violentos y de gravedad ocurridos en la cárcel de Pamplona por causa de la enfermedad mental de los presos, el mandato parlamentario sigue sin cumplirse, vulnerándose, a su juicio, los derechos de igualdad en el acceso a la sanidad pública de este colectivo de ciudadanos y ciudadanas. También han indicado que continúan los episodios de violencia causados por enfermos mentales tratados en prisión, con secuestros, intentos de suicidio, etcétera. Consideran que la actual solución de conducir a determinados enfermos al servicio de urgencias en casos de brotes psicóticos no es una solución válida y destacan que el médico de la prisión no es especialista en este tipo de enfermedades y no realiza diagnósticos. En definitiva, entienden que no hay un seguimiento de la enfermedad mental, ni que sea suficiente con la atención psicológica.

Los representantes han solicitado al Defensor del Pueblo de Navarra que inste al Gobierno de Navarra a cumplir con la decisión parlamentaria, de modo que se firme, con carácter urgente, con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias el convenio que permita poner en marcha el programa de asistencia psiquiátrica dentro de la cárcel de Pamplona. Así, sería suficiente con la asignación de una plaza de psiquiatra del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea que atendiera, en la misma prisión de forma preferente y permanente, a un colectivo relevante de enfermos, realizándoles los diagnósticos y dándoles los tratamientos más adecuados en cada caso.

En este sentido, el Defensor del Pueblo de Navarra ha expuesto que, conforme al Reglamento Penitenciario de 1996, los establecimientos penitenciarios han de contar obligatoriamente, de forma periódica, con un psiquiatra en la atención primaria que presten en el centro. Y según esa misma normativa, es un derecho de todos los internos, sin excepción, contar con la atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población.

La institución del Defensor del Pueblo de Navarra ha admitido la petición presentada e iniciará la investigación pertinente al respecto, con objeto de que pueda plasmarse en la realidad la voluntad manifestada por el Parlamento de Navarra y ahora expuesta por la asociación SALHAKETA de que los internos de la cárcel de Pamplona cuenten con la asistencia psiquiátrica dada por un médico especialista cuando sea necesario.