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El Justicia de Aragón ha elaborado un informe especial sobre vivienda social en el que considera que el parque de vivienda social de Aragón no responde a las necesidades de la ciudadanía y se ha visto desbordado por los efectos de la pandemia, tras la crisis previa de 2008. En su opinión, el parque existente es claramente insuficiente desde hace muchos años.
Entre las principales deficiencias detectadas por el estudio pormenorizado de la cuestión, el Justicia apunta a la inexistencia de una base de datos que reúna el conjunto de la vivienda social existente en la comunidad y la confusión que se produce con el concepto de vivienda de alquiler asequible, además de las situaciones de discriminación que se producen por la falta de homogeneidad de los sistemas de acceso.
Además, critica la cronificación, el mal uso y el bloqueo de recursos que se producen por la inexistencia de instrumentos que permitan la transición al mercado libre de vivienda, al que debería llegarse tras la finalización del proceso de integración. Y señala que la concentración de recursos que califica de prácticamente inexistentes en el medio rural, en torno al convenio participado por las principales instituciones para la detección de supuestos de vulnerabilidad lleva, incluso, a que determinados ciudadanos “busquen” el desahucio por falta de pago para que les sea aplicado el convenio y evitar, así, listas de espera.
Entre sus recomendaciones, el Justicia propone que la futura Ley de Vivienda de Aragón aclare el concepto de vivienda social y el perfil de los ciudadanos que pueden acceder a ella mediante una regulación básica que establezca los requisitos y una base de datos que detalle los tipos de uso y colectivos a los que se dirige. Además, recomienda que la Bolsa de Vivienda Social dé mayor participación a las entidades sociales del sector y que el convenio entre administraciones distinga entre viviendas de alquiler social y las que puedan adjudicarse al margen del convenio.
Por último, sugiere la creación de una mesa permanente de trabajo sobre la vivienda social que esté liderada por la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Aragón, así como el impulso de campañas de sensibilización para que los propietarios de viviendas vacías las cedan para proyectos de alquiler social, en especial en el ámbito rural. El Justicia de Aragón propone duplicar las 807 viviendas de este tipo que pertenecen actualmente al Gobierno de Aragón.
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