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El pasado mes de mayo el Defensor del Pueblo de Navarra inició una actuación de oficio para comprobar si la Administración de la Comunidad Foral hace uso de la posibilidad, prevista en la Ley Foral de Contratos, de incluir, en los pliegos de cláusulas administrativas, requerimientos acerca de la obligación de contratar a un número de personas discapacitadas superior al legalmente establecido.

El Departamento de Innovación, Empresa y Empleo ha remitido al Defensor de Pueblo, Javier Enériz Olaechea, la respuesta a su solicitud de información. En ella indica que, para paliar la desaceleración de la actividad económica que está afectando especialmente a los sectores más débiles –los discapacitados y los colectivos con riesgo de exclusión social–, el Gobierno de Navarra acordó, en febrero del presente año, velar por la aplicación de la reserva de contratos a entidades de carácter social que prevé la Ley Foral de Contratos Públicos.

Por otro lado, el Gobierno de Navarra encomendó al Servicio de Promoción de Empleo e Igualdad de Oportunidades del Servicio Navarro de Empleo la elaboración de las normas o instrucciones que resultasen necesarias para la aplicación de la reserva de dichos contratos.

El Servicio Navarro de Empleo elaboró unas instrucciones que responden a las particularidades de los centros especiales de empleo y de los de inserción sociolaboral, que se pusieron en conocimiento de la Junta de Contratación, órgano que propuso algunas modificaciones que se han incluido en el texto que se va a someter a la aprobación del Gobierno de Navarra.

En esta misma línea, y a través del Servicio Navarro de Empleo, se ha dirigido una comunicación a los departamentos y sociedades públicas de la Administración Foral y a los municipios y mancomunidades de Navarra para que apliquen la reserva legal establecida a favor de los discapacitados y de los colectivos con riesgo de exclusión social.