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El Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz Olaechea, ha sugerido al Departamento de Medio Ambiente que estudie la conveniencia de aprobar una ley foral destinada a abordar el problema del ruido en la Comunidad Foral de Navarra.

En un escrito dirigido a la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Begoña Sanzberro, el Defensor del Pueblo expone que las quejas relacionadas con las actividades que producen ruido han experimentado un notable incremento. De hecho, en los últimos 30 meses se han contabilizado un total de 40 quejas relativas al problema de la contaminación acústica.

Este tipo de quejas tienen su origen en actividades varias tales como bares, ordinarios y especiales, bajeras, piperos, carnicerías, panaderías, medios de transporte, labores de limpieza, relaciones vecinales, tenencia de animales domésticos, etc.

"Cada día son más los ciudadanos que se ven obligados a presentar denuncias -explica Javier Enériz- y muchos acaban acudiendo a esta Institución ante lo que consideran una evidente pasividad o ineficaz intervención de las Administraciones Públicas -principalmente de los municipios- frente a sus reclamaciones".

"La Institución se ve obligada a la reapertura de expedientes de queja por la persistencia de los problemas planteados -continúa Enériz-, a pesar de que la Administración nos había indicado que el problema originado por estas quejas se hallaba en vías de solución o, incluso, en casos en los que se había comprometido expresamente a solventarlos".

En definitiva, la contaminación acústica o el ruido pueden considerarse un problema en auge, y la reacción de las Administraciones Públicas frente a este problema es percibida como insuficiente e ineficaz.

En cuanto a las Administraciones Locales de Navarra, debido a los problemas relacionados con su escaso tamaño y capacidad operativa, o porque el problema planteado les resulta ajeno, o, sencillamente por pura inactividad o dejación de competencias , se muestran a los ojos de los ciudadanos como ineficaces en la adopción de medidas preventivas, cautelares y correctoras. Por ello, parece oportuno que la norma legal que se apruebe "intensifique las posibilidades de actuación de la Administración de la Comunidad Foral, explica el Defensor del Pueblo, de forma que le permita realizar de modo directo e inmediato actos de suspensión o clausura, en los casos en que se aprecie una vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos".

La Comunidad Foral de Navarra tiene competencia en materia de medio ambiente y también para la protección de las personas. Es por ello que el Defensor del Pueblo insta a la Administración a que ejerza de modo inmediato y urgente esas competencias para disponer el cese de los ruidos ilegales que agredan al ciudadano y pongan en riesgo su integridad psíquica.