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El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral, Francisco Javier Enériz, ha presentado hoy ante el Pleno el Informe Anual correspondiente al ejercicio 2018, un dossier que contempla 2.645 actuaciones, 233 más que en 2017, lo que supone un aumento del 8,8%.
La labor desplegada en 2018 ha permitido hacer llegar a las Administraciones Públicas de Navarra 168 sugerencias (otras 11 de índole normativo), 216 recomendaciones y 104 recordatorios de deberes legales (en total 499 decisiones). Todo ello fruto de los 7.910 ciudadanos que se han dirigido a la institución para, entre otros, realizar 1.398 consultas y presentar 1.052 quejas (han gestionado 1.193 expedientes), el 83,7% admitidas a trámite. Se han practicado 826 investigaciones, 794 de ellas con motivo de las quejas recibidas, 27 de oficio y 5 a propuestas ciudadanas.
Las doce materias en las que más quejas se han recibido han sido, por este orden, bienestar social (116), acceso a un empleo público (104), educación (96), función pública (94), hacienda (66), sanidad (63), medio ambiente (60), euskera (52), tráfico y seguridad vial (47), vivienda (47), justicia (37) y urbanismo (34).
El mayor número de las quejas presentadas en 2018 se formuló en relación con la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, incluyendo sus organismos públicos y sus sociedades públicas. Se presentaron 559 quejas, que representan el 53,1% del total.
Dirigidas a las distintas entidades locales y sus entes dependientes, se presentaron 294 quejas, que representan el 27,9% del total.
Le siguen las quejas dirigidas a la Administración del Estado, que se elevan a 106, lo que representa un 10,1 %.
En cuanto al medio utilizado para presentar las quejas, la principal vía ha sido a través de internet (49,2%). En segundo lugar, están las quejas presenciales (42,7%), seguidas de las dirigidas por correo ordinario (8,1%).
Tras el estudio de las quejas se han dictado 401 resoluciones, lo cual supone un aumento de 3 respecto a 2017. El grado de aceptación de las decisiones del Defensor alcanza el 65,34%, en la línea del ejercicio anterior (61,4%) y similar al de 2016, que fue el que mayor rechazos registró.
Entre las administraciones públicas que no satisficieron plenamente el deber de colaboración con la institución se citan, entre otras, los Departamentos de Desarrollo Económico, Educación y Salud, los Ayuntamientos de Pamplona y Tudela, y la Mancomunidad de la Ribera.
En cuanto a las consultas, han predominado las de bienestar social, en concreto sobre problemas relacionados con la pobreza y la exclusión social, donde se enmarcan cuestiones relacionadas con la renta garantizada, la labor de la Fundación Navarra para la Tutela de Personas Adultas y asuntos ligados a la protección de menores.
En educación, se ha inquirido principalmente sobre los criterios de acceso a escuelas infantiles y centros escolares, sobre la denegación o concesión de becas (comedor y transporte escolar, principalmente), la escasa oferta de plazas de FP y problemas generados en la convivencia escolar, como el acoso entre el alumnado o al profesorado y la pasividad de los centros docentes ante estos hechos.
En vivienda, las consultas han versado sobre las ayudas para acceder a una vivienda de protección oficial, la dificultad de acceso a la vivienda o los defectos constructivos en inmuebles de protección oficial.
Por otra parte, se han recibido 9 propuestas ciudadanas de mejora (son ya 315 desde que se puso en marcha esta iniciativa en 2008), referidas a actuaciones en materia de becas, control del uso de máquinas de juego y apuestas deportivas, mejora de los procedimientos de selección de personal, en especial de personas discapacitadas o actualización de las bases de datos gestionadas por las administraciones públicas.
El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra es la Institución que, por mandato del Parlamento, vela por el respeto y mejora de los derechos y libertades públicos de los ciudadanos, y con esta finalidad supervisa la actuación de todas las Administraciones Públicas de Navarra.
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