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El Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz Olaechea, ha trasladado a la Defensora del Pueblo de las Cortes Generales (e.f.), María Luisa Cava de Llano, para su tramitación, una queja de un ciudadano en la que manifestaba su disconformidad con la situación actual en la que se encuentran los becarios titulados universitarios que realizan prácticas de formación en empresas privadas.

En su queja, el ciudadano exponía, entre otras cuestiones, que los becarios deben renunciar a la prestación por desempleo, aun cuando las cuantías que perciben son irrisorias; que no cuentan con ningún tipo de contrato –por lo que no están dados de alta en la Seguridad Social y no se cotiza por ellos–, por lo que tampoco generan nueva prestación por desempleo para cuando finalice la beca y que, además, los importes percibidos por la beca tributan a efectos del IRPF.

Esta situación produce graves problemas económicos, personales, laborales y psicológicos –concluye el ciudadano–, y es tan gravosa como tener todas las obligaciones de un trabajador (tributar por IRPF, incompatibilidades) y de un desempleado (sellado de tarjeta de desempleado para no perder antigüedad, etcétera), pero ninguno de sus derechos.

El Defensor del Pueblo de Navarra ha mostrado su preocupación por la situación a que se aboca a los becarios que realizan prácticas de formación en empresas, ya que muchas veces realizan o terminan realizando trabajos propios del personal de la empresa en que se encuentran a un precio reducido, sin los derechos básicos de los trabajadores (Seguridad Social, vacaciones, cómputo para el desempleo…), pero con las obligaciones de estos de tributar a Hacienda o de respetar ciertas incompatibilidades que se les imponen.

Enériz considera que la actual regulación de los becarios de formación es manifiestamente mejorable, y que el “status” reglamentario surgido en los últimos años, y complementado con prácticas empresariales, debería ser superado y sustituido por una regulación legal y especial más completa y satisfactoria para el becario que la actual.

Esta nueva Ley que se propone –explica el Defensor del Pueblo de Navarra–,es competencia de las Cortes Generales, y debería considerar al becario como un sujeto de derechos y deberes si no iguales, sí, al menos, próximos a los laborales básicos en sus relaciones jurídicas tanto con la empresa en la que se forma (Seguridad Social, vacaciones, asistencia sanitaria) y realiza sus prácticas, como con la sociedad durante o después de la etapa de formación, de modo que, una vez concluida su etapa de formación, se tenga en cuenta el tiempo de prácticas a efectos de desempleo, Seguridad Social u otros.