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El Defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz Olaechea, se ha dirigido a la Defensora del Pueblo estatal, Soledad Becerril, solicitándole que pida al Ministerio de Sanidad la derogación de la medida aprobada reciente por la resolución de 10 de septiembre de 2013 de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, que exigirá, a partir del 1 de octubre, el cobro del 10 % del precio (con un límite de 4,2 euros por envase) de los medicamentos que se dispensan por los servicios de farmacia de los hospitales a personas con enfermedades crónicas.

El Defensor del Pueblo de Navarra recuerda que esta Resolución contiene un listado de medicamentos para patologías graves o crónicas, que por su perfil de seguridad están sometidos a reservas singulares consistentes en su dispensación a pacientes no hospitalizados por los servicios de farmacia de los hospitales en lugar de por las oficinas de farmacia. Se trata, por tanto, de medicamentos que no son de uso hospitalario, sino de dispensación hospitalaria. Hasta ahora la dispensación hospitalaria de estos medicamentos era gratuita, pero, a partir del 1 de octubre, dichos medicamentos quedan sometidos a copago por parte del usuario. Según ha manifestado la Ministra de Sanidad, es una medida necesaria para “garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.”

Pone de manifiesto el Defensor del Pueblo navarro que esta medida ha causado un hondo rechazo en un amplio sector de entidades y colectivos de profesionales sanitarios, así como de entidades representantes de pacientes afectados, como el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad). Consideran que la medida es injusta, analizada desde el punto de vista sanitario, y errónea, analizada desde el punto de vista administrativo y de gestión.

Atendiendo a las características de los pacientes afectados, que sufren enfermedades graves y crónicas y, en un importante número se encuentran en el nivel de “rentas bajas”, la carga económica añadida por esta medida puede suponer un peligro para su precario estado de salud y, por ende, lesionar su derecho constitucional a la protección de la salud. Además, puede suponer una desconsideración por parte del Estado social hacia un sector de personas muy vulnerables por su padecimiento de enfermedades crónicas graves.

Desde la óptica administrativa, se trataría de una medida que podría ahorrar una cantidad económica muy inferior a la que costará su implantación, ya que las farmacias hospitalarias no estarían preparadas, ni tendrían medios técnicos para implantar la medida de copago. Además, la permanente y continuada gestión por las farmacias hospitalarias del copago resultaría más costosa que los ingresos obtenidos por el mismo. En suma, el ahorro económico que supondría esta medida es muy escaso o, cuando menos, menor, en relación con el perjuicio que causará a los pacientes afectados.

El Defensor del Pueblo de Navarra recuerda a su homóloga estatal que también el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha declarado que “este copago no tendría ni un efecto disuasorio en el consumo ni supondría un ahorro sustancial” y sus efectos negativos alcanzarían a unos 1.400 pacientes afectados por enfermedades como esclerosis múltiple, hepatitis C, leucemia mieloide crónica, etcétera.

La preocupación del Defensor del Pueblo de Navarra se refuerza por las informaciones que llegan a través de los medios de comunicación. Según estas informaciones, ocho Comunidades Autónomas habrían declarado que no aplicarán el copago a partir del 1 de octubre de 2013. Cuatro de ellas (Asturias, País Vasco, Canarias y Andalucía) se oponen radicalmente al copago y han declarado su intención de acudir a los tribunales de justicia para paralizar el copago. Otras tres Comunidades Autónomas (Valencia, Aragón y Extremadura) han declarado que no podrán aplicar la medida por razones logísticas. El Gobierno de Navarra también se ha mostrado contrario a la medida y ha declarado su intención de buscar “alternativas” para mitigar los efectos negativos del nuevo copago.

De lo anterior se podría inferir –expone Javier Enériz- que, de facto, por unas u otras razones, la medida de copago se podría implantar y aplicar en solo algunas Comunidades Autónomas, con lo que ello provocaría un trato desigual a los pacientes según residan en una u otra Comunidad Autónoma.