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El Defensor del Pueblo de Navarra participa en la Jornada Pública ADMINISTRACIÓN Y CIUDADANÍA.

Buenos días, egun on.

En primer lugar, muchas gracias a los Departamentos de Relaciones Ciudadanas e Institucionales y de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, por su amable invitación a esta Jornada sobre Administración y Ciudadanía.

Y también agradecerles a ustedes su asistencia.

Según la invitación que me llegó, el Gobierno de Navarra quiere profundizar y explorar a lo largo de esta legislatura nuevas fórmulas de participación por razones tanto externas, como es que considera que la sociedad está reclamando cada vez con más fuerza dicha participación, como internas, en su afán de buscar una nueva cultura de relación entre la Administración y el administrado.

A mí se me ha pedido que me centre en las demandas ciudadanas a la Administración navarra en transparencia y participación ciudadana.

Voy a centrar mi intervención en lo que hemos recogido de personas y asociaciones acerca de la transparencia, el derecho de acceso a la información pública y la participación ciudadana, a lo largo del tiempo. En algunos casos, lo que voy a señalar es dicción casi literal de lo que manifiestan.

Me centro, pues, en estos tres puntos:

1. En cuanto a la transparencia:
   • Se emplean dos páginas webs, una del Gobierno de Navarra y otra para la transparencia, y ello dificulta encontrar la información.
   • La página web de transparencia da información, pero cuesta a veces encontrarla. Ello dificulta el acceso ágil.
   • Debería simplificarse la página web (páginas webs).
   • La página web no permite conocer todas las subvenciones, convenios y documentos públicos tal cual. Solo hay resúmenes y la información es parcial. En subvenciones, no se puede consultar el texto de la resolución. El acceso al texto del convenio tampoco es posible.
   • La página web debería incluir también los informes oficiales y todos los actos que forman parte del expediente administrativo, actos de trámite, alegaciones, recursos… Sí que aparecen informes en reglamentos, pero falta en otros documentos.
2. En cuanto al derecho de acceso a la información pública:
   • Es donde más quejas y demandas hay.
   • Las limitaciones y causas de inadmisión legales son tan abundantes que a quien le toca atender la petición parece buscar antes a cuál acogerse para no facilitar la información y deshacerse de la petición por la vía de su denegación.
   • Deberían reducirse las limitaciones legales de la Ley Foral de la Transparencia y ajustarlas al Convenio del Consejo Europeo sobre el acceso a los documentos públicos.
   • Tales limitaciones y causas se interpretan de una forma muy restrictiva del derecho de acceso, en contra de lo que dice la Ley Foral.
   • Se sigue remitiendo al ciudadano a otras ventanillas, a pesar de que la ley foral establece la remisión de oficio a la unidad que tiene la información cuando se conoce cuál es.
   • No se cumplen los plazos para dar la información.
   • La exigencia de una resolución administrativa para conceder dificulta el procedimiento y lo alarga. Debería solo existir resolución administrativa cuando hay denegación total o parcial y para justificar el porqué, facilitándose de modo directo cuando no hay problema para darla.
   • El procedimiento debería ser más sencillo: por un simple correo electrónico o directamente por internet, pero sin certificado digital, ni nada que suponga una carga para el ciudadano, rellenando unos datos de identificación mínimos: nombre, apellidos, DNI, domicilio y teléfono de contacto.
   • Deberían reconocerse las peticiones anónimas sobre información cuando esta no afecte a terceros y es general. El Convenio del Consejo de Europa permite la petición anónima.
   • Deberían reconocerse las preguntas sobre la actividad pública: ¿Cuánto costó tal acto?, ¿Qué se piensa hacer en o con…), etcétera.
   • No se facilita toda la documentación completa que se solicita cuando se posee. El solicitante se ve obligado a reiterarla varias veces.
   • Se deniega la información solicitada incluso a quien es interesado. En cambio, en algunas ocasiones se facilita la información fuera de circuito a otras personas al mismo tiempo que se deniega al interesado.
   • Se deniega incluso la información ambiental a asociaciones ecologistas, investigadores, etcétera, cuando es universal la legitimación para solicitarla.
   • También se levantan obstáculos para facilitar la información urbanística y, en el caso municipal, incluso denegarla.
   • Se utiliza abusivamente la protección de datos personales para denegar la información, sin disociarla.
   • Se retrasa la respuesta alegando carga de trabajo, que la petición es genérica o abusiva, etcétera.
   • Se demanda la facultad de poder acudir a un órgano imparcial que revise la denegación y ordene con carácter obligatorio la concesión de la información cuando aprecie que no hay motivos para denegarla.
   • Las actuales garantías extrajudiciales que establece la Ley Foral son insuficientes para garantizar este derecho: si te deniegan la información, te aguantas, o recurres al contencioso-administrativo, que no recurres. Este comportamiento es poco democrático. Este punto trata de solucionarse con la creación del Consejo de Transparencia de Navarra que contempla el anteproyecto de Ley Foral actualmente en fase de participación.
3. En cuanto a la participación ciudadana:
   • Es la gran ausente. No existe cultura de la participación ciudadana.
   • Existe una participación formal o pasiva cuando la ha reconocido la legislación –sobre todo, la estatal- para la tramitación de planes urbanísticos, actos medioambientales (en algunos casos, incluso se omite la participación ciudadana), algunas disposiciones, documentos no vinculantes, etcétera.
   • Las fórmulas de la Ley Foral de Transparencia son poco adecuadas por complejas, burocráticas y formalistas con la previa inscripción en registros…
   • No funcionan los jurados, los paneles, los foros, por su complejidad y requisitos formales de inscripción en registros.
   • Tampoco funciona la iniciativa reglamentaria. Es mejor acudir a un parlamentario y que tramite una iniciativa legislativa, o promoverla a nivel político con las 7.000 firmas, o acudir al Defensor del Pueblo de Navarra y proponerle que formule una sugerencia.
   • Los Consejos Navarros de la materia que sea funcionan bien cuando se convocan y se está dispuesto a oír lo que realmente opinan los demás. En algunos casos, o no se convocan, o se hace como que se convocan, o se les oye remitiéndoles un documento y diciéndoles que presenten alegaciones en un plazo.
   • Hay escasa participación por zonas, barrios, vecinos… Los foros sociales de barrio que se están impulsando funcionan bien si luego sirven para algo y se traducen en resultados y no solo para limitarse a oír a los vecinos. Parece que se tiene miedo a las reuniones con los ciudadanos. Los técnicos se esconden; los políticos tienen miedo a las encerronas.
   • La cultura de formular consultas no vinculantes a la ciudadanía es esporádica, solo se da en determinados ámbitos municipales, para preguntar sobre el cambio de fecha de las fiestas o su alargamiento; en algún caso, para preguntar sobre la independencia…
   • No se pregunta directamente sobre cuestiones importantes que interesan al ciudadano, ni a los agentes afectados.
   • Se pregunta sobre cuestiones muy de segunda categoría: a que destinar una pequeñísima parte del presupuesto, que luego en ocasiones no se ejecuta totalmente, etcétera.
   • La falta de participación ciudadana origina muchos de los conflictos que vemos y los ciudadanos recurren a las manifestaciones de disconformidad, etcétera.
   • Se toman decisiones que te enteras por la prensa, muchos ciudadanos se enfadan y rebelan, se produce de todo menos diálogo constructivo, se justifica la decisión tomada, se niega, se rectifica, se ratifica, se matiza… todo en un tiempo record.
   • Los ciudadanos buscan sistemas alternativos de participación-protesta:
     • Crean plataformas, asociaciones, grupos…
     • Acuden a asociaciones, sindicatos y partidos de la oposición…
     • Realizan concentraciones reivindicativas.
     • Acuden a los medios de prensa opuestos al color ideológico del equipo de gobierno foral o local.
     • Acuden al Defensor del Pueblo o al Tribunal Administrativo de Navarra y acto seguido denuncian ante la prensa.
     • Etcétera.

A mi modo de ver, se hace preciso mejorar la participación a través de planificar como quien planifica sus vacaciones, proponer todas las alternativas, priorizarlas, pedir información a los afectados, debatir con ellos, darles un plazo real para conocer su opinión, estudiar sus alegaciones con vocación de aceptarlas en lo posible, contestarlas, debatir con órganos colegiados o mesas de afectados, informar de los pasos a los medios de comunicación que lo soliciten, y, finalmente, tomar la decisión más adecuada al interés general, teniendo en cuenta el sentir mayoritario.

Falta toda esta cultura real de planificar, informar, oír, debatir y decidir, con el tiempo que sea necesario, para convencer y no vencer. No se gana más tiempo por querer ir directo y luego ser errático.

Nos falta la cultura democrática de Suiza o de algunos Estados norteamericanos, donde se consulta de verdad a los ciudadanos sobre muchísimos temas, o donde la iniciativa legislativa e incluso constitucional requiere de tan solo 50.000 habitantes sobre una población de 8 millones (en el caso suizo). Donde lo importante es, precisamente, convencer.

Podríamos ser como los suizos o como los norteamericanos y preguntar muchísimas cosas, pero, hay que reconocerlo: o le da miedo al establishment o sistema, o no se sabe cómo hacerlo.

Concluyo con esto, invitando a la reflexión de que hay que superar los formalismos y limitaciones de la Ley Foral de Transparencia y Gobierno Abierto, de que hay que impulsar más aún la transparencia, de que hay que reconocer el derecho de todos a la información pública y, sobre todo, que hay que establecer una cultura de la participación ciudadana en todos los asuntos que nos conciernen.

Muchas gracias. Eskerrik asko.