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El Defensor del Pueblo de Navarra expone ante la Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra el informe anual correspondiente a su actividad en 2016.

12 abril 2017

COMPARECENCIA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA ANTE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN FORAL DEL PARLAMENTO DE NAVARRA.

INFORME ANUAL 2016

I. Presentación. Datos generales.

Muchas gracias, Señor Presidente, señorías, buenos días.

Eskerrik asko, lehendakari jauna, jaun-andreak, egun on denori.

Comparezco ante la Comisión de Régimen Foral para presentar un resumen del informe anual sobre la actividad que ha desarrollado la institución a la que represento en el año 2016.

El informe da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de Navarra, e incluye los contenidos y principales datos de la gestión realizada.

Durante el año 2016, la actividad de la institución se ha elevado a 1.965 actuaciones. En esta cifra, se integran:

  • Las 989 quejas gestionadas (de ellas, 830 quejas presentadas en el año natural).
  • 910 consultas atendidas.
  • 47 actuaciones de oficio gestionadas (de ellas, 35 realizadas en el año 2016).
  • 15 propuestas de mejora de los servicios públicos gestionadas que han presentado los ciudadanos (13 de ellas presentadas en el año).
  • 2 informes, uno de ellos elaborado a petición del Parlamento de Navarra, y otro a iniciativa propia, y
  • 2 comparecencias ante el Parlamento de Navarra.

La institución ha realizado 677 investigaciones sobre la actividad de las Administraciones públicas en su función supervisora y ha emitido 362 resoluciones, que contienen 235 recomendaciones, 121 recordatorios de deberes legales, 84 sugerencias y 47 sugerencias normativas.

Entre quejas, consultas y propuestas de los ciudadanos, se han dirigido a la institución un total calculado de 11.617 personas.

Solo tras las quejas se encuentran 10.089 personas. Y tras las consultas, la 1.515.

II. Quejas.

El número de quejas presentadas en 2016, 830, es inferior al de las quejas presentadas en 2015, que fueron 1.546, lo que representa un descenso del 46,3%. Sin embargo, si se tiene en cuenta el número de expedientes a que han dado lugar las quejas (un mismo expediente puede acumular varias quejas iguales o conexas), en 2015 se abrieron 810 expedientes de queja, mientras que en 2016 el número fue de 830, lo que representa un aumento del 2,5%.

En cuanto a las materias sobre las que se plantearon las quejas, me limitaré, por la amplitud y variedad de las mismas, a ofrecer algunos datos generales. El detalle figura en el capítulo segundo del informe.

En orden descendente de mayor a menor, las doce materias en las que más quejas se han recibido han sido las de: función pública, bienestar social, educación, acceso a un empleo público, sanidad, medio ambiente, hacienda, urbanismo, tráfico, seguridad ciudadana, vivienda, y justicia.

Por lo que se refiere a la primera de las materias, función pública, destacan las que solicitaban el pago de los meses de julio y agosto al personal docente contratado administrativo con carácter temporal, las que exponen las dificultades del personal sanitario para conciliar su vida familiar y laboral, las que muestran la disconformidad de la falta de reconocimiento de determinados complementos y retribuciones a algunos funcionarios públicos, así como las que se refieren a la falta de adopción de medidas ante situaciones de acoso laboral.

En segundo lugar, se sitúan las quejas referentes a bienestar social, con 75 quejas. De ellas, destacan las relacionadas con la protección a la infancia y la adolescencia, el desamparo de menores, la custodia entre progenitores separados o la atención, y el régimen de funcionamiento en los centros de observación y acogida (COA) y en el centro de cumplimiento de medidas judiciales de Ilundáin.

Asimismo, se han presentado quejas relacionadas con la denegación de la renta de inclusión social (RIS), la demora en su concesión o renovación, y con el embargo. A pesar del carácter inembargable de esta prestación pública básica, todos los años se siguen recibiendo quejas de ciudadanos a los que alguna Administración pública les ha embargado su importe.

La tercera posición la ocupan las quejas relativas a educación, entre las que destacan las relacionadas con el proceso de admisión en centros y especialidades escolares solicitadas, las relacionadas con la enseñanza en inglés, las relativas a la atención de alumnos con necesidades educativas especiales y la relativa al régimen de nueva convocatoria de becas.

En cuarto término, se sitúan las quejas sobre el acceso a un empleo público, que son las que presentan los ciudadanos que aspiran a acceder a un empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Las quejas se refieren, principalmente, a la gestión de las listas de aspirantes a la contratación temporal. Asimismo, destacan las quejas en las que se expresa el desacuerdo con la modificación de la prioridad de las personas con discapacidad en los listados de contratación, y las quejas relacionadas con las bases de una convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de dos relaciones de aspirantes al desempeño de puestos de trabajo de Titulado Superior, en orden a la cobertura de las necesidades que se produzcan en el organismo autónomo Servicio Navarro de Empleo/Nafar Lansare, por no contemplar la Licenciatura en Ciencias del Trabajo y Sociología.

En un quinto lugar, se sitúan las quejas de sanidad, entre las que destacan las presentadas por ciudadanos que no están conformes con la atención clínica recibida, las relacionadas con las listas de espera (sobre todo, en el área de rehabilitación), las relativas a la denegación de las prestaciones sanitarias y al reintegro de gastos, y la no inclusión en el calendario de la vacuna Prevenar 13 a los bebés nacidos en 2015.

La sexta materia es medio ambiente, donde, al igual que en años anteriores, predominan las quejas relacionadas con los ruidos por actividades de diversa índole y, en especial, las molestias que padecen algunos ciudadanos en sus domicilios por la contaminación acústica de bajeras de jóvenes y negocios de hostelería, así como de otras actividades. Asimismo, se han presentado quejas referidas a la denegación de la información ambiental, a la limitación de la participación ciudadana y a la disconformidad de ciudadanos con la instalación de velatorios en los bajos de edificios residenciales en varias localidades navarras.

En hacienda, han predominado las quejas relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. También se han presentado quejas sobre el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (alguna de las quejas plantea el porqué del impuesto cuando lo que ha habido no han sido incrementos del valor del terreno, sino decrementos por razón de la crisis, planteamiento luego ratificado por el Tribunal Constitucional en 2017) y sobre la contribución urbana.

En octavo lugar, figura la materia de urbanismo, donde, al igual que otros años, destacan las quejas referentes a la denegación o pasividad en la tramitación de modificaciones de planeamiento de iniciativa particular, la inactividad de algunos municipios en la adopción de medidas de protección de la legalidad ante los posibles incumplimientos de la normativa urbanística denunciados por los ciudadanos, y también algunas quejas relacionadas con la ejecución urbanística.

En noveno lugar, se sitúa la materia de tráfico, en donde destacan las quejas presentadas por ciudadanos disconformes con las multas que se les han impuesto, con la retirada de su vehículo por el servicio de grúa municipal de la zona de estacionamiento restringido o limitado de Pamplona-Iruña, y con las excesivas tasas que deben satisfacer para poder recuperar el vehículo.

En décimo lugar, se sitúa la materia de seguridad ciudadana, donde destacan las quejas presentadas por el trato inadecuado dispensado a los ciudadanos por agentes de diferentes cuerpos policiales. Asimismo, se han presentado quejas de internos del centro penitenciario de Pamplona que no están conformes con el trato que les prestan determinados funcionarios.

En undécimo lugar, se sitúa la materia de vivienda, cuyas quejas se refieren, principalmente, a la dificultad de acceso por los ciudadanos a las viviendas en régimen de alquiler, entre otros, por la escasez de una oferta suficiente y la gran demanda existente, a los desperfectos en viviendas protegidas y a las dificultades para acceder a otras viviendas protegidas que se adecúen mejor a las necesidades familiares.

La duodécima posición la ocupa la materia de justicia, donde destacan las quejas presentadas por ciudadanos que consideran que ha habido dilaciones en los procesos judiciales que han planteado, las quejas relacionadas con la denegación de la asistencia jurídica gratuita y las quejas por disconformidad con las resoluciones judiciales que les afectan.

III. Administraciones públicas destinatarias de las quejas.

El mayor número de las quejas presentadas en 2016 se formuló en relación con la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, incluyendo sus organismos públicos y sus sociedades públicas. Se presentaron 437 quejas, que representan el 52,7% del total.

Dirigidas a las distintas entidades locales y sus entes dependientes, se presentaron 214 quejas, que representan el 25,8% del total.

Le siguen las quejas dirigidas a la Administración del Estado, que se elevan a 110, lo que representa un 13,3 %.

IV. Actuaciones de oficio.

La institución ha realizado este año 35 actuaciones de oficio:

Siete han versado sobre bienestar social. Entre ellas, destacan las visitas realizadas a un piso de protección de menores, a un centro de discapacidad intelectual y a un centro residencial para personas con trastorno mental grave. También se han realizado actuaciones sobre el adelanto de la Renta Garantizada y de las ayudas de emergencia por parte de Cáritas. En esta materia, se incluye la declaración de Defensores del Pueblo sobre la catastrófica situación humanitaria en Siria.

Tres actuaciones de oficio han versado sobre sanidad: una, sobre la atención a personas con enfermedades raras; otra, sobre la sanidad pública universal; y otra, sobre la demora en la realización de ecografías en el turno de noches del servicio de urgencias.

En materia de medio ambiente, se han realizado tres actuaciones de oficio: una, sobre falta de elaboración del plan de mejora de calidad del aire en la Ribera de Navarra; otra, sobre la no aprobación del mapa de ruidos por ejes viarios y ferroviarios; y la tercera, sobre la instalación de tanatorios y velatorios en los bajos de viviendas.

Otras tres actuaciones han versado sobre el tráfico y la seguridad vial: una, sobre la circulación de bicicletas por las aceras de Pamplona-Iruña; otra, sobre la escasez de examinadores en la Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra; y la tercera, por atropellos en el barrio de Ermitagaña de Pamplona-Iruña.

Asimismo, se realizaron otras tres actuaciones de oficio sobre Derecho civil foral: una, acerca del reconocimiento del hijo por progenitores; otra, sobre la pérdida del usufructo de fidelidad por falta de inventario; y la tercera, sobre la capacidad dispositiva del testador en caso de matrimonio en segundas nupcias.

El resto de las actuaciones de oficio versaron sobre los siguientes temas:

  • La necesidad de actuar mejor en la muerte de un menor tras sufrir acoso escolar.
  • La construcción de un edificio escolar en Mutilva (Valle de Aranguren).
  • El cese de la señal de la ETB en parte de Navarra.
  • El proceso de participación pública en la creación de una Banca Pública de Navarra.
  • La selección de directores en centros escolares de forma directa y habitual cuando la normativa considera que esta forma de proceder es excepcional, y la debida es mediante méritos.
  • Las modificaciones de jornadas y retribuciones de la Policía Foral de Navarra.
  • La modificación de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, en lo relativo a la creación del Consejo de Transparencia de Navarra.
  • La proposición de la Ley Foral de Cuentas Abiertas, para asegurar el principio de separación de poderes.
  • La terminación del régimen de protección de promociones de viviendas de alquiler y el problema generado con esa conclusión.
  • El reconocimiento de estudios realizados en el modelo D como equivalente al nivel B2, a efectos de convocatorias de empleo público.
  • La protección del lugar de la Batalla de Noáin, al correr riesgo de su urbanización por polígonos industriales.
  • El traslado de los presos navarros que lo soliciten al centro penitenciario de Pamplona.
  • La muerte de un detenido en dependencias policiales, hecho del que se dio traslado a la Defensora del Pueblo y que esta analizó.
  • La detención por las autoridades griegas de una ciudadana navarra cooperante, por trasladar en una caravana a ocho personas refugiadas.
  • La situación de colapso en la oficina del DNI de Pamplona.
  • La exención del Impuesto de Circulación a vehículos de discapacitados y la necesidad de modificar la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra.
  • Las actuaciones de oficio gestionadas dieron lugar a 22 resoluciones con sus correspondientes recomendaciones (8), sugerencias (14), sugerencias normativas (15) y recordatorios de deberes legales (1).
  • El grado de aceptación de las resoluciones emitidas fue del 80%.

También, como en años anteriores, la institución ha valorado la situación de la infancia y la adolescencia en Navarra. No se trata de una valoración general o sociológica, sino dirigida a comprobar esa situación conforme a las exigencias que a las Administraciones públicas de Navarra les impone la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia.

Los datos ponen de manifiesto que, en 2016, en términos generales, ha crecido la actividad del sistema de protección de menores. Son más los menores atendidos por dicho sistema (1.446 menores en 2016) y, asimismo, son más los casos en que la protección exige medidas de intervención intensas, como la asunción de la guarda (739 menores) o la tutela (253 menores). Se aprecia asimismo un incremento de las cifras de menores en situación de conflicto social (728 menores) o sujetos al sistema de reforma (39 menores).

También se observan dificultades para que los menores en situaciones de riesgo o de desamparo sean atendidos, una vez asumida la guarda por la Administración, mediante acogimientos familiares (el porcentaje de estos ha bajado del 54,6% al 45,7% en un año), con el consiguiente incremento de las situaciones de institucionalización, que las leyes quieren minimizar.

A la vista de ello, la institución ha considerado necesario sugerir que se dote de más recursos al sistema de protección de menores, que se potencie la prevención y se mejore la coordinación entre los agentes actuantes, que se intervenga en las fases iniciales o más tempranas de desprotección, y, en lo posible, que se reduzcan los casos de institucionalización, adoptándose medidas que favorezcan el acogimiento familiar. No obstante, se reconoce el trabajo realizado por quienes actúan en este ámbito y se consideran adecuadas las líneas de acción emprendidas, animándose a su refuerzo.

V. Propuestas de los ciudadanos para la mejora de los servicios públicos.

Desde el año 2008, la institución promueve la participación de los ciudadanos en la mejora de los servicios públicos, animándoles a que presenten propuestas de mejora de tales servicios, que, en algunos casos, incluso se transforman en propuestas de modificación normativa.

Así, desde el año 2008, los ciudadanos han presentado 300 propuestas de mejora. De ellas, trece corresponden al año 2016.

Entre otras cuestiones, los ciudadanos han propuesto en 2016 que:

  • Se valore la circunstancia de la discapacidad en los procedimientos de promoción interna, definitiva o temporal, de funcionarios.
  • Se adopten medidas normativas de apoyo a las familias monoparentales.
  • Se otorgue preferencia en la contratación temporal de docentes a aquellos que posean formación pedagógica y didáctica.
  • Se modifique la prioridad de la Hacienda Pública en el cobro de los créditos.
  • Se modifiquen determinados aspectos relativos al sistema de compensación urbanística.
  • Se ascienda a los vigilantes de carreteras del nivel D al nivel C.
  • Se modifique la redacción de una Resolución del Parlamento de Navarra por la que se instaba al Gobierno de Navarra a activar un protocolo sanitario de actuación sobre fibromialgia y fatiga crónica.
  • Se utilicen formas alternativas de comunicación a los pacientes que se encuentran en lista de espera para ser intervenidos quirúrgicamente.
  • Se abra un nuevo plazo para poder cambiarse del sistema de Montepíos de las Administraciones públicas al sistema de derechos pasivos previsto en la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, sobre el régimen transitorio de los derechos pasivos del personal de los Montepíos de las Administraciones Publicas de Navarra.
  • Se incluya la bibliografía del temario en las bases de las convocatorias de las oposiciones del puesto de trabajo de Bombero al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
  • Se publiquen las esquelas en la página web del Registro Civil.

VI. XXXI Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo.

Los días 22 y 23 de septiembre de 2016, se celebraron en el Parlamento de Navarra las XXXI Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo que versaron sobre “La invasión del domicilio por ruidos: la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la integridad física y psíquica”.

En las jornadas se expusieron las medidas que las administraciones pueden adoptar para hacer frente al ruido y proteger el domicilio particular de los ciudadanos frente a las diversas fuentes de contaminación acústica.

También se analizaron las consecuencias penales que se derivan para quienes invaden los domicilios de los ciudadanos mediante la emisión de ruidos de forma continua y elevada, poniendo en riesgo la integridad de los residentes y se conocieron los mecanismos que el derecho civil pone a disposición de quienes ven invadido su domicilio por ruidos procedentes de terceros y que no tienen el deber de soportar. Igualmente, se destacó el papel de las Defensorías como mecanismo útil de reacción y de mediación frente a la pasividad administrativa a la hora de actuar.

VII. Recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales.

Como se ha señalado, en el año 2016, la institución formuló 446 recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales.

Entre las recomendaciones y sugerencias realizadas, me he permitido destacar algunas de naturaleza normativa o generales. Así, se ha sugerido, entre otras muchas:

En materia de bienestar social:

  • Que se reconozcan, a los residentes navarros en el exterior que retornan, los mismos derechos de acceso a las prestaciones sociales que los establecidos a los residentes en Navarra, con independencia del periodo de tiempo que lleven residiendo en la Comunidad Foral. Asimismo, que se eviten incrementos excesivos y desproporcionados en el precio público de las plazas de atención residencial, revisando a tal efecto los criterios de fijación de precios aprobados por acuerdo de la Agencia Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las Personas.
  • Que las revisiones al alza del grado de dependencia en ningún caso puedan determinar una reducción de la prestación económica vinculada al servicio, como ocurre por ejemplo con la residencial.
  • Que se estudie la situación general cada vez más creciente de las personas mayores de edad que viven solas en sus domicilios, sin un entorno familiar de apoyo, con muy limitados ingresos y que padecen cuadros de enfermedades crónicas y limitaciones que les impiden la realización de sus tareas diarias o cotidianas, para analizar y articular las medidas de respuesta que se consideren más adecuadas en orden a evitar la marginación y a conseguir que permanezcan en sus domicilios, más allá de lo que valoren los baremos oficiales de la dependencia.
  • Que, en las decisiones que afecten a los menores, se garantice el derecho de estos a ser oídos y se adopte la decisión que proceda y motivadamente, con arreglo a sólidos informes técnicos, profesionales o periciales.
  • Que se cree un área específica de atención al colectivo LGBTI, en línea con la voluntad expresada por la Resolución del Parlamento de Navarra del 21 de abril de 2016.

En materia de sanidad:

  • Que se aplique lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, de derechos y deberes de las personas en materia de salud en la Comunidad Foral de Navarra, y en el artículo único de la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce a las personas residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario de Navarra.
  • Que se apruebe lo antes posible un plan o programa sanitario y sociosanitario específico de actuación para las personas con enfermedades raras, como contempla el artículo 19 de la Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, de derechos y deberes de las personas en materia de salud.

En materia de acceso a un empleo público:

  • Que se revisen las medidas vigentes de acción positiva para posibilitar el acceso de las personas con discapacidad a la función pública, y las sustituya por otras más efectivas, procurando ser flexible en su aplicación.

En materia de función pública:

  • Que apruebe un plan de medidas para la mejora de la conciliación laboral en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

En materia de vivienda:

  • Que se modifique el Decreto Foral 25/2011, de 28 de marzo, por el que se regula el censo de solicitantes de vivienda protegida, a fin de que las personas separadas o divorciadas que se ven obligadas a salir de la vivienda familiar, al menos ordinariamente, puedan acceder a subvenciones al arrendamiento de vivienda protegida conforme a su renta.
  • Que se valore la adopción de alguna medida, como la habilitación de una nueva reserva de viviendas protegidas o el establecimiento de una puntuación específica en los baremos de acceso, para las familias monoparentales.

En materia de educación:

  • Que se modifique la reserva de plazas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad, fijando un porcentaje no inferior al 5%.
  • Que en las convocatorias generales de becas se valore el establecimiento de unos umbrales de renta distintos en función del lugar de residencia de los solicitantes, por cuanto el esfuerzo económico que debe hacer frente un estudiante que se tienen que desplazar dentro de Navarra a un municipio alejado para realizar sus estudios universitarios, es mayor que el de aquellos estudiantes que residen en el municipio donde se encuentra el centro universitario.

En materia de hacienda:

  • Que se impulse una modificación de la Ley Foral del IRPF, tendente a incluir expresamente en el listado de exenciones tributarias la prestación prevista en el artículo 135 quáter del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, dirigida a trabajadores que tenga hijos a su cargo y que, por cáncer u otra enfermedad grave, requieran un cuidado especial.
  • Que se corrija la aplicación del artículo 10.1 de la Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio, fundado en la anormal evolución de los valores de los inmuebles habida en los últimos años, de tal forma que se habilite la actualización a la baja del valor consignado, especialmente en aquellos casos en que los interesados hayan estado a las valoraciones administrativas realizadas en su día y estas hayan sido revisadas a la baja.

En materia de cultura:

  • Que se valore ampliar el horario de las bibliotecas, o de alguna de ellas, de forma que se garantice el servicio por las tardes con continuidad también en periodo de verano, y que se ofrezcan más horas de apertura durante sábados, domingos y festivos, con la intensidad que se determine.

En materia de tráfico:

  • Que se deje sin efecto el acto de retirada por la grúa municipal de vehículos estacionados en la zona de estacionamiento restringido o limitado de Pamplona, devolviendo las cantidades abonadas por la retirada, cuando los vehículos no obstaculicen el tráfico ni haya circunstancias especiales que hagan necesaria la retirada.

VIII. Consultas.

La Oficina de Atención Ciudadana de la institución ha recibido y atendido 910 consultas de los ciudadanos.

En primer lugar, han predominado las consultas en materia de bienestar social. Los ciudadanos han planteado consultas sobre la protección de menores, la renta de inclusión social (RIS) y la discapacidad.

El segundo grupo figura la educación, donde, principalmente, se presentaron consultas por la aplicación de los criterios establecidos por la Administración educativa para el acceso a centros escolares y a escuelas infantiles, sobre el acceso y la denegación de becas y ayudas, o su reintegro, y sobre la atención a alumnos con necesidades educativas especiales.

En tercer lugar, están las consultas relativas a la sanidad, donde el mayor número de consultas se refiere a la asistencia médica recibida y a la demora en la atención sanitaria y listas de espera.

Asimismo, se han planteado, por este orden de mayor a menor, consultas en las materias de: urbanismo, hacienda, seguridad social, medio ambiente, vivienda, consumo y justicia.

IX. Informes.

Los informes monográficos elaborados en el año 2016 han sido dos:

  • Uno, elaborado a iniciativa propia, sobre la acogida de personas refugiadas en Navarra.
  • Otro, elaborado a iniciativa de la Comisión de Peticiones del Parlamento de Navarra, sobre la adaptación de exámenes para las personas con discapacidad.

X. Administraciones no colaboradoras.

El informe se cierra con el capítulo de casos de Administraciones y autoridades menos colaboradoras, donde se citan cuatro administraciones y cinco casos: el Ayuntamiento de Cascante, el Ayuntamiento de Castejón, el Ayuntamiento de Huarte y el Ayuntamiento de Pamplona (este último, con dos casos), y se mencionan a algunas administraciones por su excesiva demora en la remisión de la petición de informe y en la remisión de la respuesta a la resolución emitida por esta institución, al haber sido necesario formular la petición hasta en cuatro o más ocasiones.

XI. Liquidación del presupuesto.

Por último, figura el anexo con la liquidación del presupuesto de la institución correspondiente a 2016.

XII. Despedida.

Concluyo ya. No me queda sino ponerme a su entera disposición para aclarar o completar las cuestiones que consideren oportunas, o para tratar de responder a las preguntas o reflexiones que tengan a bien a formularme.

Muchas gracias por su atención.

Eskerrik asko denei zuen adieragatik, eta beharrezkotzat hartzen duzuenerako zuen mesedetara jartzen naiz.

Pamplona-Iruña, 12 de abril de 2017.

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