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Pamplona-Iruña, 23 de septiembre de 2015
Muchas gracias, Señor Presidente, señorías, buenos días.
Eskerrik asko, lehendakari jauna, jaun-andreak, egun on denori.
Es para mí un honor comparecer, por primera vez en esta nueva legislatura, ante la Comisión de Régimen Foral, para presentar ante el Parlamento de Navarra el informe anual sobre la actividad que desarrolló durante el ejercicio 2014 la institución a la que represento.
Ohore handia da niretzako, lehen aldiz legegintzaldi honetan, Erregimen Foraleko Batzordearen aurrean agertzea, Nafarroako Parlamentuari ordezkatzen dudan instituzioaren 2014. urteko urtekaria aurkeztera.
Como sus señorías saben, la presentación del informe anual responde tanto a lo dispuesto en el artículo 18 ter de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, como a lo establecido en el artículo 36 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, reguladora del Defensor del Pueblo de Navarra. Ambos preceptos demandan que el Defensor del Pueblo o Ararteko, como alto comisionado del Parlamento de Navarra para la garantía de los derechos constitucionales, dé cuenta anualmente de su gestión ante la cámara.
Asimismo, esta última Ley Foral precisa que dicho informe se presente en el periodo ordinario de sesiones. Sin embargo, la disolución de la cámara el pasado mes de marzo para la convocatoria de elecciones al Parlamento de Navarra, obligó a posponer la presentación de este informe anual ante la Comisión de Régimen Foral hasta el actual periodo de sesiones, iniciado este mes de septiembre. Normalmente, es en los meses de abril o mayo de cada año cuando se viene presentando ante esta Comisión el informe anual de la institución.
No obstante, esta posposición temporal ofrece la ventaja de dar cuenta de la gestión efectuada al nuevo Parlamento de Navarra surgido tras las elecciones de mayo, y, de este modo, informar a la nueva cámara del trabajo realizado.
El informe general de 2014 da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Foral que regula la institución e incluye los contenidos y principales datos de la gestión realizada.
En el año 2014, la institución realizó 4.029 actuaciones, sin contar otros actos como entrevistas, reuniones o asistencia a actos institucionales o públicos.
Este número se desglosa en: 2.742 quejas presentadas, 1.223 consultas atendidas, 21 actuaciones o investigaciones de oficio gestionadas, y 30 propuestas de mejora de los servicios públicos gestionadas por los ciudadanos y encauzadas a los órganos de la Administración competente.
Entre quejas, consultas y propuestas de mejora de los ciudadanos, presentadas en 2014, se han acercado a la institución un total calculado de 11.494 personas. La cifra se elevaría a 35.135 si se sumasen las 23.641 personas que mostraron su disconformidad, a través de la plataforma change.org, con una concreta queja (la referida a la exposición “Regimiento de Cazadores de Montaña América 66. 1764-2014. Historia de 250 años de servicio a España”, celebrada en La Ciudadela, en un sala del Ayuntamiento de Pamplona).
La labor de supervisión que el Defensor del Pueblo de Navarra ha realizado sobre las Administraciones públicas de Navarra para la defensa y la mejora de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas se ha concretado en más de 631 investigaciones y en 326 resoluciones, que contienen 233 recomendaciones, 115 sugerencias y 84 recordatorios de deberes legales.
Es precisamente en estas cifras de investigaciones y de resoluciones donde se concreta y puede verse la función de control de la institución del Defensor del Pueblo de Navarra sobre las Administraciones públicas.
El contenido de las quejas presentadas por los ciudadanos en el año 2014 pone de manifiesto que sus preocupaciones o insatisfacciones se refieren a distintos temas de muy diversa índole.
Así, las once materias en las que más quejas se han recibido de los ciudadanos en este año de 2014 han sido, en orden descendente de mayor a menor, las de: memoria histórica, euskera, función pública, bienestar social, educación, sanidad, medio ambiente, hacienda, seguridad ciudadana, urbanismo y vivienda.
Por lo que se refiere a la primera de las materias, memoria histórica, se presentaron 1.618 quejas relativas a la citada exposición del Regimiento de Cazadores de Montaña, organizada por el Ministerio de Defensa y celebrada en una sala de la propiedad del Ayuntamiento de Pamplona, por entender los autores de las quejas que se vulneraba la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil o la dictadura, la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936, y la Ley Foral 24/2003, de 4 de abril, de Símbolos de Navarra. También se presentaron en esta materia quejas de falta de acreditación del tiempo transcurrido en el centro penitenciario de Pamplona o sobre el modo de obtener un permiso de exhumación.
En segundo lugar, se sitúan las quejas referentes al euskera, entre las que destacan las presentadas por vecinos de municipios pertenecientes a la zona vascófona (en concreto, de Basaburua) por haberse sustituido a la enfermera de la zona básica de salud de Ultzama que se había jubilado y que hablaba en euskera por otra que no conocía esta lengua.
Tanto en esta materia de euskera como en la anterior de memoria histórica la institución vela para que se garantice el cumplimiento de las leyes forales aprobadas por el Parlamento de Navarra y también para que se reconozcan los derechos de las personas interesadas.
La tercera posición la ocupan las quejas relativas a la función pública, que son aquellas quejas que se presentan por quienes ya son empleados públicos en sus relaciones funcionariales o laborales con las Administraciones Públicas de Navarra. Las quejas presentadas se refieren principalmente, a la falta de reconocimiento de determinadas retribuciones o al desacuerdo con determinadas condiciones laborales. Gran parte de las quejas se presentaron por funcionarios docentes y por empleados del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
En cuarto término, se sitúan las quejas referentes a asuntos sociales o políticas sociales. Este año, la mayor parte de las quejas recibidas ha tenido que ver con la denegación de la renta de inclusión social o con su cuantía (menor de la esperada por los beneficiarios) y también con el embargo de la prestación por diferentes Administraciones públicas, a pesar del carácter inembargable de esta prestación que le otorgó el Parlamento de Navarra. Esta última problemática nos ha llevado a reflexionar que es preciso adoptar algunas medidas para que se garantice la inembargabilidad de las ayudas ante cualesquiera acreedores, públicos y privados.
Otras quejas se han relacionado con la protección e integración de personas con discapacidad y la protección de la infancia y la adolescencia, donde hemos constatado una insuficiente dotación de los recursos públicos de protección al menor que debería subsanarse. Las familias de los menores también refieren que no se escucha realmente a los menores a la hora de tomar decisiones que les afectan personal y directamente, ni se tiene en cuenta realmente su interés ni la participación de estas.
En un quinto lugar, se sitúan las quejas de educación. Entre estas, destacan las quejas relacionadas con las tarifas de las escuelas infantiles de algunos municipios, que difieren dependiendo de si se es vecino o no del mismo, lo cual quiebra la igualdad en la prestación del servicio. Asimismo, se han presentado quejas relativas a la denegación de becas al estudio, el desacuerdo con determinado requisitos de las Becas Navarra-Prácticas Internacionales, o la falta de convocatoria de las “Becas Navarra Master”.
También se siguen presentando quejas por la inadmisión en el centro elegido por los padres como primera opción.
La sexta materia es la sanidad, donde siguen presentándose quejas relacionadas con las listas de espera, fundamentalmente en las especialidades de traumatología y oftalmología. Asimismo, se han presentado varias quejas que ponen de manifiesto el desacuerdo de pacientes con la atención clínica recibida, la falta de asistencia sanitaria inmediata y la desestimación sistemática de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por daños producidos en la atención médica. En aquellos casos de deficiente asistencia sanitaria, esta institución defiende que además de pedir las correspondientes disculpas al ciudadano, la Administración sanitaria debería revisar en profundidad la atención dispensada con el fin de poder mejorar en el futuro las actuaciones.
En medio ambiente destacan las quejas relacionadas con los ruidos por actividades de diversa índole y las molestias que padecen los ciudadanos en sus domicilios por la contaminación acústica de bajeras de jóvenes, negocios de hostelería, industrias, etcétera. Es este del ruido un problema que se percibe cada vez más con mayor sensibilidad por los ciudadanos. En estos casos, la institución recuerda a los municipios su deber legal de actuar eficazmente para garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos al descanso en sus domicilios frente a molestias indebidas, instándolas a que adopten medidas correctoras respecto a las actividades productoras de ruido. Asimismo, se han presentado quejas relativas a los residuos, la protección de los animales, la caza, la falta de participación efectiva en el Consejo Navarro de Medio Ambiente de las organizaciones ecologistas o la negativa a facilitar el derecho de acceso a la información ambiental.
En octavo lugar, figura la materia de hacienda. En esta materia han predominado las quejas referentes a los tributos de la Hacienda Foral de Navarra, fundamentalmente, las concernientes al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y al Impuesto sobre el Valor Añadido.
Entre las quejas sobre tributos locales, se siguen presentando las relacionadas con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por la peculiar y diferente regulación de Navarra, que perjudica al comprador, y con el incremento de la contribución urbana de Ayuntamientos tras la revisión de los valores catastrales en tiempos de depreciación del valor de inmuebles y viviendas.
La novena materia es seguridad ciudadana o interior. En esta materia, se han presentado varias quejas relacionadas con concretas actuaciones policiales, con problemas de la Administración penitenciaria y con juegos y espectáculos públicos. También se han presentado quejas en las que se critica el maltrato animal que conllevan los espectáculos taurinos. Con un carácter más particular, se ha denunciado el riesgo que la exposición a festejos organizados supone para los menores de edad.
En urbanismo, destacan las quejas referidas a la información urbanística, debido, bien a la falta de contestación de algunas Administraciones a las solicitudes que les formulan los ciudadanos, bien a la negativa de proporcionar dicha información amparándose erróneamente en la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal. Estas quejas y otras relacionadas con otras materias nos han hecho recordar a las Administraciones el derecho de acceso que las leyes reconocen ya a los ciudadanos para acceder a la información que obre en las entidades públicas sin necesidad de invocar un interés personal. Asimismo, se han presentado quejas que ponen de manifiesto la inactividad de los Ayuntamientos en adoptar medidas de protección de la legalidad ante los posibles incumplimientos de la normativa urbanística denunciados por los ciudadanos, o que expresan su disconformidad con el planeamiento o la gestión urbanística.
En vivienda, las quejas ponen de manifiesto la dificultad para acceder a viviendas de protección oficial, bien en propiedad, bien en arrendamiento, y la disconformidad con la denegación por el Departamento competente de la autorización para la firma de contratos de compraventa por diversos motivos mayormente económicos. También ponen de manifiesto la disconformidad con la denegación de las ayudas públicas al arrendamiento también por motivos económicos. En esta materia de vivienda, la institución del Defensor del Pueblo de Navarra viene poniendo un especial énfasis para que se impulse por los poderes públicos la cultura del alquiler y la ayuda pública al arrendamiento en función de la renta familiar.
El mayor número de las quejas presentadas en 2014 se formuló en relación con las distintas entidades locales y sus entes dependientes. En concreto, el 69% del total de las quejas se dirigieron contra ellas.
Dirigidas a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, incluyendo sus organismos públicos y sus sociedades públicas, se presentó el 24,4% del total de las quejas.
La institución ha realizado este año 17 actuaciones de oficio. Se trata de expedientes que abre el Defensor del Pueblo de Navarra a la vista de hechos que entiende que requieren una investigación o un posicionamiento de la institución en fase inicial o mediante una sugerencia a la Administración o al Parlamento de Navarra o mediante una petición de actuación a la Defensora del Pueblo en su ámbito de competencias.
De estas actuaciones de oficio, cuatro han versado sobre la sanidad, entre las que destacan la preocupación por: la no prestación de la asistencia sanitaria a españoles que residen más de noventa días en el extranjero, el cobro de asistencia sanitaria a inmigrantes y la demora en urgencias hospitalarias. La cuarta actuación se recoge en el Estudio sobre las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud, elaborado conjuntamente con los demás Defensores del Pueblo de España.
Tres actuaciones de oficio han versado sobre bienestar social: una, sobre la renta de inclusión social, solicitando una reconsideración de la ley foral ante las preocupaciones mostradas por Cáritas Diocesana, y otras dos sobre menores en situación de desprotección o conflicto social para evaluar su situación y los servicios que los atienden.
En materia de vivienda, se realizaron tres actuaciones referidas a desahucios, y otra, sobre la denegación de una subvención para el alquiler de una vivienda de alquiler social.
Se realizó una actuación en materia de deporte, relativa al cierre del Centro Recreativo Guelbenzu.
Asimismo, se realizaron otras actuaciones de oficio acerca de: la situación de la carretera N-121-A de Navarra y los accidentes de tráfico detectados a su paso por Bera; la supresión del transporte urbano público para el acceso al Hospital Reina Sofía; la emisión de un informe de la Guardia Civil que obra en poder del Gobierno de Navarra en relación con varias quejas referentes al IES Iturrama de Pamplona; la exclusión de la prestación de desempleo de los médicos internos residentes (MIR) extranjeros que trabajan en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea; y la repercusión en los ciudadanos usuarios del sistema gasista de los elevados gastos de indemnización por la renuncia de la concesión del almacén subterráneo de Gas Castor.
La institución realizó algunas aportaciones al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación y garantías de no repetición de desapariciones forzadas, ante la visita de este a España y la convocatoria de reunión efectuada por la Defensora del Pueblo.
Como en años anteriores, la institución ha valorado la situación de la infancia y la adolescencia en Navarra. No se trata de una valoración general o sociológica, sino dirigida a comprobar esa situación conforme a las exigencias que a las Administraciones públicas de Navarra les demanda la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia.
Con motivo de todas estas actuaciones de oficio, la institución formuló un recordatorio de deberes legales, cuatro sugerencias (de ellas, dos normativas) y dos recomendaciones, que constan en el informe.
El Defensor del Pueblo de Navarra también promueve la participación de los ciudadanos en la mejora de los servicios públicos, animándoles a que formulen propuestas que encauza a la Administración, en la medida de su razonabilidad apoya y, en todo caso, analiza.
Así, desde el año 2008, se han presentado ante el Defensor del Pueblo de Navarra 281 propuestas de mejora.
Las 28 propuestas que nos han llegado en 2014, han sugerido mejoras, en materias de hacienda, bienestar social, servicios públicos y garantías de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
Entre otras cuestiones, los ciudadanos han propuesto que: se establezca una reducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, referida a las cotizaciones a la Seguridad Social satisfechas en virtud de atención domiciliaria; que se incluya al colectivo de discapacitados en las tarifas reducidas del servicio de transporte urbano comarcal; o que se modifique la Ley Foral de Haciendas Locales, en lo que se refiere al límite de potencia fiscal para beneficiarse de la exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
También han propuesto que se lleven a cabo medidas concretas destinadas a favorecer la autonomía de las personas mayores; que se permita la utilización de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad en cualquier vehículo; que se modifique el límite de edad establecido para el acceso a los cuerpos de policías de Navarra en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; y que se establezca una exención en las tasas judiciales al colectivo de discapacitados, mediante su acceso directo a la asistencia jurídica gratuita.
La Oficina de Atención Ciudadana de la institución ha recibido y atendido 1.223 consultas de los ciudadanos.
Se trata de un área funcional puesta a disposición de los ciudadanos para facilitar su contacto directo con la institución, la exposición de sus quejas o la formulación de consultas acerca de cómo poder ejercer mejor sus derechos.
Es un servicio público muy útil para el ciudadano medio porque le orienta y le permite, en muchos casos, prevenir conflictos innecesarios por malos entendidos o de improbable éxito. Además, la atención que se da permite sacar a la luz diversos problemas sociales y personales que la presentación y tramitación de las quejas como tales no permiten apreciar en su verdadera dimensión.
Así, predominan, sobretodo, las consultas en materia de bienestar social. Los ciudadanos han planteado consultas sobre el ingreso y condiciones de estancia en centros y residencias, así como sobre las ayudas a la tercera edad y las pensiones asistenciales, ayudas a la discapacidad y enfermedad mental y también sobre cuestiones de accesibilidad y movilidad. Los continuos y farragosos cambios en los criterios económicos con los que se fijan los precios de las residencias y determinadas ayudas sociales, hacen que, en muchas ocasiones, los ciudadanos acudan a esta Oficina de Atención Ciudadana para obtener información y también ayuda que les permita cumplimentar ciertos trámites.
También pone de manifiesto esta Oficina los problemas relacionados con los menores de edad, un tema especialmente difícil y sensible. La mayoría de consultas relacionadas con estos menores se refieren a supuestos de desprotección o a la disconformidad con el trato que reciben cuando son ingresados en centros de observación y acogida.
Asimismo, se han presentado consultas relacionadas con la denegación de la renta de la inclusión social, la disconformidad con las cuantías asignadas y el improcedente embargo de la misma.
El segundo grupo de consultas es el relativo a la sanidad, donde, principalmente, se presentaron consultas relacionadas con la demora en recibir atención sanitaria (listas de espera) y con el desacuerdo de la asistencia sanitaria dispensada y las posibilidades de iniciar reclamaciones por dicha asistencia.
También se han planteado numerosas consultas relacionadas con el derecho de acceso a la información pública. Lamentablemente, se ha podido apreciar que este derecho se niega o dificulta con cualquier justificación, por lo que, a criterio de esta institución, se debería formar a los funcionarios públicos, de tal forma que conozcan la normativa de este derecho y lo reconozcan a los ciudadanos de una forma efectiva y fácil.
Asimismo, se han seguido presentando consultas relativas al derecho a obtener una respuesta por escrito y en plazo establecido, el derecho a ser tratado adecuadamente por el personal al servicio de las Administraciones, etcétera.
Los informes monográficos elaborados en el año 2014 han sido cinco:
- Tres de ellos elaborados a iniciativa de la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra:
Uno, sobre las responsabilidades del Gobierno de Navarra y de la Consejera de Salud por incumplimiento de la Ley Foral 2/2013, de 14 de febrero, de atención sanitaria continuada y urgente de Navarra y sus consecuencias jurídicas;
Otro, sobre el Plan de Medidas del Gobierno de Navarra de Navarra para el Control de la Renta de Inclusión Social (RIS) y Lucha contra el Fraude;
Y el tercero, sobre la situación de la atención que se presta, desde todo el sistema de protección de Servicios Sociales, a la infancia y a la adolescencia en dificultad social.
- Dos, a iniciativa del Ayuntamiento de la Cendea de Galar, el primero, sobre la legalidad de aprobar una ordenanza municipal para otorgar subvenciones a empresas que contraten desempleados vecinos del municipio de Galar, y el segundo, sobre si estas ayudas municipales a los vecinos desempleados que se contraten por empresas pueden ser discriminatorias por razón de la vecindad administrativa en relación con los municipios que no las otorgan o las otorgan en cuantía inferior. En ambas cuestiones se informó que era posible la concesión de las ayudas y que no existía discriminación.
Este ha sido el resumen del informe anual correspondiente a 2014, en el que he intentado reflejar los aspectos más significativos de la actividad de la institución; informe que espero pueda ser de utilidad tanto para el Parlamento de Navarra como para las Administraciones públicas de Navarra en sus distintas responsabilidades y actividades.
La actuación desplegada en 2014 a través de la atención de las quejas, las consultas y las propuestas de mejora que presentan los ciudadanos, nos ha permitido constatar la demanda social de los ciudadanos de Navarra para que los poderes públicos y las autoridades que los representan les reciban, escuchen y ayuden a resolver sus problemas de la forma más rápida posible.
Quien les habla está convencido de que uno de los grandes retos del futuro inmediato, que habrá que abordarse sin falta, será el de construir “una nueva forma y cultura de Administración”, que se traduzca en una Administración para el ciudadano, más próxima, receptiva, empática y conciliadora con él, más eficaz para atender y solventar sus problemas, más volcada hacia el exterior que hacia su interior, menos formalista, y más preocupada en velar por los derechos de los ciudadanos y garantizar los servicios públicos necesarios que en reducirlos o limitarlos. El verdadero cambio vendrá, entre otras cosas, de quienes mejor defiendan y ayuden a sus ciudadanos en sus problemas diarios y más eficazmente gestionen sus intereses y preocupaciones.
No me queda sino ponerme a su entera disposición para aclarar o completar las cuestiones que consideren oportunas, o para tratar de responder a las preguntas o reflexiones que tengan a bien a formularme.
Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Eskerrik asko denei zuen adieragatik, eta beharrezkotzat hartzen duzuenerako zuen mesedetara jartzen naiz.
Francisco Javier Enériz Olaechea
Defensor del Pueblo de Navarra
Nafarroako Arartekoa
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