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El Defensor del Pueblo de Navarra expone ante el Pleno del Parlamento de Navarra el informe anual correspondiente a su actividad en 2016.

11 mayo 2017

COMPARECENCIA ANTE EL PLENO DEL PARLAMENTO DE NAVARRA

INFORME ANUAL 2016

1. Presentación.

Muchas gracias, señora Presidenta del Parlamento de Navarra, señora Presidenta del Gobierno de Navarra, señorías, buenos días.

Eskerrik asko, Nafarroako Parlamentu Lehendakari andrea, Nafarroako Gobernuko Lehendakari andrea, jaun-andreak, egun on denori.

Tengo el honor de comparecer ante el Pleno del Parlamento de Navarra, para exponer un resumen del informe de la institución del Defensor del Pueblo de Navarra correspondiente al año 2016.

El informe aparece publicado en el Boletín Oficial del Parlamento y expuse un resumen algo más detalladamente el pasado día 12 de abril ante la Comisión de Régimen Foral.

En aras de la brevedad, resumiré la exposición en algunos pocos datos.

Durante el año 2016, la institución:

  • Recibió 830 quejas de los ciudadanos.
  • Atendió 910 consultas.
  • Realizó 35 actuaciones de oficio.
  • Recibió 13 propuestas de los ciudadanos sobre los servicios públicos o la normativa vigente.
  • Y elaboró 2 informes, uno de ellos a petición de la Comisión de Peticiones del Parlamento de Navarra, sobre la adaptación de exámenes para las personas con discapacidad, y otro a iniciativa propia, sobre la acogida de personas refugiadas en Navarra.

En su conjunto, la actividad de la institución se elevó a 1.965 actuaciones y el número de personas que mantuvieron contacto con la oficina se calcula en 11.617 personas.

La institución realizó 677 investigaciones en su función de supervisión de la actividad de las Administraciones públicas y emitió 362 resoluciones, que contienen 235 recomendaciones, 121 recordatorios de deberes legales, 84 sugerencias y 47 sugerencias normativas.

2. Quejas de los ciudadanos.

El número de quejas presentadas en 2016, es inferior al de las quejas presentadas en 2015, que fueron 1.546, lo que representa un descenso del 46,3%. Sin embargo, si se tiene en cuenta el número de expedientes a que han dado lugar las quejas (un mismo expediente puede acumular varias quejas iguales o conexas), en 2015 se abrieron 810 expedientes de queja, mientras que en 2016 el número fue de 830: el número es similar o incluso un poco mayor que el año anterior.

El detalle de las quejas figura en el capítulo segundo del informe.

En orden descendente de mayor a menor, las doce materias en las que más quejas se han recibido han sido las de: función pública, bienestar social, educación, acceso a un empleo público, sanidad, medio ambiente, hacienda, urbanismo, tráfico, seguridad ciudadana, vivienda, y justicia.

Por lo que se refiere a la primera de las materias, función pública, destacan las quejas que solicitaban el pago de los meses de julio y agosto al personal docente contratado administrativo con carácter temporal, las que exponen las dificultades del personal sanitario para conciliar su vida familiar y laboral, las que muestran la disconformidad de la falta de reconocimiento de determinados complementos y retribuciones a algunos funcionarios públicos, así como las que se refieren a la falta de adopción de medidas ante situaciones de acoso laboral.

En segundo lugar, se sitúan las quejas referentes a bienestar social. De ellas, destacan las relacionadas con la protección a la infancia y la adolescencia, el desamparo de menores, la custodia entre progenitores separados, y el régimen de funcionamiento de los centros de observación y acogida (COA) y del centro de cumplimiento de medidas judiciales de Ilundáin.

Asimismo, se han presentado quejas relacionadas con la denegación de la renta de inclusión social (RIS), la demora en su concesión o renovación, y con su embargo, a pesar del carácter inembargable de esta prestación pública básica.

La tercera posición la ocupan las quejas relativas a educación, entre las que destacan las relacionadas con el proceso de admisión en centros y especialidades escolares solicitadas, las relacionadas con la enseñanza en inglés, las relativas a la atención de alumnos con necesidades educativas especiales y la relativa al régimen de nueva convocatoria de becas.

En cuarto término, se sitúan las quejas sobre el acceso a un empleo público, que son las que presentan los ciudadanos que aspiran a acceder a un empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Las quejas se refieren, principalmente, a la gestión de las listas de aspirantes a la contratación temporal, otras expresan el desacuerdo con la modificación de la prioridad de las personas con discapacidad en los listados de contratación, y otras se relacionan con las bases de una convocatoria para la constitución, a través de pruebas selectivas, de dos relaciones de aspirantes al desempeño de puestos de trabajo de Titulado Superior, en orden a la cobertura de las necesidades que se produzcan en el organismo autónomo Servicio Navarro de Empleo/Nafar Lansare, por no contemplar la Licenciatura en Ciencias del Trabajo y Sociología.

En un quinto lugar, se sitúan las quejas de sanidad, entre las que destacan las presentadas por ciudadanos que no están conformes con la atención clínica recibida, las relacionadas con las listas de espera (sobre todo, en el área de rehabilitación), o las relativas a la denegación de las prestaciones sanitarias y al reintegro de gastos.

La sexta materia es medio ambiente, donde continúan predominando las quejas relacionadas con los ruidos por actividades de diversa índole, en especial, por bajeras de jóvenes, negocios de hostelería e industrias. También se siguen presentado quejas por la denegación de información ambiental, la limitación de la participación ciudadana y la instalación de velatorios en los bajos de edificios residenciales en varias localidades navarras.

En hacienda, predominan las quejas relacionadas con la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la contribución urbana y con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (alguna de las quejas plantea el porqué del impuesto cuando lo que ha habido no han sido incrementos del valor del terreno, sino decrementos por razón de la crisis, planteamiento luego ratificado por el Tribunal Constitucional en 2017).

En octavo lugar, figura la materia de urbanismo, donde, al igual que otros años, destacan las quejas referentes a la denegación o pasividad en la tramitación de modificaciones de planeamiento de iniciativa particular, la inactividad de algunos municipios en la adopción de medidas de protección de la legalidad ante los posibles incumplimientos de la normativa urbanística denunciados por los ciudadanos, y también algunas quejas relacionadas con la ejecución urbanística.

En noveno lugar, se sitúa la materia de tráfico, en donde destacan las quejas presentadas por ciudadanos disconformes con las multas que se les han impuesto y con el funcionamiento tan riguroso y caro del servicio de la grúa municipal en las zonas de estacionamiento restringido o limitado de Pamplona.

En décimo lugar, se sitúa la materia de seguridad ciudadana, donde destacan las quejas presentadas por el trato inadecuado dispensado a los ciudadanos por agentes de diferentes cuerpos policiales y a los internos por algunos funcionarios del centro penitenciario de Pamplona.

En undécimo lugar, se sitúa la materia de vivienda, cuyas quejas se refieren, principalmente, a la dificultad de acceso por los ciudadanos a las viviendas en régimen de alquiler, entre otros motivos, por la escasez de una oferta suficiente y la gran demanda existente, a los desperfectos en viviendas protegidas y a las dificultades para acceder a otras viviendas protegidas que se adecúen mejor a las necesidades familiares.

La duodécima posición la ocupa la materia de justicia, donde destacan las quejas presentadas por ciudadanos que consideran que ha habido dilaciones en los procesos judiciales que han planteado, las quejas relacionadas con la denegación de la asistencia jurídica gratuita y las quejas por disconformidad con las resoluciones judiciales que les afectan.

3. Actuaciones de oficio.

La institución realizó en 2016 35 actuaciones de oficio:

Siete versaron sobre bienestar social. Entre ellas, destacan las visitas realizadas a un piso de protección de menores, a un centro de discapacidad intelectual y a un centro residencial para personas con trastorno mental grave. También se han realizado actuaciones sobre el adelanto de la Renta Garantizada y de las ayudas de emergencia por parte de Cáritas. En esta materia, se incluye la declaración de Defensores del Pueblo sobre la catastrófica situación humanitaria en Siria.

Tres actuaciones de oficio han versado sobre sanidad: una, sobre la atención a personas con enfermedades raras; otra, sobre la aplicación efectiva de la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce a las personas residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario de Navarra; y otra, sobre la demora en la realización de ecografías en el turno de noches del servicio de urgencias.

En materia de medio ambiente, se han realizado tres actuaciones de oficio: destacando, una, sobre falta de elaboración del plan de mejora de calidad del aire en la Ribera de Navarra; y otra, sobre la no aprobación del mapa de ruidos por ejes viarios y ferroviarios.

Otras tres actuaciones han versado sobre el tráfico y la seguridad vial: una, sobre la circulación de bicicletas por las aceras de Pamplona-Iruña; otra, sobre la escasez de examinadores en la Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra; y la tercera, por atropellos en el barrio de Ermitagaña de Pamplona-Iruña.

Asimismo, se realizaron otras tres actuaciones de oficio sobre Derecho civil foral: una, acerca del reconocimiento del hijo por progenitores; otra, sobre la pérdida del usufructo de fidelidad por falta de inventario; y la tercera, sobre la capacidad dispositiva del testador en caso de matrimonio en segundas nupcias. Todas ellas ponen de manifiesto la necesidad de revisar el Fuero Nuevo en profundidad.

Entre el resto de las actuaciones de oficio, se pueden citar:

  • La necesidad de actuar mejor en la muerte de un menor tras sufrir acoso escolar.
  • La construcción de un edificio escolar en Mutilva (Valle de Aranguren).
  • El proceso de participación pública en la creación de una Banca Pública de Navarra.
  • La selección de directores en centros escolares conforme a la normativa y el procedimiento ordinario.
  • La terminación del régimen de protección de promociones de viviendas de alquiler y el problema generado con esa conclusión.
  • El reconocimiento de estudios realizados en el modelo D como equivalente al nivel B2, a efectos de convocatorias de empleo público.
  • La protección del lugar de la Batalla de Noáin, al correr riesgo de su urbanización por polígonos industriales.
  • El traslado de los presos navarros que lo soliciten al centro penitenciario de Pamplona.
  • La muerte de un detenido en dependencias policiales, hecho del que se dio traslado a la Defensora del Pueblo y que esta analizó.
  • La detención por las autoridades griegas de una ciudadana navarra cooperante, por trasladar en una caravana a ocho personas refugiadas.
  • La situación de colapso en la oficina del DNI de Pamplona.
  • La necesidad de modificar la Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra en lo referido a la exención del Impuesto de Circulación a vehículos de discapacitados.
  • También, como en años anteriores, la institución ha valorado la situación de la infancia y la adolescencia en Navarra. Los datos ponen de manifiesto que, en 2016, en términos generales, ha crecido la actividad del sistema de protección de menores.

Son más los menores atendidos por dicho sistema (1.446 menores en 2016) y, asimismo, son más los casos en que la protección exige medidas de intervención intensas, como la asunción de la guarda (739 menores) o la tutela (253 menores).

Se aprecia asimismo un incremento de las cifras de menores en situación de conflicto social (728 menores) o sujetos al sistema de reforma (39 menores).

También se observan dificultades para que los menores en situaciones de riesgo o de desamparo sean atendidos, una vez asumida la guarda por la Administración, mediante acogimientos familiares (el porcentaje de estos ha bajado del 54,6% al 45,7% en un año), con el consiguiente incremento de las situaciones de institucionalización, que las leyes quieren minimizar.

4. Propuestas de los ciudadanos para la mejora de los servicios públicos.

Desde el año 2008, la institución promueve la participación de los ciudadanos en la mejora de los servicios públicos. Así, desde el año 2008, los ciudadanos han presentado 300 propuestas de mejora. De ellas, trece corresponden al año 2016.

Entre otras cuestiones, los ciudadanos han propuesto en 2016 que:

  • Se valore la circunstancia de la discapacidad en los procedimientos de promoción interna, definitiva o temporal, de funcionarios.
  • Se adopten medidas normativas de apoyo a las familias monoparentales.
  • Se otorgue preferencia en la contratación temporal de docentes a aquellos que posean formación pedagógica y didáctica.
  • Se modifiquen determinados aspectos relativos al sistema de compensación urbanística.
  • Se modifique la redacción de una Resolución del Parlamento de Navarra por la que se instaba al Gobierno de Navarra a activar un protocolo sanitario de actuación sobre fibromialgia y fatiga crónica.
  • Se utilicen formas alternativas de comunicación a los pacientes que se encuentran en lista de espera para ser intervenidos quirúrgicamente.
  • Se abra un nuevo plazo para poder cambiarse del sistema de Montepíos de las Administraciones públicas al sistema de derechos pasivos previsto en la Ley Foral de 2003, sobre el régimen transitorio de los derechos pasivos del personal de los Montepíos de las Administraciones Publicas de Navarra.
  • Se incluya la bibliografía del temario en las bases de las convocatorias de las oposiciones del puesto de trabajo de Bombero al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

5. Recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales.

Como se ha señalado, en el año 2016, la institución formuló 446 recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales.

Entre las recomendaciones y sugerencias realizadas, me he permitido destacar algunas de naturaleza normativa o generales. Así, se ha sugerido, entre otras muchas:

En materia de bienestar social:

  • Que se eviten incrementos excesivos y desproporcionados en el precio público de las plazas de atención residencial, revisando a tal efecto los criterios de fijación de precios aprobados por acuerdo de la Agencia Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las Personas.
  • Que las revisiones al alza del grado de dependencia en ningún caso puedan determinar una reducción de la prestación económica vinculada al servicio, como ocurre por ejemplo con la residencial.
  • Que se estudie la situación general cada vez más creciente de las personas mayores de edad que viven solas en sus domicilios, sin apoyo familiar, con muy limitados ingresos y que padecen cuadros de enfermedades crónicas y limitaciones.
  • Que, en las decisiones que afecten a los menores, se garantice el derecho de estos a ser oídos y se adopte la decisión que proceda y motivadamente, con arreglo a sólidos informes técnicos, profesionales o periciales.
  • Que se cree un área específica de atención al colectivo LGBTI, en línea con la voluntad expresada por la Resolución del Parlamento de Navarra del 21 de abril de 2016.
  • En materia de sanidad:
  • Que se apruebe un plan o programa sanitario y sociosanitario específico de actuación para las personas con enfermedades raras.
  • En materia de acceso a un empleo público:
  • Que se revisen las medidas vigentes de acción positiva para posibilitar el acceso de las personas con discapacidad a la función pública, y las sustituya por otras más efectivas, procurando ser flexible en su aplicación.
  • En materia de función pública:
  • Que apruebe un plan de medidas para la mejora de la conciliación laboral en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
  • En materia de vivienda:
  • Que se modifique el Decreto Foral 25/2011, de 28 de marzo, por el que se regula el censo de solicitantes de vivienda protegida, a fin de que las personas separadas o divorciadas que se ven obligadas a salir de la vivienda familiar, al menos ordinariamente, puedan acceder a subvenciones al arrendamiento de vivienda protegida conforme a su renta.
  • Que se valore un mayor apoyo a las familias monoparentales.
  • En materia de educación:
  • Que se modifique la reserva de plazas en las enseñanzas de formación profesional para el alumnado con discapacidad, fijando un porcentaje no inferior al 5%.
  • Que en las convocatorias generales de becas se valore el establecimiento de unos umbrales de renta distintos en función del lugar de residencia de los solicitantes, por cuanto el esfuerzo económico que debe hacer frente un estudiante que se tienen que desplazar dentro de Navarra a un municipio alejado para realizar sus estudios universitarios, es mayor que el de aquellos estudiantes que residen en el municipio donde se encuentra el centro universitario.
  • En materia de hacienda:
  • Que se corrija la aplicación del artículo 10.1 de la Ley Foral del Impuesto sobre el Patrimonio, fundado en la anormal evolución de los valores de los inmuebles habida en los últimos años, de tal forma que se habilite la actualización a la baja del valor consignado, especialmente en aquellos casos en que los interesados hayan estado a las valoraciones administrativas realizadas en su día y estas hayan sido revisadas a la baja.
  • En materia de cultura:
  • Que se valore ampliar el horario de las bibliotecas, o de alguna de ellas, de forma que se garantice el servicio por las tardes con continuidad también en periodo de verano, y que se ofrezcan más horas de apertura durante sábados, domingos y festivos, con la intensidad que se determine.

6. Consultas.

La Oficina de Atención Ciudadana de la institución ha recibido y atendido 910 consultas de los ciudadanos.

En primer lugar, han predominado las consultas en materia de bienestar social. Los ciudadanos han planteado consultas sobre la protección de menores, la renta de inclusión social (RIS) y la discapacidad.

El segundo grupo figura la educación, donde, principalmente, se presentaron consultas por la aplicación de los criterios establecidos por la Administración educativa para el acceso a centros escolares y a escuelas infantiles, sobre el acceso y la denegación de becas y ayudas, o su reintegro, y sobre la atención a alumnos con necesidades educativas especiales.

En tercer lugar, están las consultas relativas a la sanidad, donde el mayor número de consultas se refiere a la asistencia médica recibida y a la demora en la atención sanitaria y listas de espera.

7. Despedida.

Señorías, este ha sido un resumen del informe anual correspondiente a 2016, en el que he intentado reflejar los aspectos más significativos de la actividad de la institución. En todo caso, estoy a su disposición para cualquier aclaración o sugerencia que me quieran formular y que nos permita servir mejor a nuestros conciudadanos.

Muchas gracias por su atención y su consideración.

Berriz eskerrik asko denei zuen adieragatik, eta beharrezkotzat hartzen duzuenerako zuen mesedetara jartzen naiz.

Francisco Javier Enériz Olaechea

Defensor del Pueblo de Navarra

Nafarroako Arartekoa

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