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Francisco Javier Enériz Olaechea ha expuesto ante la Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra el informe especial sobre la actuación de las Administraciones públicas en materia de menores, cuyo objetivo fundamental consiste en evaluar cómo se ejerce la función pública de protección de los menores en Navarra.
El informe analiza, en primer lugar, si las Administraciones Públicas de Navarra realizan de forma adecuada las actividades necesarias de prevención y detección de las situaciones en que se produce una conculcación en los derechos de los menores (violencia física, abandono físico o emocional, etc.).
De una forma más particular, con estas actuaciones se pretende comprobar: la existencia y adecuación de los procedimientos, instrucciones o protocolos de actuación a seguir en estos casos; la adecuada coordinación de los diferentes servicios o estamentos que pueden verse implicados (servicios sociales, educativos, sanitarios, policiales, etc.); el sistema de información estadística, control y evaluación y la dotación y suficiencia de medios.
El segundo objetivo del informe es evaluar la actividad desarrollada por dichas Administraciones a lo largo de la intervención o procedimiento de protección, como son: la fase investigadora y de instrucción o el sistema de adopción de decisiones; la existencia de criterios técnicos, protocolos, etc., para la toma decisiones; la planificación en la aplicación y ejecución de las medidas de protección; el seguimiento de las medidas, apoyo técnico, medios y planes que se llevan a cabo, en diversos ámbitos como pueden ser la intervención familiar, el acogimiento familiar, residencial y el control y evaluación de los servicios.
No se han abordado en este informe otras problemáticas específicas que afectan igualmente a los menores, como es el caso de aquellos con medidas judiciales penales, o el caso de los menores extranjeros no acompañados, o lo relacionado con los procesos de adopción internacional.
Este informe se ha elaborado a partir de datos obtenidos, fundamentalmente, durante el segundo semestre del 2006, periodo en que, por parte de la Dirección General de Familia del entonces Departamento de Bienestar Social se estaba preparando la evaluación del periodo 2005-2006 y la evaluación global del "Plan de Atención a la Infancia y Adolescencia en Navarra".
El informe se estructura en nueve puntos. En los dos primeros se explican las razones que justifican su realización, objetivos y alcance. El tercero y el cuarto abordan aspectos de metodología. El quinto trata extensamente el marco normativo y los derechos de la infancia. El sexto analiza la red de protección pública a la infancia y a la adolescencia tanto en la red primaria como en la red especializada. Los capítulos séptimo y octavo se ocupan de describir y analizar las medidas de prevención e intervención primaria y la actuación administrativa ante situaciones de desprotección grave. El noveno y último recoge las conclusiones y recomendaciones.
La actuación de las Administraciones Públicas de Navarra en lo relativo a la protección de los menores puede considerarse, en términos generales, -según palabras del propio Defensor del Pueblo- de razonablemente suficiente y positiva.
Existen, como en otras muchas áreas de la acción pública, aspectos mejorables, pero no por ello puede caerse en la injusta apreciación de que, en una visión de conjunto, la función pública de la protección al menor en Navarra es negativa o insuficiente.
Destacó Enériz que, entre los aspectos mejorables figuran, en especial, la necesidad de dotar con más recursos humanos a las unidades administrativas encargadas directamente del llevar a cabo el impulso y gestión de la protección del menor en todo el territorio de la Comunidad Foral, especialmente al actual Servicio de Promoción, Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia del Departamento de Asuntos Sociales, con particular hincapié en el ámbito de las intervenciones ante las situaciones de desprotección.
Asimismo, debe acelerarse la implantación de los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia; al igual que deben también mejorarse los aspectos relacionados con la eficiente ejecución del presupuesto asignado a los planes y programas establecidos para la protección del menor, con objeto de asegurar que se alcanzan, finalmente, los objetivos inicialmente previstos.
También deben ser mejorados los procedimientos administrativos de participación y audiencia reales (no sólo jurídico-formales) de todos los sujetos afectados: desde el menor a sus padres, pasando por los profesionales más directamente implicados (trabajadores sociales, educadores, psicólogos y, en su caso, médicos).
De igual forma, se hace necesaria la mejora en la coordinación de todos los servicios públicos que trabajan alrededor o con motivo de la protección del menor.
Finalmente, se sugiere la incorporación de técnicas de evaluación de la política pública de protección del menor y de mejora de la calidad de los servicios públicos, así como la elaboración y ejecución de un plan específico de inspecciones anual sobre las situaciones en las que pueda detectarse un mayor riesgo para los derechos fundamentales del niño y del adolescente.
El Defensor realizó también algunas recomendaciones particulares al Departamento de Asuntos Sociales de Gobierno de Navarra, tales como: impulsar el desarrollo reglamentario de la Ley Foral del Menor o la elaboración de un nuevo Plan de Atención a la Infancia y a la Adolescencia.
Asimismo, entre estas recomendaciones destaca la continuación con el apoyo a las familias acogedoras de menores; acelerar la construcción del Centro de cumplimiento de medidas judiciales de Navarra; dotarse de mejores medios para ampliar el número de familias atendidas; regular los centros de acogimiento residencial y los puntos de encuentro; apoyar a las asociaciones sin ánimo de lucro; integrar a los jóvenes provenientes de centros de menores en el mundo laboral cuando cumplan los 18 años y continuar con el recurso de menores extranjeros no acompañados que llegan a las Islas Canarias, así como elaborar y ejecutar un plan de inspección para garantizar que no se vulneran los derechos de los menores.
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