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El Defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz Olaechea, se ha pronunciado sobre una queja formulada por un representante de la Red de ONGs navarras contra la pobreza, acerca del destino del porcentaje del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas a "otros fines de interés social" que los contribuyentes eligen en la declaración del impuesto.

En la queja se señala que, desde el año 1987, en Navarra, tanto si el contribuyente decide destinar el porcentaje de su declaración del IRPF a fines sociales, como si decide destinarlo al sostenimiento de la Iglesia Católica o a ambos, en realidad es como si no lo hiciera, ya que la totalidad de los fondos van destinados a incrementar las arcas forales.

La queja también expone que, por los acuerdos entre el Estado y la Conferencia Episcopal, la Iglesia Católica no ve reducidos sus ingresos en Navarra al compensar el Estado la diferencia entre lo recaudado y lo acordado, algo que no ocurre si se opta por la casilla de "otros fines de interés social".

La cuestión se agrava al imposibilitar el Estado a las ONGs navarras participar en las convocatorias ministeriales de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF por estar radicadas en Navarra, ya que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales considera que la Comunidad Foral ha dispuesto de tiempo suficiente para regular el destino concreto del dinero a fines sociales.

El Defensor solicitó un informe al Departamento de Economía y Hacienda sobre esta cuestión. El Departamento informó que la Iglesia Católica se financia por el Estado, y no por Navarra, con una cuantía equivalente a la que han declarado los contribuyentes, incluidos los navarros, que optan por esta forma de financiación.

Para ello se indica en los impresos de declaración de la Renta, también en los aprobados por la Hacienda de Navarra, una casilla que permite al contribuyente manifestar su voluntad de financiar a la Iglesia Católica.

Sin embargo, en el caso de la opción por el contribuyente navarro de la casilla correspondiente a "otros fines de interés social", la cuantía resultante de la elección entra a formar parte directa del conjunto de ingresos de la Hacienda Foral, por lo que no va destinada a ningún fondo específico que financie proyectos concretos de interés social. Como consecuencia, las ONGs navarras no pueden participar en convocatorias para la concesión de subvenciones con cargo a un fondo específico derivado de la opción elegida por el contribuyente, ya que ese fondo no existe en Navarra.

Esto provoca que la ONG's de Navarra no puedan acceder al fondo estatal por estar radicadas en la Comunidad Foral, ni tampoco a un fondo específico de Navarra similar, ya que este no está creado.

El Defensor del Pueblo de Navarra considera que el contribuyente navarro, al marcar la casilla, entiende que está destinando su dinero al fin que elige: Iglesia Católica u otros fines de interés social, cuando lo cierto es que el porcentaje de la casilla se integra en la Hacienda Foral como un ingreso general más. Así, la institución aprecia que, de un lado, existe una discordancia entre lo que Hacienda le informa al ciudadano y la posterior actuación de la Administración Foral; y, por otro, que se discrimina a las entidades sociales de Navarra con respecto a las del resto del Estado.

Esta situación lleva al Defensor a sugerir al Gobierno de Navarra que proponga al Parlamento de Navarra una modificación de la legislación tributaria para que la elección realizada por el contribuyente integre un fondo específico destinado a fines concretos de interés social. Posteriormente, ese fondo se distribuiría por la Administración Foral entre, por ejemplo, las ONGs de Navarra, del mismo modo que hoy en día hace el Estado. Todo ello al márgen de las convocatorias generales de subvenciones a ONGs que instrumenta el Departamento de Asuntos Sociales con cargo a los presupuestos Generales de Navarra.