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En los últimos días han aparecido en los medios de comunicación diversas noticias relativas al informe elaborado por el Defensor del Pueblo designado por las Cortes Generales, sobre los Centros de Protección de Menores con Trastornos de Conducta y en Situación de Dificultad Social. En dicho informe, referido al ámbito del conjunto del Estado, se ponen de manifiesto y denuncian determinadas actuaciones vulneradoras de derechos de los menores, seguidas por algunos centros que prestan servicios a este colectivo.

Ante la alarma social que se haya podio crear en nuestra Comunidad, procede señalar que el Defensor del Pueblo de Navarra presentó en el último año ante el Parlamento de Navarra dos informes especiales atinentes a la protección y derechos de los menores, titulados, respectivamente, La actuación de las Administraciones Públicas de Navarra en materia de protección de menores y La Situación de los Menores Extranjeros no Acompañados en Navarra. En ambos informes, si bien se apuntaban aspectos susceptibles de mejora en la actuación administrativa y se formulaban las correspondientes sugerencias y recomendaciones, no se apreciaban en nuestro ámbito situaciones de vulneración de derechos como las denunciadas por el Defensor del Pueblo estatal. Al contrario, se constataba que la atención pública prestada a nuestros menores, tanto directamente por las Administraciones Públicas de Navarra, como a través de las entidades gestoras de centros y servicios, cabía ser calificada, en términos generales, de muy positiva.

Como muestra de ello, recientemente, el Defensor del Pueblo de Navarra ha tenido oportunidad de supervisar el centro "Haritz Berri", gestionado por la Fundación Ilundáin, que acoge a menores sujetos a medidas judiciales, es decir, sometidos a control judicial por actuaciones de mayor peligrosidad, y que funciona bajo la supervisión del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte del Gobierno de Navarra, de la Fiscalía de Menores y de esta Institución. Lejos de prácticas represivas y lesivas de los derechos de los menores, el centro se orienta constructiva y educativamente a la inserción social y laboral de los menores, prestándose el servicio de forma muy avanzada socialmente, aspecto éste resaltado por la inmensa mayoría de los propios interesados.

Evidentemente, todos los poderes públicos y entidades colaboradoras en el ámbito de la protección de los derechos de los menores hemos de procurar, desde nuestras respectivas responsabilidades, mejorar nuestra atención hacia ellos y, especialmente, la de aquéllos en situación de desprotección o conflicto social, habiendo al mismo tiempo de mantener una actitud vigilante y crítica, sin caer en la autocomplacencia. Ello no obstante, justo es reconocer el trabajo en nuestra Comunidad del Gobierno de Navarra y de las entidades colaboradoras, cuya actuación en esta materia viene desarrollándose, en términos generales, muy satisfactoriamente, a juicio de esta Institución. No se aprecian, pues, en Navarra vulneraciones sistemáticas de los derechos de los jóvenes, sino que, contrariamente, se encauza la actuación pública y social hacia su reeducación y reinserción sociolaboral.