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El Defensor del Pueblo de Navarra comparece ante el Pleno del Parlamento de Navarra para hacer entrega del Informe Anual 2014.

08 octubre 2015

COMPARECENCIA ANTE EL PLENO DEL PARLAMENTO DE NAVARRA

INFORME ANUAL 2014

8 de octubre de 2015

Presentación.

Muchas gracias, señora Presidenta del Parlamento de Navarra, señora Presidenta del Gobierno de Navarra, señorías, buenos días.

Eskerrik asko, Lehendakari andrea, jaun-andreak, egun on.

Es un honor para mí, como comisionado del Parlamento de Navarra, poder comparecer ante el Pleno por primera vez en esta nueva legislatura y exponerles una síntesis del informe anual de la institución del Defensor del Pueblo de Navarra correspondiente al año 2014.

Ohorea da niretzat, legegintzaldi berri honetan, Nafarroako Parlamentuko ordezkari moduan, Osoko Bilkuran lehen aldiz agertzea eta 2014ko Nafarroako Arartekoa Instituzioaren urtekariaren laburpena aurkeztea.

Como parte de ustedes saben, ya tuve la ocasión de exponer algo más pormenorizadamente este informe anual el pasado día 23 de septiembre ante la Comisión de Régimen Foral.

La Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, dispone que el Defensor del Pueblo dará cuenta anualmente al Parlamento de Navarra de la gestión realizada en un informe que le presentará en el período ordinario de sesiones. En dicho informe, según la misma ley, ha de dar cuenta del número y tipo de quejas presentadas, de las causas de su rechazo, de las cuestiones investigadas y del resultado de sus investigaciones, especificando las advertencias, las sugerencias, los recordatorios y recomendaciones y, en su caso, las admitidas por la Administración.

En aras de la brevedad, voy a limitar mi exposición a unos pocos datos y a las principales quejas, consultas y propuestas ciudadanas recibidas, así como a algunas de las actuaciones de oficio efectuadas en el año pasado.

En 2014, la institución realizó más de 4.000 actuaciones.

Este número se desglosa en: 2.742 quejas presentadas, 1.223 consultas atendidas, 21 actuaciones o investigaciones de oficio gestionadas, y 30 propuestas de mejora de los servicios públicos gestionadas por los ciudadanos y encauzadas a los órganos de la Administración competente.

Entre quejas, consultas y propuestas de mejora de los ciudadanos se acercaron a la institución un total calculado de 11.494 personas. Incluso la cifra superaría las 35.135 si se sumasen las 23.641 personas que mostraron su disconformidad, a través de la plataforma change.org con alguna concreta queja.

La labor de supervisión que el Defensor del Pueblo de Navarra ha realizado sobre las Administraciones públicas de Navarra para la defensa y la mejora de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas se ha concretado en 631 investigaciones y en 326 resoluciones dictadas, que contienen 233 recomendaciones, 115 sugerencias y 84 recordatorios de deberes legales. Este dato de las 631 investigaciones es el que permite constatar la labor de supervisión que realizamos sobre las Administraciones navarras.

Las once materias en las que más quejas se han recibido de los ciudadanos en este año de 2014 han sido, en orden descendente de mayor a menor, las de: memoria histórica, euskera, función pública, bienestar social, educación, sanidad, medio ambiente, hacienda, seguridad ciudadana, urbanismo y vivienda.

Por lo que se refiere a la memoria histórica, se presentaron 1.618 quejas relativas a la exposición del Regimiento de Cazadores de Montaña América 66, celebrada en la Ciudadela en una sala del Ayuntamiento de Pamplona. Los autores de las quejas entendían que el contenido de dicha exposición vulneraba las leyes de la memoria histórica. Nuestra actuación se dirigió a comprobar si ello era así. También se presentaron en esta materia de la memoria histórica quejas por la falta de acreditación del tiempo transcurrido en el centro penitenciario de Pamplona o sobre el modo de obtener un permiso de exhumación de cadáveres desaparecidos en su momento.

En segundo lugar, se sitúan las quejas referentes al euskera.

Destacan las quejas presentadas por vecinos de municipios pertenecientes a la zona vascófona (en concreto, de Basaburua) por haberse sustituido a personal sanitario de la zona básica de salud de Ultzama que se había jubilado y que hablaba en euskera por otro que no conocía esta lengua. Como sus señorías saben, los vecinos de la zona vascófona tienen derecho a ser atendidos en la lengua oficial que elijan para dirigirse a la Administración y deben ser atendidos en euskera cuando opten por esta lengua.

La tercera posición la ocupan las quejas relativas a la función pública, que son aquellas quejas que se presentan por quienes ya son empleados públicos en sus relaciones funcionariales o laborales con las Administraciones Públicas de Navarra. Las quejas presentadas se refieren principalmente, a la falta de reconocimiento de determinadas retribuciones o al desacuerdo con determinadas condiciones laborales. Gran parte de las quejas se presentaron por funcionarios docentes y por empleados del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. En esta materia, no incluimos las quejas relacionadas con el acceso al empleo público, pues aquí el sujeto de la queja no es tanto el funcionario o trabajador público como el ciudadano que quiere acceder a un empleo público en ejercicio de su derecho constitucional reconocido en el artículo 23 de la Constitución.

En cuarto término, se sitúan las quejas referentes a asuntos sociales o políticas sociales. En 2014 la mayor parte de las quejas recibidas tuvo que ver con la denegación de la renta de inclusión social o con su cuantía (menor de la esperada por los beneficiarios) y también con el embargo de esta prestación por diferentes Administraciones públicas, a pesar del carácter inembargable de esta prestación que le otorgó el Parlamento de Navarra.

Otras quejas se han relacionado con la integración de personas con discapacidad y la protección de la infancia y la adolescencia, donde hemos constatado una insuficiente dotación de los recursos públicos de protección al menor, que debería subsanarse. Las familias de los menores también exponen que no se escucha realmente a los menores a la hora de tomar decisiones que les afectan personal y directamente, ni se tiene en cuenta realmente su interés ni la participación de estas.

En un quinto lugar, se sitúan las quejas de educación. Entre estas, destacan las quejas relacionadas con las tarifas de las escuelas infantiles de algunos municipios, que difieren dependiendo de si se es vecino o no del mismo, lo cual quiebra la igualdad en la prestación del servicio. Asimismo, se han presentado quejas relativas a la denegación de becas al estudio, el desacuerdo con determinado requisitos de las Becas Navarra-Prácticas Internacionales, o la falta de convocatoria de las “Becas Navarra Master”.

También se siguen presentando quejas por la inadmisión en el centro elegido por los padres como primera opción.

La sexta materia es la sanidad, donde siguen presentándose quejas relacionadas con las listas de espera, fundamentalmente en las especialidades de traumatología y oftalmología. Asimismo, se han presentado varias quejas que ponen de manifiesto el desacuerdo de pacientes con la atención clínica recibida, la falta de asistencia sanitaria inmediata y la desestimación sistemática de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por daños producidos en la atención médica.

En aquellos casos de deficiente asistencia sanitaria, esta institución defiende que además de pedir las correspondientes disculpas al ciudadano, la Administración sanitaria debería revisar en profundidad la atención dispensada con el fin de poder mejorar en el futuro las actuaciones.

En medio ambiente destacan las quejas relacionadas con los ruidos por actividades de diversa índole y las molestias que padecen los ciudadanos en sus domicilios por la contaminación acústica de bajeras de jóvenes, negocios de hostelería, industrias, botellones, etcétera. La institución que dirijo no cesa de recordar a los municipios su deber legal de actuar eficazmente para garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos al descanso en sus domicilios frente a molestias indebidas, instándolas a que adopten medidas correctoras respecto a las actividades productoras de ruido.

Asimismo, se han presentado en materia de medio ambiente quejas relativas a residuos, la protección de los animales, relacionadas con la caza, la falta de participación efectiva en el Consejo Navarro de Medio Ambiente de las organizaciones ecologistas o la negativa a facilitar el derecho de acceso a la información ambiental.

En octavo lugar, figura la materia de hacienda. En esta materia han predominado las quejas referentes a los tributos de la Hacienda Foral de Navarra, fundamentalmente, las concernientes al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y al Impuesto sobre el Valor Añadido.

Entre las quejas sobre tributos locales, se siguen presentando las relacionadas con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por la peculiar y diferente regulación de Navarra, que perjudica al comprador, y con el incremento de la contribución urbana de Ayuntamientos tras la revisión de los valores catastrales en tiempos de depreciación del valor de inmuebles y viviendas.

La novena materia es seguridad ciudadana. En esta materia, se han presentado varias quejas relacionadas con concretas actuaciones policiales, con problemas de la Administración penitenciaria y con juegos y espectáculos públicos. También se han presentado quejas en las que se critica el maltrato animal que conllevan los espectáculos taurinos. Con un carácter más particular, se ha denunciado el riesgo que la exposición a festejos organizados supone para los menores de edad.

En urbanismo, han destacado las quejas referidas a la información urbanística, debido, bien a la falta de contestación de algunas Administraciones a las solicitudes que les formulan los ciudadanos, bien a la negativa de proporcionar dicha información.

Estas quejas, y otras relacionadas con otras materias nos han hecho recordar a las Administraciones el derecho de acceso que las leyes reconocen ya a los ciudadanos para acceder a la información que obre en las entidades públicas sin necesidad de invocar un interés personal.

Asimismo, en la materia urbanística, se han presentado quejas que ponen de manifiesto la inactividad de los Ayuntamientos en adoptar medidas de protección de la legalidad ante los posibles incumplimientos de la normativa denunciados por los ciudadanos, o que expresan su disconformidad con el planeamiento o la gestión urbanística.

En vivienda, las quejas ponen de manifiesto la dificultad para acceder a viviendas de protección oficial, bien en propiedad, bien en arrendamiento, en su mayor parte por problemas económicos. También ponen de manifiesto la disconformidad con la denegación de las ayudas públicas al arrendamiento. En esta materia de vivienda, la institución del Defensor del Pueblo de Navarra viene poniendo un especial énfasis para que se impulse por los poderes públicos la cultura del alquiler y la ayuda pública al arrendamiento en función de la renta familiar.

Actuaciones de oficio.

La institución realizó 17 actuaciones de oficio. Se trata de expedientes que abre el Defensor del Pueblo de Navarra a la vista de hechos que entiende que requieren una investigación o un posicionamiento de la institución en fase inicial o mediante una sugerencia a la Administración o al Parlamento de Navarra o mediante una petición de actuación a la Defensora del Pueblo en su ámbito de competencias.

De estas actuaciones de oficio, cuatro versaron sobre la sanidad, entre las que destacan:

  • La preocupación por: la no prestación de la asistencia sanitaria a españoles que residen más de noventa días en el extranjero.
  • el cobro de asistencia sanitaria a inmigrantes.
  • la demora en urgencias hospitalarias.

Conjuntamente con los demás Defensores del Pueblo de España, la institución participó en la elaboración de un estudio sobre las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud.

Tres actuaciones de oficio han versado sobre bienestar social: una, sobre la renta de inclusión social, solicitando una reconsideración de la ley foral ante las preocupaciones mostradas por Cáritas Diocesana (gran parte de esa reconsideración ha sido recogida en la ley foral de modificación de la renta de inclusión social de febrero de este año, demostrando que, en ocasiones, las sugerencias de esta institución sí que sirven para mejorar la vida de los ciudadanos, sobre todo de los que menos voz tienen, y la eficacia de la actividad pública).

Otras dos actuaciones se refirieron a los menores en situación de desprotección o conflicto social, para evaluar su situación y los servicios que los atienden.

En materia de vivienda, se realizaron tres actuaciones referidas a desahucios, y otra, sobre la denegación de una subvención para el alquiler de una vivienda de alquiler social.

Asimismo, se realizaron otras actuaciones de oficio acerca de:

  • la situación de la carretera N-121-A de Navarra y los accidentes de tráfico detectados a su paso por Bera;
  • la supresión del transporte urbano público para el acceso al Hospital Reina Sofía;
  • la emisión de un informe de la Guardia Civil que obra en poder del Gobierno de Navarra en relación con varias quejas referentes al IES Iturrama de Pamplona;
  • la exclusión de la prestación de desempleo de los médicos internos residentes (MIR) extranjeros que trabajan en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea;
  • la repercusión en los ciudadanos usuarios del sistema gasista de los elevados gastos de indemnización por la renuncia de la concesión del almacén subterráneo de Gas Castor.
  • Las razones del cierre del Centro deportivo Recreativo Guelbenzu.

También la institución realizó algunas aportaciones al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación y garantías de no repetición de desapariciones forzadas, en la visita de este a España y la convocatoria de reunión efectuada por la Defensora del Pueblo.

Como en años anteriores, la institución ha valorado la situación de la infancia y la adolescencia en Navarra, para comprobar dicha situación conforme a las exigencias que a las Administraciones públicas de Navarra les demanda la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia.

Con motivo de todas estas actuaciones de oficio, la institución formuló un recordatorio de deberes legales, cuatro sugerencias (de ellas, dos normativas) y dos recomendaciones, que constan en el informe.

Propuestas de los ciudadanos para la mejora de los servicios públicos.

El Defensor del Pueblo de Navarra también promueve la participación de los ciudadanos en la mejora de los servicios públicos, animándoles a que formulen propuestas que encauza a la Administración, en la medida de su razonabilidad apoya y, en todo caso, analiza.

Así, desde el año 2008, se han presentado ante el Defensor del Pueblo de Navarra 281 propuestas de mejora.

Las 28 propuestas que nos han llegado en 2014, han sugerido mejoras, en materias de hacienda, bienestar social, servicios públicos y garantías de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

Entre otras cuestiones, los ciudadanos han propuesto que: se establezca una reducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, referida a las cotizaciones a la Seguridad Social satisfechas en virtud de atención domiciliaria; que se incluya al colectivo de discapacitados en las tarifas reducidas del servicio de transporte urbano comarcal; o que se modifique la Ley Foral de Haciendas Locales, en lo que se refiere al límite de potencia fiscal para beneficiarse de la exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

También han propuesto que se lleven a cabo medidas concretas destinadas a favorecer la autonomía de las personas mayores; que se permita la utilización de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad en cualquier vehículo; que se modifique el límite de edad establecido para el acceso a los cuerpos de policías de Navarra en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; y que se establezca una exención en las tasas judiciales al colectivo de discapacitados, mediante su acceso directo a la asistencia jurídica gratuita.

Consultas.

La Oficina de Atención Ciudadana de la institución ha recibido y atendido 1.223 consultas de los ciudadanos.

Predominan, sobretodo, las consultas en materia de bienestar social. Los ciudadanos han planteado consultas sobre el ingreso y condiciones de estancia en centros y residencias, así como sobre las ayudas a la tercera edad y las pensiones asistenciales, ayudas a la discapacidad y enfermedad mental y también sobre cuestiones de accesibilidad y movilidad.

Los continuos y farragosos cambios en los criterios económicos con los que se fijan los precios de las residencias y determinadas ayudas sociales, hacen que, en muchas ocasiones, los ciudadanos acudan a esta Oficina de Atención Ciudadana para obtener información y también ayuda que les permita cumplimentar ciertos trámites.

También pone de manifiesto esta Oficina los problemas relacionados con los menores de edad, un tema especialmente difícil y sensible. La mayoría de consultas relacionadas con estos menores se refieren a supuestos de desprotección o a la disconformidad con el trato que reciben cuando son ingresados en centros de observación y acogida.

Asimismo, se han presentado consultas relacionadas con la denegación de la renta de la inclusión social, la disconformidad con las cuantías asignadas y el improcedente embargo de la misma.

El segundo grupo de consultas es el relativo a la sanidad, donde, principalmente, se presentaron consultas relacionadas con la demora en recibir atención sanitaria (listas de espera) y con el desacuerdo de la asistencia sanitaria dispensada y las posibilidades de iniciar reclamaciones por dicha asistencia.

También se han planteado numerosas consultas relacionadas con el derecho de acceso a la información pública. Lamentablemente, se ha podido apreciar que este derecho se niega o dificulta con cualquier justificación, por lo que, a criterio de esta institución, se debería formar a los funcionarios públicos, de tal forma que conozcan la normativa de este derecho y lo reconozcan a los ciudadanos de una forma efectiva y fácil.

Asimismo, se han seguido presentando consultas relativas al derecho a obtener una respuesta por escrito y en plazo establecido, el derecho a ser tratado adecuadamente por el personal al servicio de las Administraciones, etcétera.

Informes monográficos.

Los informes monográficos elaborados en el año 2014 han sido cinco:

  • Tres de ellos elaborados a iniciativa de la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra:

Uno, sobre las responsabilidades del Gobierno de Navarra y de la Consejera de Salud por incumplimiento de la Ley Foral 2/2013, de 14 de febrero, de atención sanitaria continuada y urgente de Navarra y sus consecuencias jurídicas;

Otro, sobre el Plan de Medidas del Gobierno de Navarra de Navarra para el Control de la Renta de Inclusión Social (RIS) y Lucha contra el Fraude;

Y el tercero, sobre la situación de la atención que se presta, desde todo el sistema de protección de Servicios Sociales, a la infancia y a la adolescencia en dificultad social.

  • Dos informes fueron elaborados a iniciativa del Ayuntamiento de la Cendea de Galar, el primero, sobre la legalidad de aprobar una ordenanza municipal para otorgar subvenciones a empresas que contraten desempleados vecinos de este municipio, y el segundo, sobre si estas ayudas municipales a los vecinos desempleados que se contraten por empresas pueden ser discriminatorias por razón de la vecindad administrativa en relación con los municipios que no las otorgan o las otorgan en cuantía inferior. En ambas cuestiones se informó que era posible la concesión de las ayudas y que no existía discriminación.

Despedida.

Señorías, este ha sido el resumen del informe anual correspondiente a 2014, en el que he intentado reflejar los aspectos más significativos de la actividad de la institución.

Sí que quiero trasladarles a todos los parlamentarios forales, sobre todo a los que no estuvieron en la Comisión de Régimen Foral, mi deseo de que los responsables públicos de Navarra estén más próximos con los ciudadanos de Navarra, les escuchen y les ayuden a resolver sus problemas de la forma más rápida posible.

Como expuse ante la Comisión de Régimen Foral, quien les habla está convencido de que uno de los grandes retos del futuro inmediato está precisamente en construir “una nueva forma y cultura de Administración”, que se traduzca en una Administración para el ciudadano, más receptiva, empática y conciliadora con él, más eficaz para atender y solventar sus problemas, más volcada hacia el exterior que hacia su interior, menos formalista, y más preocupada en velar por los derechos de los ciudadanos y garantizar los servicios públicos necesarios que en limitarlos.

Con ello concluyo, les agradezco su atención y me tienen a su disposición para lo que puedan necesitar de esta institución.

Muchas gracias.

Eskerrik asko denei zuen adieragatik.

Francisco Javier Enériz Olaechea

Defensor del Pueblo de Navarra

Nafarroako Arartekoa

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