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INFORME ANUAL 2018
Muchas gracias, señora Presidenta, señorías, buenos días.
Eskerrik asko, lehendakari andrea, jaun-andreak, egun on denori.
Es para mí un honor comparecer, al inicio de esta nueva legislatura, ante la Comisión de Régimen Foral, para presentar ante el Parlamento de Navarra el informe general sobre la actividad que desarrolló la institución en el año 2018.
El informe da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de Navarra, e incluye los contenidos y principales datos de la gestión realizada.
Como saben perfectamente, el Defensor del Pueblo es, en un estado social y democrático de derecho, un medio para la participación de la ciudadanía en la actividad pública en relación con los asuntos que le atañen, un instrumento de control externo e independiente y también de transparencia de la actividad administrativa, una herramienta para la defensa de los derechos de los ciudadanos y la recepción de sus quejas y un mecanismo de mediación entre los intereses de los ciudadanos y las administraciones públicas. Y también es una forma de que las personas más vulnerables puedan trasladar sus problemas a los poderes públicos y ser defendidos ante determinados casos en que se puedan ver lesionados sus derechos constitucionales.
Dicho esto, durante el año 2018, la actividad de la institución del Defensor del Pueblo de Navarra se ha elevado a 2.645 actuaciones.
En esta cifra, se integran:
La institución ha realizado 826 investigaciones sobre la actividad de las distintas Administraciones públicas de Navarra en su función supervisora y ha emitido 413 resoluciones que contienen 216recomendaciones, 104 recordatorios de deberes legales, 168 sugerencias y 11 sugerencias normativas.
Entre quejas, consultas y propuestas de los ciudadanos, se han dirigido a la institución un total calculado de 7.910 personas. Solo tras las quejas se encuentran 5.205 personas, y tras las consultas, 1.991.
En cuanto a las quejas, en orden descendente de mayor a menor, las diez materias en las que más quejas se han recibido de los ciudadanos en 2018 han sido las de: bienestar social o derechos sociales, acceso a un empleo público, educación, función pública, hacienda, sanidad, medio ambiente, euskera, tráfico y vivienda. A ellas me voy a referir seguidamente.
En la primera de las materias, bienestar social, se presentaron 116 quejas. De ellas:
En segundo lugar, se sitúan las quejas referentes a acceso a un empleo público, con 104 quejas. Del total, 86 quejas se refieren a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de ellas 64 se dirigen al Departamento de Educación por las plazas de docentes. Once quejas se refieren a las entidades locales de Navarra y otras tres a la Universidad Pública de Navarra.
Entre las quejas:
La tercera posición la ocupa educación, con 96 quejas. De ellas:
En cuarto lugar, se sitúan las quejas referentes a función pública, con 96 quejas. Entre ellas, destacan:
En quinto término, se sitúan las quejas referentes a hacienda, con 66 quejas.
Por lo que atañe a la Hacienda Tributaria de Navarra, la mayoría de las quejas se refiere al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Destacan las quejas presentadas por ciudadanos que muestran su disconformidad con no poder practicarse determinadas reducciones o deducciones en este impuesto: reducción por discapacidad, deducción por inversión en vivienda habitual, deducción fiscal por madre trabajadora con hijo menor de tres años, o deducción fiscal por pensión no contributiva de jubilación.
Otras tres quejas se presentaron por una ciudadana, un colectivo de madres y una asociación de familias numerosas de Navarra, porque la Hacienda Tributaria de Navarra no procede a la devolución en el IRPF de las cantidades tributadas en concepto de las prestaciones de maternidad y paternidad. Presentaron la queja tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2018 y solicitaban que se aplicase la sentencia en la Comunidad Foral y que se evitara un agravio comparativo en relación con el resto de España.
Cuatro quejas se refirieron al Impuesto sobre el Valor Añadido: una por no reconocerse el tipo reducido del 4% para la adquisición de un vehículo de transporte de una persona con discapacidad en silla de ruedas, otra por una sociedad mercantil que se considera exenta de este impuesto, otra porque Hacienda le reclama una deuda de este impuesto que no puede pagar, etcétera.
Un ciudadano mostró su queja con la existencia del impuesto de sucesiones y con los tipos legales establecidos, que van del 0,8% al máximo del 16%.
En lo atinente a los distintos impuestos y tasas locales, destacan seis quejas por la disconformidad con las liquidaciones del Impuesto del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, giradas por ayuntamientos en los casos en los que no ha habido un incremento del valor del terreno.
Otras diez quejas se relacionaron con el catastro, sea por la demora de los ayuntamientos en tramitar su rectificación, sea por no contestar peticiones de información de modificaciones catastrales.
Dos quejas plantearon la polémica cuestión del distinto cobro de cuotas por el uso de las instalaciones deportivas según se esté empadronado o no.
Otra de las quejas manifestaba su disconformidad con el tratamiento legal a las personas con discapacidad en las exenciones del impuesto municipal de vehículos de tracción mecánica, donde persiste el límite de 12 caballos fiscales, a pesar de que la exposición de motivos de la reciente Ley Foral 22/2018,de 13 de noviembre, establece que “el límite de doce caballos fiscales puede, en efecto, no ajustarse del modo más adecuado a la realidad del mercado automovilístico y a las necesidades de las personas con discapacidad que, en ocasiones, en función de su necesidad de transportar sillas de ruedas o, incluso, de sus aficiones, pueden precisar vehículos relativamente grandes y de mayor potencia que la establecida en la Ley Foral de Haciendas Locales de navarra como límite para aplicar la exención fiscal”. La Ley, que es de artículo único, a pesar de esta voluntad del legislador, inexplicablemente sigue manteniendo la limitación.
En sexto lugar, figuran las quejas relativas a sanidad, con 63 quejas.
Destacan 14 quejas relacionadas con las listas de espera (sobre todo en la especialidad de traumatología) y 13 quejas referentes a las prestaciones sanitarias y al reintegro de gastos (cuatro de ellas hacen referencia a denegaciones por parte del Departamento de Salud a solicitudes de reintegro de los gastos derivados de la asistencia sanitaria prestadas en el sistema privado, al que los ciudadanos acudieron como consecuencia de no estar conformes con el seguimiento médico en el sistema público).
Otras 12 quejas muestran la disconformidad con la concreta atención sanitaria y clínica recibida en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Siete quejas más se refieren al copago y a las prestaciones farmacéuticas. Destaca la queja de un ciudadano porque el Departamento de Salud no apoya activamente a las personas que, como su hijo menor de edad, padecen enfermedades raras, compensándoles los gastos que asumen con la adquisición de los medicamentos necesarios para tratar su enfermedad.
Cinco quejas se relacionaron con la historia clínica y la información sanitaria.
Otras cuatro se refieren al servicio de transporte sanitario; aquí una de las quejas se refiere a los pacientes residentes en el medio rural, en su mayoría enfermos graves, que tienen que desplazarse a las consultas de oncología, rehabilitación y logopedia, y que deben madrugar excesivamente y pasar varias horas en el vehículo sin personal especializado que les apoye.
La séptima posición la ocupan las quejas referentes a medio ambiente, con 60 quejas.
Al igual que en años anteriores, predominan las quejas relacionadas con los ruidos por actividades de diversa índole, que llegan hasta 23 quejas, y, en especial, las molestias que padecen algunos ciudadanos en sus domicilios por ruidos que provienen de: bajeras de jóvenes, sociedades gastronómicas o recreativas, locutorios, negocios de hostelería, fábricas, ladridos de perros, y tránsito de vehículos en autovías, carreteras o circunvalaciones.
Quince quejas se han presentado por la denegación de la información ambiental o por la demora en facilitar la misma.
Nueve quejas están relacionadas con las licencias de actividades clasificadas por denegación, expedientes sancionadores, falta de control o caducidad; y cuatro quejas mostraron la disconformidad con la ubicación de los contenedores de basura, en tres casos cerca de viviendas.
En octavo lugar, se sitúa la materia de euskera, con 52 quejas.
Gran parte de las quejas se refieren a la valoración del euskera en los procedimientos de selección de personal convocados por la Administración de la Comunidad Foral y por las entidades locales, porque no se otorga valoración alguna al conocimiento del euskera, mientras que sí se otorga al conocimiento de lenguas extranjeras en la zona no vascófona, o porque se valora menos que estas.
También destacan las doce quejas presentadas por ciudadanos que achacaban a un ayuntamiento un posible incumplimiento de la Ordenanza municipal del euskera, por considerar que no ofertaba suficientes actividades culturales y deportivas en esta lengua para el curso 2018/2019.
Otra de las quejas es por no implantar el grado de enfermería en la UPNA en euskera, para que el alumnado que quiera pueda realizarlo en esta lengua.
Otra de las quejas es porque no se dispone de personal con conocimiento de euskera en la planta de pediatría del Complejo Hospitalario de Navarra, para atender a los menores que hablan euskera.
Dos quejas es por la falta de modelo lingüístico en euskera en una escuela infantil municipal y que las familias que quieren matricular a sus hijos en este modelo se ven obligadas a acudir a las escuelas del municipio de al lado, debiendo pagar una cuota más elevada por no estar empadronadas.
También se presentaron quejas porque no se propician las condiciones necesarias para la correcta difusión en todo el territorio de Navarra del canal ETB 3.
También hay tres quejas en sentido opuesto, por considerar excesiva la valoración que un ayuntamiento de la zona mixta otorga al euskera en un convocatoria para la contratación temporal de aspirantes al desempeño del puesto de trabajo en licenciado en derecho, o porque en la aplicación móvil Telpark para aparcamientos en zonas limitadas de estacionamiento de Pamplona aparecía el euskera como lengua principal de uso, anteponiéndolo al castellano, o porque en unos impresos a cumplimentar del Gobierno de Navarra en Tudela aparecía el euskera por encima del castellano.
La novena posición la ocupan las quejas sobre tráfico y seguridad vial con 47 quejas.
De ellas, 19 se relacionan con la ordenación del tráfico y seguridad vial. También pueden destacarse cinco quejas en las que se pone de manifiesto la falta de adopción de medidas por parte de las administraciones correspondientes ante el riesgo que entraña para la seguridad vial la actual configuración y el deficiente estado de determinadas zonas: la carretera que atraviesa el campus de la Universidad de Navarra, la falta de acera en las inmediaciones de unas viviendas sitas en Berrioplano-Berriobeiti, la inadecuación de dos guardas dormidos situados en la Ronda Cendea de Olza y en la Ronda Cendea de Zizur, el riesgo que entraña para la seguridad de los vecinos la temeraria conducción de bicicletas en el barrio de Ezkaba, o la falta de iluminación interior de un túnel en la NA-1300, a la altura de Dos Hermanas, anteriormente utilizado por el tren Plazaola.
Tres quejas se presentan por ciudadanos a los que el Ayuntamiento de Pamplona-Iruña no les contesta sus solicitudes de autorización para acceder a calles con circulación restringida.
Otras 18 quejas mostraban la disconformidad de los ciudadanos con las sanciones que se les han impuesto. Al igual que en años anteriores, destacan las quejas presentadas por ciudadanos disconformes con las multas y la retirada de su vehículo por el servicio de grúa municipal de la zona de estacionamiento restringido o limitado de Pamplona-Iruña y con las excesivas tasas que deben satisfacer para poder recuperar su vehículo.
Otras cinco quejas se centraban en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), por las largas esperas y colapsos que se habían producido en el verano, con los consiguientes perjuicios para los ciudadanos afectados.
En décimo lugar están las quejas referidas a vivienda, con 47 quejas. Destacan: las quejas presentadas por ciudadanos por la falta de adjudicación de viviendas protegidas en régimen de arrendamiento, a pesar de llevar varios años inscritos en el censo de solicitantes de vivienda protegida y de su situación económica, personal o familiar; las quejas relativas a la disminución del porcentaje de subvención para el arrendamiento de vivienda protegida; o las quejas relacionadas con desperfectos en viviendas protegidas.
También siete ciudadanos formularon siete quejas frente al Ayuntamiento de Pamplona-Iruña por la denegación a sus solicitudes de concesión de una vivienda de emergencia social.
El grado de aceptación, por las Administraciones públicas, de las resoluciones y actuaciones del Defensor del Pueblo de Navarra en las quejas, es del 65,34%. Se incluyen en este porcentaje, por un lado, la aceptación de las resoluciones emitidas tras la investigación, y, por otro lado, los casos en que la Administración ha corregido o rectificado su proceder antes de que se emitiera una resolución, dando solución, en este último supuesto, al problema del ciudadano con la sola intervención de la institución en la fase inicial de demanda de información.
Las administraciones que más quejas han aceptado son el ayuntamiento de Orkoien, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y los departamentos de Relaciones Ciudadanas, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Desarrollo Económico y Derechos Sociales, a quienes les agradezco su atención y sensibilidad.
Administraciones públicas destinatarias de las quejas.
Por administraciones destinatarias de las quejas, el 53,1% del total de las quejas presentadas en 2018 se formularon en relación con la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, sus organismos públicos y sus sociedades públicas. Se presentaron 559 quejas.
Dirigidas a las entidades locales de Navarra y a sus entes dependientes, se presentaron 294 quejas, que representan el 27,9% del total.
Le siguen las quejas dirigidas a la Administración del Estado, que se elevan a 106, lo que representa un 10,1%.
La institución ha realizado este año 25 actuaciones de oficio:
De las 25 actuaciones de oficio, cinco versaron sobre bienestar social. Entre ellas destacan las que trataron: a) el reconocimiento en plazo de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones, b) la insuficiencia de plazas de residencia para personas de la tercera en la zona de Pamplona-Iruña, c) el reparto no equitativo entre comunidades autónomas de menores extranjeros no acompañados, y d) los criterios de cuantificación de ayudas para el servicio residencial de personas dependientes.
Cuatro actuaciones de oficio versaron sobre seguridad ciudadana. En concreto, trataron: a) las citaciones en la oficina del DNI de Estella-Lizarra, b) las posibles condiciones de dureza excesivas o desproporcionadas en el trato a los presos en un centro penitenciario de Cádiz; donde se suicidó un preso navarro. c) las agresiones homófobas en la zona del cementerio de Pamplona-Iruña; y d) la proliferación de nidos de avispa asiática en el barrio de Etxabakoitz.
En materia de protección de datos personales, se incoaron tres actuaciones de oficio sobre: a) laobligatoriedad de respuesta de un cuestionario estadístico sobre fecundidad; b) una incidencia en la seguridad del sistema informático de Hacienda Tributaria de Navarra; y c) la vulneración de los derechos a la intimidad y al honor en las redes sociales de la víctima de la agresión sexual en el caso conocido como de “la Manada”.
Otras tres actuaciones se centraron sobre servicios públicos y trataron: a) las medidas para resolver problemas en carreteras por nevadas, b) las incidencias en el suministro eléctrico en Etxarri-Aranatz, y c) la peligrosidad de la acera que conecta el concejo de Cizur Menor con Pamplona-Iruña.
En materia de violencia de género se realizaron dos actuaciones sobre: a) posibles medidas en materia de violencia de género que pudieran ampliarse, y b) la protección a las mujeres víctimas de violencia de género por parte de la Policía Foral.
Otras actuaciones de oficio trataron sobre:
Como en años anteriores, la institución ha valorado la situación de la infancia y la adolescencia en Navarra, conforme a las exigencias que a las Administraciones públicas de Navarra les impone la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia.
Los datos recabados ponen de manifiesto un crecimiento, en términos generales, de la actividad del sistema de protección de menores, confirmándose la tendencia apreciada en los últimos años. El número de menores atendidos por el sistema protección se sitúa en 1.744 menores (1.705 menores en 2017, y 1.446 menores en 2016) y, considerando el periodo comprendido entre los años 2008-2018, ha crecido en un 100%.
Se observan asimismo en 2018 alzas relevantes en las cifras de declaraciones de menores en desamparo y se vuelven a ratificar las dificultades observadas en años anteriores para hacer valer la preferencia por la modalidad de acogimiento familiar respecto a la residencial o institucional. Se ha de señalar que, no obstante la tendencia apuntada, el significativo incremento del último año en las cifras de menores tutelados y acogidos en recursos residenciales estaría particularmente influido por el efecto de la llegada durante los últimos meses de menores extranjeros no acompañados (MENAS), que son atendidos a través de dicha modalidad de acogimiento.
Junto a lo anterior, en este informe se hace mención, por primera vez, a los problemas específicos relacionados con los menores de edad que se recogen en 92 quejas presentadas en 2018 (y que suponen el 8,74% del total de las quejas presentadas).
Desde el año 2008, la institución promueve la participación de los ciudadanos en la mejora de los servicios públicos, animándoles a que presenten propuestas de mejora de tales servicios, que, en algunos casos, incluso se transforman en propuestas de modificación normativa.
La institución traslada esas propuestas de los ciudadanos a la Administración pública competente o a el Defensor del Pueblo de España, si son competencia del Estado.
Así, desde el año 2008, los ciudadanos han presentado 315 propuestas de mejora. De ellas, nuevecorresponden al año 2018.
Entre otras cuestiones, los ciudadanos propusieron en 2018 que:
La Oficina de Atención Ciudadana de la institución recibió y atendió 1.398 consultas de los ciudadanos en 2018.
Se trata de un área funcional puesta al servicio directo de los ciudadanos para facilitar su contacto personal con la institución, la exposición de sus quejas o la formulación de sus consultas acerca de cómo poder ejercer mejor sus derechos.
En primer lugar, predominaron las consultas en materia de bienestar social. En su conjunto, los problemas relacionados con la pobreza y la exclusión social, en la que se enmarcan las atenciones relacionadas con la renta garantizada, las cuestiones relacionadas con la tutela por la Fundación Navarra para la Tutela de Personas Adultas, y las cuestiones relacionadas con la protección de menores, son los aspectos en que más consultas se formularon.
Le siguen las consultas sobre educación, principalmente, por la aplicación de los criterios establecidos por la administración educativa para el acceso a centros escolares y escuelas infantiles, la escasa oferta de plazas de formación profesional, la denegación de becas y ayudas, las dificultades a su acceso o las peticiones administrativas de su reingreso. Destacan las referidas al comedor y el transporte escolar, así como los problemas generados en la convivencia escolar, como el acoso escolar entre alumnado, el acoso del profesorado al alumnado y la pasividad de los centros docentes ante estos hechos.
En tercer lugar figuran las consultas sobre vivienda, donde destacaron las consultas relacionadas con las ayudas para acceder a una vivienda de protección oficial, la dificultad existente en el acceso a la vivienda, o las referidas a defectos constructivos existentes en las viviendas de protección oficial.
Asimismo, se formularon, por este orden de mayor a menor, consultas en las materias de: hacienda, sanidad, justicia, acceso a un empleo público, seguridad social, consumo, medio ambiente, función pública, responsabilidad patrimonial, seguridad ciudadana, tráfico y seguridad vial, trabajo, servicios públicos y urbanismo.
Por último, figura el anexo con la liquidación del presupuesto de la institución correspondiente a 2018. El presupuesto de la institución fue de 754.864 euros y el grado de ejecución fue del 93%, devolviéndose el sobrante a Hacienda.
Concluyo ya. No me queda sino ponerme a su entera disposición para aclarar o completar las cuestiones que consideren oportunas, o para tratar de responder a las preguntas o reflexiones que tengan a bien a formularme.
Muchas gracias por su atención.
Eskerrik asko denei zuen adieragatik, eta beharrezkotzat hartzen duzuenerako zuen mesedetara jartzen naiz.
Pamplona-Iruña, 11 de octubre de 2019.
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