Comparecencia del Defensor del Pueblo de Navarra ante el Pleno del Parlamento de Navarra sobre el Informe Anual 2020.

03 junio 2021

INFORME ANUAL 2020

I. Presentación. Datos generales.

Muchas gracias, eskerrik asko, señor Presidente del Parlamento de Navarra, Lehendakari jauna.

Señora Presidenta del Gobierno de Navarra, señorías, consejeros y consejeras, buenos días, egun on.

Nafarroako Parlamentuko Osoko Bilkuraren aurrean, Nafarroako Arartekoaren erakundeak iaz egindako jarduerari buruzko txostena aurkeztea dagokit. Pasa den maiatzaren bostean aurkezpen zehatzago bat egin nuen Erregimen Foraleko Batzordearen aurrean.

Decía en euskera que me corresponde presentar al Pleno del Parlamento un resumen del informe anual de la institución del Defensor del Pueblo de Navarra sobre la actividad desarrollada el año dos mil veinte. El pasado 5 de mayo hice una exposición más detallada ante la Comisión de Régimen Foral.

El año pasado la actividad de la institución se elevó a 3.393 actuaciones, cifra en la que se integran:

Las 1.416 quejas presentadas y que, junto a las quejas que se encontraban pendientes del ejercicio anterior, elevan la cifra de quejas gestionadas a 1.602.
1.740 consultas atendidas.
17 actuaciones de oficio iniciadas.
9 propuestas de mejora presentadas por los ciudadanos.
2 informes elaborados por la institución, a petición de entidades locales.
Una comparecencia en el Parlamento de Navarra en relación con la queja formulada por varias personas del programa Becas Navarra, por la reclamación del reintegro de las ayudas económicas que les fueron concedidas.
8 sesiones en el Consejo de la Transparencia de Navarra y 10 ponencias presentadas en el mismo sobre reclamaciones de los ciudadanos por negárseles la información pública que habían solicitado.

En su actividad, la institución realizó 866 investigaciones y emitió 325 resoluciones, que comprenden 226 recomendaciones, 77 recordatorios de deberes legales, 77 sugerencias y 27 sugerencias normativas.

El número de ciudadanos que se habrían dirigido a la institución se elevó a 5.706 personas. Solo tras las quejas se encuentran 3.115 personas, y tras las consultas, 2.582.

El 38,5% del total de las quejas se formuló en relación con la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, sus organismos públicos y sociedades públicas. Se presentaron 545 quejas.

Dirigidas a las entidades locales y a sus entes dependientes, se presentaron 311 quejas (el 22% del total).

Las quejas referidas a la Administración del Estado se elevaron a 196 (13,8%).

II. Quejas.

Bienestar social sería con 327 quejas la materia que más quejas recibió, si contáramos las 230, que se presentaron por ciudadanos disconformes con las declaraciones de una parlamentaria foral del Parlamento de Navarra en una sesión de trabajo de una comisión parlamentaria, en las que se oponía a la gestación subrogada.

Descontadas esas 230 quejas, el asunto que más quejas ha suscitado en 2020 ha sido la pandemia por la covid 19 y lo relacionado con el estado de alarma y las distintas medidas adoptadas, con 294 quejas.

Le siguen función pública, vivienda, acceso a un empleo público, tráfico, educación, hacienda, medio ambiente y sanidad.

Entre las quejas destacables en materia de bienestar social están:

las 13 quejas por la excesiva demora en la modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, con el fin de habilitar a las entidades locales para aplicar a las familias numerosas las bonificaciones en la contribución territorial.
17 quejas se refirieron a la renta garantizada: 7 de ellas denunciaban la extinción o suspensión de la prestación.
11 quejas expusieron los problemas que padecen las personas con discapacidad, otras 4 quejas se presentaron por la protección de las personas dependientes, 3 relacionadas con la protección de las personas mayores de edad y 2 más lo fueron por la tutela de personas incapacitadas que realiza la Fundación Navarra para la Tutela de las Personas Adultas.

Entre las quejas relacionadas con la pandemia causada por el coronavirus (covid-19) destacan:

10 quejas referidas a las residencias de personas mayores, fundamentalmente por la suspensión de las visitas de los familiares, y las medidas muy restrictivas adoptadas durante la denominada “desescalada”.
4 quejas se relacionan con personas con discapacidad y tuteladas. De ellas, dos se presentaron por colectivos de personas sordas, al considerar que se enfrentan a múltiples desigualdades en la atención y acceso a los servicios de la Administración pública, que se habían visto incrementadas con motivo de la covid-19, así como por las dificultades que atraviesan para lograr comunicarse debido a la utilización de mascarillas.
9 quejas por cuestiones relacionadas con los Servicios Sociales.
12 quejas lo fueron por consumidores y usuarios. Destacan las referidas a la cancelación de vuelos por las aerolíneas y la dificultad de personas navarras para regresar.
15 quejas se relacionaban con las limitaciones de los derechos de circulación y reunión de personas. Entre ellas las de las parejas con residencia en diferentes comunidades autónomas, para reunirse.
6 quejas lo fueron por las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, fundamentalmente por el trato dispensado al solicitar identificación de los ciudadanos en la vía pública.
19 quejas lo fueron por las sanciones impuestas por los diferentes cuerpos policiales al considerar estos que se habían incumplido las limitaciones a la libertad de circulación establecidas durante el estado de alarma.
18 quejas se relacionaron con la atención sanitaria. Entre ellas destacan las que hacen referencia a las dificultades para contactar con diferentes centros de salud, la falta de atención presencial en diversos centros sanitarios o el retraso en las citaciones médicas.
13 quejas mostraron su disconformidad contra la obligatoriedad de usar mascarillas en la vía pública y en centros escolares, por considerar injustificada o excesiva la medida.
12 quejas se refirieron a las restricciones de actividades de ocio y deportivas. La mitad de ellas, mostraban su desacuerdo con la restricción de acceso a diferentes piscinas municipales durante la temporada de verano únicamente a las personas empadronadas en dichas localidades.
9 quejas se relacionaban con menores de edad. Tres de ellas hacían referencia a las consecuencias físicas y mentales que la medida de no poder salir a la calle iba ocasionar a los menores.
35 quejas versaron sobre educación: ocho de ellas por considerar que no se habían adoptado suficientes medidas de prevención ante la covid-19 en la vuelta a los centros educativos en el curso 2020/2021; otras dos, por considerar excesivas dichas medidas; otras tres, porque no se habían adoptado medidas específicas para la escolarización de niños y niñas con factores de riesgo o sus familiares, denegando solicitudes de impartir los contenidos educativos necesarios desde el domicilio. Otra de las quejas hacía referencia a la situación que habían vivido los alumnos con necesidades educativas especiales ante la suspensión de las clases.
8 quejas mostraban su disconformidad con la supresión por la Hacienda Tributaria de Navarra del servicio presencial para la declaración del IRPF, otras tres por la falta de atención telefónica para poder contactar con las oficinas para la declaración del IRPF y por la falta de atención presencial del Servicio de Riqueza Territorial.
13 quejas versaron sobre vivienda, once de ellas mostraban su disconformidad por la situación de hacinamiento de las familias monomarentales con menores a cargo y las familias que viven en una habitación, derivada de las estrictas medidas de limitación de la libertad de circulación de las personas, establecidas con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19.
Otro grupo de quejas pusieron de manifiesto las dificultades para poder contactar con determinados organismos ante el cierre y limitación de la atención presencial: 20 quejas hacían referencia al retraso en las citaciones en las oficinas de empleo, a la demora en abonar diversas prestaciones por desempleo o ERTE; 12 quejas se referían a las dificultades para contactar con la Seguridad Social, así como a la demora en el abono de diversas prestaciones; y 4 quejas expresaban las dificultades para obtener una cita en las oficinas de extranjería.
6 quejas se relacionaban con las medidas restrictivas adoptadas en los centros penitenciarios y a la imposibilidad de los familiares de acudir a visitar a los presos de centros penitenciarios situados fuera de Navarra.
Me preguntó en la Comisión de Régimen Foral el parlamentario foral señor Sánchez de Muniáin sobre el número de quejas relacionadas con la falta de atención de los servicios públicos de la Administración Foral en relación con la pandemia. Le contesto: se recibieron 23 quejas: 12 referidas al Departamento de Economía y Hacienda, de las que 8 eran por la supresión del servicio presencial para la declaración del IRPF y tres por la imposibilidad de contactar telefónicamente. Tres se referían al Departamento de Derechos Sociales (una por el Punto de Encuentro Familiar, otra por las oficinas centrales y otra por el Servicio Navarro de Empleo). Siete lo fueron en relación con el Servicio Navarro de Salud, una por el Servicio de Odontología, seis por la supresión de la atención presencial o la imposibilidad de contactar por teléfono en centros de salud (Alsasua, Rochapea, San Juan, Sarriguren, y Txantrea). Y una del Servicio de Vivienda, que recomendaba la atención por teléfono, pero no se podía contactar ni con el teléfono principal ni con el específico para cédulas de habitabilidad.
De entidades locales, se recibieron dos, una del ayuntamiento de Pamplona (al área de cultura e igualdad) y otra del ayuntamiento de Baztan (para la atención urbanística).
De la Administración del Estado, se recibieron 23 quejas: 11 por la eliminación de la atención presencial en las oficinas de la Seguridad Social, 5 en el Servicio Público de Empleo Estatal, 2 en la Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra, 4 en las oficinas de Extranjería y una en la Delegación del Gobierno en Navarra.

En tercer lugar, siguen las quejas relacionadas con función pública (71).

19 quejas lo fueron por cuestiones sobre permisos, licencias y vacaciones, entre ellas cuatro quejas relacionadas con el permiso de paternidad, bien por la denegación del permiso adicional, bien por la disconformidad con las fechas solicitadas de disfrute del permiso.
18 quejas se relacionaron con las retribuciones de los empleados púbicos. Entre ellas se encuentran las quejas por la falta de reconocimiento de determinados complementos a algunos funcionarios públicos (compensación económica por trabajo en días festivos, ayudas familiares, complemento por puesto de trabajo, etcétera).
También presentaron sus quejas determinados colectivos de funcionarios de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, porque consideraban que no se les estaba dando el mismo trato que a otros grupos profesionales: una de las quejas fue presentada por técnicos de enfermería (“técnicos en cuidados auxiliares de enfermería”, “técnicos sanitarios” o similares denominaciones), y la otra por el colectivo de telefonistas del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Otras cuatro quejas estaban relacionadas con un posible acoso laboral, tres con procedimientos disciplinarios, una con derechos pasivos y otra con la participación sindical.

En cuarto lugar, se situaron las quejas referentes a vivienda, con 68 quejas. Entre ellas destacan:

26 quejas que se presentaron por la falta de adjudicación de viviendas protegidas en régimen de arrendamiento, a pesar de llevar los ciudadanos varios años inscritos en el censo de solicitantes de vivienda protegida y de su situación económica, personal o familiar.
17 quejas relacionadas con las ayudas públicas a la compra y arrendamiento de vivienda. De ellas ocho se referían a los programas Emanzipa y David, en su mayoría, por la denegación por el departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del abono de la alguna mensualidad, por omisiones y defectos formales en la justificación del destino de las ayudas.
En la Comisión de Régimen Foral insistí -y lo hago ahora- que hay un problema serio de demanda de vivienda en alquiler social, con más de 10.300 inscritos en el censo del Gobierno de Navarra (son 14.000 personas adultas, sin contar los niños y niñas), que los programas Emanzipa y David, aun siendo necesarios, no son suficientes, y que es preciso dar un volantazo serio a la situación con medidas a corto y medio plazo para las familias que necesitan una vivienda social.
Los referidos programas se pierden en burocracia, formalismos y temas menores, que, a veces, son sangrantes. Se niega la ayuda de un mes de 250 euros a personas que, en el tramo más normal, sus ingresos son de unos 750 euros, porque han cometido un error o se han olvidado un dato, dato que es el mismo del mes anterior. Pierden la mensualidad como castigo de su torpeza, no se puede arreglar el asunto porque no se quiere. Son gente necesitada, que ese dinero les supone más de la cuarta parte de lo que necesitan para vivir y pasar el mes y que no tienen el doctorado de Derecho ni la licenciatura de informática. Y así una y otra vez. Esa no puede ser la cara de la Administración del Estado social.

En quinto lugar, aparecen las quejas referentes a la materia que clasificamos como “acceso a un empleo público”, con 63 quejas.

La mayoría de las quejas se refieren a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra:

Cincos quejas se formularon porque el Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, tras la entrada en vigor del Decreto-ley Foral 10/2020, de 16 de septiembre, por el que se aprueban medidas en materia de personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, exige la presentación del título de bachillerato o equivalente a quienes se encuentran incluidos en las listas para la contratación temporal resultantes de la convocatoria para acceder a puestos de auxiliar administrativo, cuando en esta se exigió el título de graduado escolar o equivalente para poder participar.
Dos ciudadanos presentaron dos quejas solicitando la modificación de la Orden Foral 814/2010, de 31 de diciembre, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, reguladora de la gestión de la contratación temporal en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, con el fin de que a los aspirantes que acepten un contrato se les pueda ofertar la contratación para desempeñar otro puesto de trabajo del mismo nivel o categoría.
Otra porque el Departamento de Salud no valora los servicios prestados en el sector privado en la constitución de las listas para la contratación temporal de auxiliar administrativo en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Otras dos quejas mostraban su disconformidad con el requisito de ser mujer establecido por dos entidades locales para acceder a dos ofertas de contratación temporal.

En sexto término se sitúan las quejas referentes a tráfico y seguridad vial, con 56 quejas.

12 de ellas afectan a la ordenación del tráfico y seguridad vial. Siete quejas ponen de manifiesto la falta de adopción de medidas por parte de las administraciones correspondientes ante el riesgo que entraña para la seguridad vial la actual configuración y el deficiente estado de determinados puntos viarios. Destaca, sobre todo, el caso de la N-121, por la elevada densidad de tráfico pesado que soporta y la alta siniestralidad que presenta. Otros puntos viarios aludidos son las travesías de Ablitas y de Cabredo.
11 quejas se presentaron por la decisión del Departamento de Economía y Hacienda de proceder a la implantación de un peaje en el acceso a la NA-4104 desde la AP-15, en las inmediaciones del área de servicio de Zuasti. Creo que es un ejemplo de que, cuando se quieren buscar soluciones a los problemas de los ciudadanos, hay gente que lo hace.
Otras 20 quejas mostraban la disconformidad de los ciudadanos con sanciones de tráfico y actuaciones de la grúa. Al igual que en años anteriores, destacan las quejas por multas y retirada del vehículo por el servicio de grúa municipal de la zona de estacionamiento restringido o limitado de Pamplona/Iruña y con las excesivas tasas que deben satisfacer para poder recuperar su vehículo. La verdadera sanción es el coste por la recuperación del vehículo, que se impone incluso en los casos en que no se afecta de un modo considerable al tráfico.

En séptimo lugar figuran las quejas relativas a la materia de educación, con 49 quejas.

- 13 quejas se relacionaban con la admisión a centros en el segundo ciclo de educación infantil y en educación primaria y secundaria. Entre ellas destacan las presentadas por la inadmisión de alumnos en el mismo centro escolar que sus hermanos por razón de la ratio, lo cual ocasiona dificultades de conciliación para las familias.
- Nueve quejas se referían a los servicios de transporte y comedor escolar.
- Otras cinco quejas hacían referencia a las becas de estudios: tres, por su denegación por la Administración, y otras dos, porque se reclamaba su reintegro.
- Otras dos quejas se referían a la atención dispensada a dos alumnos con necesidades educativas especiales.

En octava posición aparece la materia de hacienda, con 49 quejas.

Por lo que atañe a la Hacienda Foral de Navarra, son mayoría las quejas que versan sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Destacan las quejas presentadas por ciudadanos disconformes con no poder practicarse determinadas deducciones o reducciones: el acogimiento de una menor, la inversión en vivienda habitual, etcétera. Otras quejas mostraron su disconformidad con que la Hacienda Foral de Navarra considerase como incremento patrimonial determinados ingresos: es el caso de dos becas de transporte concedidas para acudir a cursos dirigidos a personas en desempleo del Servicio Navarro de Empleo/Nafar Lansare, y el caso de la beca obtenida para la realización de prácticas no laborales en un país extracomunitario, o de una subvención para la adecuación de una vivienda.
En cuanto a las haciendas locales de Navarra, se han seguido presentando quejas por la disconformidad con las liquidaciones del Impuesto del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, giradas por ayuntamientos en los casos en que se aprecia que no ha habido un incremento del valor del terreno.

La novena posición la ocupó la materia de medio ambiente, con 49 quejas.

Continúan predominando las quejas relacionadas con los ruidos por actividades de diversa índole, que llegan hasta 17 quejas, y, en especial, las molestias que padecen algunos ciudadanos en sus domicilios por ruidos que provienen de: negocios de hostelería, fábricas, paradas de autobuses urbanos, ladridos de perros, sociedades gastronómicas, obras, maquinaria de climatización…
Otras ocho quejas se refieren a la recogida de residuos, bien por la ubicación de los contenedores, bien por la acumulación de residuos fuera de los contenedores, bien por el ruido que genera el servicio de recogida de basuras.
Seis quejas se han presentado por la denegación de la información ambiental o por la demora de diferentes administraciones en facilitar la misma.
Cinco quejas se refieren al medio ambiente urbano y cuatro quejas estaban relacionadas con las licencias de actividades clasificadas, principalmente porque la administración no procede a inspeccionar determinadas actividades que pudieran estar incumpliendo las condiciones de la licencia.

La décima posición la ocupa la materia de sanidad, con 49 quejas.

Destacan las quejas relacionadas con las listas de espera, sobre todo en las especialidades de traumatología y rehabilitación.
Otras catorce quejas mostraron la disconformidad con la concreta atención sanitaria y clínica recibida en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Seis quejas se referían a salud pública. Tres quejas más se refirieron a las prestaciones sanitarias y al reintegro de gastos.
Y otras tres versaron sobre prestaciones ortoprotésicas, una de ellas porque el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea no actualiza el catálogo de productos contenido en el Decreto Foral 17/1998, de 26 de enero, lo que conlleva la falta de financiación de productos que proporcionan una mayor facilidad en el uso y la mejoría en la calidad de vida de los usuarios.

El año pasado aumentó el número de casos en que las administraciones públicas no satisficieron plenamente el deber legal de colaboración con la institución del Defensor del Pueblo de Navarra.

De 33 casos relativos a 2019 se ha pasado a 46 casos en 2020, lo que supone un incremento del 39,4%.

Por ello, el Defensor del Pueblo de Navarra remitió al presidente del Parlamento y este, a su vez, a los grupos parlamentarios, una propuesta para introducir un sistema de multas coercitivas a aquellas administraciones que sistemáticamente retrasan o niegan informes y las debidas respuestas al Defensor del Pueblo de Navarra. Dado que persiste el mismo problema, me veo obligado a realizar el mismo llamamiento para que el Parlamento adopte medidas eficaces que permitan poner fin a esta situación y que, a la larga, puede poner en riesgo la efectividad de la institución.

III. Resoluciones más significativas.

Algunas recomendaciones que considero oportuno señalar son las siguientes:

Que no se dicten resoluciones administrativas de extinción del derecho a la renta garantizada sin haberse dado audiencia a las personas interesada y la posibilidad de formular alegaciones. La administración niega la preceptiva audiencia a las personas que tienen reconocido este derecho a una prestación que se considera básica y esencial para su dignidad y subsistencia.
Que se permita a los interesados subsanar los defectos en que incurra la documentación justificativa que deben presentar para cobrar e las mensualidades de las ayudas reconocidas para el acceso a viviendas en arrendamiento en los programas públicos David y Emanzipa. Estos dos programas se muestran insuficientes para garantizar el derecho constitucional de acceso a una vivienda adecuada. Las quejas relativas a la vivienda ponen de manifiesto la existencia de un problema muy grave de insuficiencia de viviendas protegidas en régimen de alquiler en Navarra, y especialmente, en la comarca de Pamplona. La institución ha recomendado que se incrementen el número de viviendas incluidas en el parque residencial público en régimen de arrendamiento y las medidas económicas para el acceso al alquiler social.
Que se preste o financie el tratamiento de fecundación “in vitro” a las madres solteras lo antes posible. A pesar de los reiterados llamamientos de la institución para que no se niegue la fecundación “in vitro”, la administración sigue negando esta prestación a las ciudadanas.
Que en el acceso a puestos de trabajo de las Administraciones públicas de Navarra se garantice que el euskera, en cuanto lengua propia de Navarra, se valore al igual que los idiomas extranjeros cuando estos se valoren como un mérito de forma general y no derivada del puesto de trabajo.
Que se adopten medidas para resolver o paliar el problema de hacinamiento de familias en habitaciones compartidas, prestando particular atención a las situaciones en que haya menores afectados, mediante el correspondiente apoyo social al acceso a una vivienda digna.
Que no se sancione en concepto de desobediencia y por el artículo 36.6 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, el mero incumplimiento de las limitaciones que prevé la declaración del estado de alarma motivada por la covid-19. Para que exista este tipo de desobediencia se requiere un mandato individualizado y concreto y, sobre todo, la oposición clara a dicho mandato, que así haya quedado reflejado en el escrito de denuncia y que luego lo haya confirmado el agente denunciante.

IV. Actuaciones de oficio.

Durante el año 2020, la institución inició 17 actuaciones de oficio.

De las 17 actuaciones de oficio, tres versaron sobre la pandemia por la covid-19. En concreto, lo hicieron sobre: a) la supresión de la asistencia presencial en las oficinas de la Hacienda Foral de Navarra para la realización de la declaración de la renta, b) las medidas adoptadas en materia de educación en el contexto de la crisis sanitaria, y c) y las aportaciones al Plan de Reactivación de Navarra 2020/2023.

Una de las actuaciones versó sobre la instalación de parques eólicos en el norte y zona media de Navarra, y otra, sobre la instalación de parques solares en las laderas norte y sur del monte El Perdón-Erreniega.

Otras dos actuaciones fueron sobre sanidad, por la carencia de médicos en la Zona Básica de Peralta, y por la reducción de la atención sanitaria en Beire y Pitillas.

Otras dos actuaciones incidieron en materia de vivienda: una, por la remisión de unas cartas a varios ciudadanos informando de la existencia de indicios de que viviendas de su propiedad no estaban siendo destinadas a uso residencial, y otra por la adquisición de viviendas destinadas al alquiler social por parte de un fondo de inversión.

Otras dos actuaciones de oficio versaron sobre seguridad ciudadana. Una por la deficiente atención médica en el centro penitenciario de Pamplona y otra por el fallecimiento de un preso navarro en el centro penitenciario de Zaballa, Álava.

El resto de actuaciones trataron sobre los siguientes asuntos:

La peligrosidad de la N-121-A por el número elevado de fallecimientos.
El cierre de las taquillas del tren en Tafalla, Castejón y Altsasu/Alsasua.
La valoración de lenguas extranjeras y la no valoración del euskera en las convocatorias, por concurso de méritos, para la provisión de puestos de trabajo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Las medidas para casos de anulación de oposiciones con posterioridad a los nombramientos.
Las carencias en el colegio público de educación especial Andrés Muñoz Garde.

Como en años anteriores, la institución ha valorado la situación de la infancia y la adolescencia en Navarra, conforme a las exigencias que a las Administraciones públicas de Navarra les impone la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia.

Los principales datos correspondientes a 2020 (menores atendidos, menores en guarda, menores acogidos, etcétera) se reducen respecto a los de 2019, año en el que tuvo una singular incidencia el programa de atención a menores extranjeros no acompañados. Sin embargo, descontada esta especial circunstancia en cuanto a la evolución, la tendencia de la actividad del sistema de protección de menores en los últimos años es creciente. En tal sentido, si se comparan los datos de menores atendidos correspondientes al periodo 2010-2020, se comprueba que la cifra ha pasado de 1.043 menores a 2.224 menores, lo que supone un incremento próximo al 115%. Esta evolución, medida en los últimos cinco años, supone un incremento aproximado del 59% (de 1.413 a 2.243).

Se vuelve a confirmar la dificultad para hacer valer la preferencia del legislador por la modalidad de acogimiento familiar respecto a la residencial o institucional. El porcentaje de estos últimos acogimientos ronda el 60% y, además, ha crecido durante los últimos años. En la fase de guarda provisional o de urgencia, el peso de la atención a través de centros es todavía más acusada.

V. Propuestas de los ciudadanos para la mejora de los servicios públicos.

En el año pasado los ciudadanos presentaron nueve propuestas de mejora de los servicios públicos. Con ello son ya 329 las presentadas desde el año 2008.

El año pasado propusieron que:

Se cree una banca pública similar a la desaparecida Caja de Ahorros de Navarra.
Se equiparen las familias monoparentales a las familias numerosas.
Se retrase la fecha del cierre de los colegios en junio, por el tiempo que permanecieron cerrados como consecuencia de la covid-19.
Se permita la salida de personas de la tercera edad durante el confinamiento.
Se apruebe un protocolo común para la reincorporación a los centros educativos en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19.
Se incluya un baremo por grupos de edad en las oposiciones de acceso a puestos de Policía Municipal de Pamplona/Iruña.
Se intervenga en las escuelas infantiles para atender al alumnado con necesidades emocionales específicas o cualificadas.
Se modernicen las técnicas quirúrgicas de reconstrucción de tejidos en caso de úlceras por presión.
Se coloquen vallas en una zona de esparcimiento canino de Mendillorri.

VI. Informes.

Durante el año 2020, la institución del Defensor del Pueblo de Navarra elaboró dos informes, a petición de dos entidades locales: uno, a solicitud del Ayuntamiento de Améscoa Baja, sobre la realización de grabaciones sonoras en plenos municipales, y otro, a solicitud del Ayuntamiento de Uterga, sobre la posible desafectación de terrenos comunales en el municipio para la instalación de parques solares.

VII. Consultas.

El número de consultas registradas por la oficina de atención ciudadana ascendió a 1.740 consultas.

Se formularon consultas en las siguientes materias de: covid-19, bienestar social, vivienda, consumo, hacienda, justicia, educación, sanidad, medio ambiente, urbanismo función pública, seguridad social, seguridad ciudadana, servicios públicos, tráfico y seguridad vial, acceso a un empleo público, funcionamiento de entidades locales, extranjería, responsabilidad patrimonial, trabajo, agricultura y ganadería, bienes de las administraciones públicas, obras públicas, memoria histórica, euskera, transparencia, derecho de acceso a la información pública y participación ciudadana.

VIII. Despedida.

Finalmente, señorías, quiero agradecer el apoyo y la sensibilidad que el Parlamento de Navarra, tanto a través de la Mesa como de la Comisión de Régimen Foral, mostraron con el Defensor del Pueblo de Navarra el año pasado para poder poner en marcha el Servicio de Mediación, y que se plasmó en el presupuesto y en la modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la institución.

Señorías, una vez más, muchas gracias por su atención. Eskerrik asko berriz denei zuen adieragatik.

Pamplona-Iruña, 3 de junio de 2021.