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Buenos días, muchas gracias, Sr. Presidente, señorías.
Egun on, eskerrik asko, Lehendari jauna, jaun-andreok.
Tengo el honor y el placer de presentar ante sus señorías el informe anual sobre la actividad desarrollada durante el ejercicio 2006 por la Defensora del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra. Cometido que realizo, pues, con gran satisfacción y también como muestra de mi más sincero agradecimiento, reconocimiento por su labor durante los seis años de su mandato y afecto hacia la titular de la Institución en dicho ejercicio, mi predecesora la señora doña María Jesús Aranda Lasheras, bajo cuya dirección e impulso se llevaron a cabo todas las actividades que voy a presentarles.
En el cómputo global suyo hay que dejar sentada la resolución de 2.200 quejas, la presentación de 12 informes y el inicio de la elaboración de dos más, tarea que debe calificarse de ingente.
De entrada, quisiera remarcar que la actividad realizada durante el año 2006 por la Defensora del Pueblo de Navarra pone de manifiesto la progresiva consolidación de la Institución del Defensor del Pueblo de Navarra, creada por iniciativa del Parlamento de Navarra en el año 2000, tanto en su relación con los ciudadanos como en su relación con las Administraciones Públicas de Navarra, así como la extensión de dicha actividad en muchos y variados campos.
Se observa un importante grado de satisfacción ciudadana con el resultado obtenido tras la tramitación de las quejas y consultas (6 de cada 10 ciudadanos la consideraron muy útil y 8 de cada 10 la recomendarían a otra personas) y un alto índice de aceptación de las Administraciones a las sugerencias y recomendaciones formuladas (6 de cada 10 se aceptaron por la Administración en ese año).
Como dato de referencia, me parece acertado añadir que el índice de confianza de los ciudadanos en relación con el Defensor del Pueblo de las Cortes Generales fue, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en octubre de 2006, del 5,1, habiendo sido su nota superior alcanzada, de 5,9, en diciembre de 1998 y diciembre de 1995. Y tal como puede colegirse del informe, la nota media que obtiene la institución creada por el Parlamento de Navarra en 2006 es muy superior (entre 6 y 7, más cerca de éste que del primero).
El conocimiento y aceptación de la institución foral por la ciudadanía navarra debe calificarse de alto, más aún si se tiene en cuenta que tan sólo se presentaron directamente ante el Defensor del Pueblo de las Cortes Generales 115 quejas desde Navarra en todo 2006, frente a las 454 presentadas ante la institución navarra (de ellas 33 eran luego competencia del Defensor del Pueblo estatal), lo que demuestra que los ciudadanos conocen, en términos generales, a dónde tienen que ir y cuándo tienen que ir.
En efecto, el número de quejas presentadas directamente desde Navarra al Defensor del Pueblo de las Cortes Generales fue de tan solo el 0,37%, en parecidos términos que, por ejemplo, Melilla (el 0,34%) y muy por debajo de Comunidades con una población inferior, similar o incluso el doble: La Rioja, 0,53%, Cantabria, 0,74%, o Asturias, 1,56%. Esto quiere decir que, para los navarros, la institución que protege sus derechos es el Defensor del Pueblo de Navarra, y no el Defensor del Pueblo de las Cortes Generales.
La afirmación precedente sobre la consolidación y aceptación de la Institución se basa además en los siguientes datos:
En el año 2006 se presentaron, como se ha señalado, 454 quejas, lo que supone un incremento de casi un 10% respecto a las quejas presentadas en el año 2005.
En relación con el número de habitantes, se presentó una queja por cada 1325 habitantes. De un estudio comparado entre las instituciones análogas, se comprueba que el Justicia de Aragón (1 queja por cada 695 habitantes), el Ararteko del País Vasco (1 queja por cada 1271 habitantes), el Procurador del Común de Castilla y León (1 queja por cada 964 habitantes) o el Diputado del Común de Canarias (1 queja por cada 1272 habitantes) reciben un mayor número de quejas por habitantes. En cambio, y el dato revela la aceptación de la institución, la institución navarra recibe más quejas por habitantes que el Defensor del Pueblo de las Cortes Generales (1 queja por cada 1422 habitantes), el Defensor del Pueblo Andaluz (1 queja por cada 1519 habitantes), el Síndic de Greuges de Catalunya (1 queja por cada 1385 habitantes), el Valedor do Pobo Galego (1 queja por cada 2114 habitantes), por citar las principales instituciones análogas y con más años de existencia. Todavía quedan más alejadas la Defensora del Pueblo de Castilla-La Mancha (1 queja por cada 2611 habitantes)y el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana (1 queja por cada 2834 habitantes).
De ellas 18 se presentaron en euskera (un 4%). En persona (bien porque la traen redactada, bien porque se redacta en la institución) lo hicieron en 260 casos (57,3%), de forma escrita en 132 casos (29%), internet en 38 casos (8,4%) y por fax en 24 casos (5,3%).
Fue el año en que más quejas más presentaron desde la creación de la Institución, confirmando tal dato su cada vez mayor conocimiento y su cada vez más creciente uso.
El perfil de la persona que se quejaba era una mujer de 35 a 60 años. En un 90% las quejas fueron individuales y en el 10% restante, las quejas fueron colectivas.
La distribución de las quejas presentadas por materias ofrece el siguiente resultado, por orden de mayor a menor porcentaje de la materia objeto de queja:
Estos datos nos revelan dos cosas:
La primera, que fundamentalmente las quejas se relacionan con lo que podemos llamar la vertiente social de las Administraciones navarra (los derechos sociales), y en menor medida con la vertiente del Estado de Derecho o del Estado democrático (derechos de participación política o administrativa): vivienda, bienestar social, servicios públicos, sanidad, medio ambiente...
La segunda, más concreta, que las quejas sobre sanidad ya no ocupan el primer lugar, como en 2005, siendo superadas por las relativas a urbanismo y vivienda, bienestar social, obras o servicios públicos o tráfico. También han caído llamativamente las quejas relativas a educación-enseñanza y las relacionadas con la seguridad social y extranjería. Han aumentado, en cambio, las relativas a bienestar social, hacienda, tráfico, medio ambiente (éstas últimas crecen anualmente de forma paulatina), obras y servicios públicos y procedimientos administrativos.
Como puede verse, hay variación del motivo de las quejas por años y eso muestra la diversidad de las quejas, lo que revelaría que no hay fallos sistemáticos de la actuación pública que se reiteren y sí, por el contrario, una respuesta de la Administración competente en cada materia para reducir esas quejas en cada ejercicio.
Las Administraciones Públicas de Navarra contra quienes los ciudadanos dirigieron sus quejas fueron las siguientes:
Centrándonos en los datos relativos a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, el Departamento de Salud es el Departamento del Gobierno de Navarra que fue objeto del mayor número de quejas, concretamente el 25,42 % (45 quejas) de las formuladas frente a esta Administración, algo lógico en razón de su mayor número de usuarios; le siguen los Departamentos de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, que representa el 16,38% (29 quejas), y de Educación, con un porcentaje del 15,82% (28 quejas).
En el ámbito de las Entidades Locales de Navarra, el mayor número de quejas (42) se refiere, como es normal dada su población y su mayor entidad administrativa, a diversas actuaciones del Ayuntamiento de Pamplona, que representan el 25,61% de las quejas presentadas frente a las entidades locales. Algo menos de una de cada diez quejas se refieren a esta Administración municipal.
Estos son los datos objetivos que muestran las quejas. Sin embargo, es necesario matizar que el número de quejas presentadas no es indicativo por sí mismo de una automática correspondencia con la vulneración de derechos de los ciudadanos por parte de las Administraciones Públicas, ya que no en todos los casos las quejas son viables.
El número de quejas que se consideraron viables tras un análisis preliminar de las mismas y que, en consecuencia, fueron tramitadas, ascendió en el año 2006 a 432. Para extraer este dato se han tenido en cuenta, además de las quejas presentadas en el año 2006, las correspondientes al ejercicio 2005 que quedaban pendientes de tramitar al cierre del mismo, que ascendían a 133, y las que se reabrieron como consecuencia de alguna actuación posterior, que fueron 22.
Estos son los datos de las quejas presentadas. A ellos hay que sumar los datos de las quejas examinadas en 2006, que nos acercan mejor a conocer la actividad de la Institución.
El número de quejas examinadas fue de 609. De ellas se admitieron a trámite 432, es decir, el 70% de las presentadas. La inadmisión del 30% restante se debió, en algunos casos, a que dichas quejas eran competencia del Defensor del Pueblo designado por las Cortes Generales o de los Altos comisionados parlamentarios para la garantía de los derechos públicos, en cuyo caso fueron remitidas a los órganos competentes, mayormente al primero.
En otros supuestos se trató de quejas que se cerraron a limine, bien por no apreciarse la existencia de irregularidad administrativa alguna, bien por versar sobre asuntos propios de la esfera jurídico privada, bien por quedar subsumidas en alguno de los otros supuestos que prevé la Ley Foral reguladora de la Institución para su inadmisión.
De las admitidas a trámite fueron estimadas el 41,2%, esto es, 178, de las que 97 se estimaron antes de ser necesario emitir alguna resolución al respecto. Por lo tanto, puede concluirse que una de cada cuatro quejas presentadas (exactamente, el 28,2%) ante la Institución estaba justificada y en ella se podía apreciar una vulneración de los derechos amparados por el ordenamiento jurídico.
Por otra parte, fueron desestimadas 64, que representan el 14% de las admitidas a trámite. El resto de quejas, a 31 de diciembre de 2006, se encontraban pendientes de resolución.
En cuanto a las Resoluciones dictadas en el año 2006 fueron 79. En ellas se formularon recomendaciones, recordatorios de deberes legales o sugerencias, según el caso, a diferentes entidades y organismos de la Comunidad Foral de Navarra.
Las Administraciones Públicas destinatarias de tales Resoluciones aceptaron el pronunciamiento de esta Institución en 37 casos, lo que representa un porcentaje del 64% (dos de cada tres) sobre la suma de aceptadas y rechazadas. En 21 casos la Administración afectada no contestó y en otros 21 casos rechazó la propuesta formulada por la Defensora del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra.
La relación de recomendaciones aceptadas figura en el informe anual y en la página web de la Institución, desde donde es accesible a cualquier interesado. Por ello, y a fin de no hacer demasiado extensa ni cansina mi intervención, haré una breve referencia a las que se han considerado más significativas, que en concreto se refieren al Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud y al Departamento de Educación.
El Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud aceptó la recomendación formulada por la Defensora para mejorar los procedimientos de ayuda institucional a las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el campo de lo social. Esta recomendación hacía referencia a la necesidad de clarificar el ámbito competencial de la Administración Foral y de la Administración Local, a la conveniencia de que las organizaciones que participan en la atención a los sectores sociales más desfavorecidos colaborasen con el Departamento de Bienestar Social en la definición de las líneas estratégicas de actuación para propiciar una acción social más coordinada y en la necesidad de revisar las convocatorias de periodicidad anual con la participación de estas organizaciones para detectar las principales dificultades que existen y, en consecuencia, agilizar los trámites o sustituirlos por otros más adecuados.
Por su parte, el Departamento de Educación aceptó modificar en las bases de las correspondientes convocatorias de becas para enseñanzas medias y universitarias las circunstancias económicas que determinaban en acceso a las becas y considerar el cese de la pensión de orfandad como uno de los elementos económicos a valorar en la concesión de la beca.
Además, dicho Departamento aceptó aplicar con flexibilidad las normas relativas a la permanencia en una etapa educativa de alumnos con necesidades educativas especiales para lograr que la atención educativa a estos alumnos fuera la que precisan y evitar situaciones en las que la aplicación estricta de las normas resultase contraria a los principios que las inspiran.
Estos supuestos, así como otros que constan en el informe anual, ponen de manifiesto cómo la Institución, mediante el examen de un caso concreto, ha conseguido participar en la adopción de medidas administrativas que redundan en beneficio de los más desfavorecidos, cumpliendo la función que le atribuye su ley foral reguladora.
La actividad desarrollada a lo largo del 2006 por la Defensora del Pueblo pone de manifiesto, como ya he expuesto al comienzo de esta intervención, que la Institución avanzó considerablemente en su objetivo por convertirse en un cauce de comunicación eficaz y mediador entre la Administración y el ciudadano, sin perjuicio de la necesidad de seguir mejorando en su función garantista, para lo que resulta imprescindible la colaboración de las Administraciones Públicas.
A este respecto, debo señalar que, con carácter general, las Administraciones cuyas actuaciones fueron supervisadas por la Defensora durante el año 2006, mostraron un alto grado de participación y cooperación con la misma.
Sin embargo, también se dieron algunos incumplimientos puntuales y lamentables del deber legal de colaboración con la Institución por parte de algunas entidades y organismos, lo que lógicamente interfirió negativamente en la función de salvaguarda de derechos inherente a esta Institución. Podemos destacar las siguientes:
y ya sólo en un caso, el Departamento de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo, la Hacienda Tributaria de Navarra, el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, el Ayuntamiento de Tudela, el Ayuntamiento de Murillo el Fruto, el Ayuntamiento de Lesaka, el Ayuntamiento de Olite, el Ayuntamiento de Puente la Reina y el Concejo de Berriosuso.
Es especialmente frustrante y exigiría una reflexión el hecho de que tanto el Servicio Navarro de Salud como el Ayuntamiento de Pamplona muestren un rechazo tan alto a las recomendaciones de la Institución que vela por la protección de los derechos de los ciudadanos. Más aún cuando las recomendaciones versan sobre aspectos de la importancia de tratamientos de rehabilitación y fertilidad, listas de espera en oftalmología o revisiones oncológicas o la atención en el servicio de urgencias; y en el caso de Pamplona, con sanciones de tráfico, la no construcción de VPO, el empadronamiento o la adjudicación de puestos de venta ambulante, apareciendo mencionadas en el informe las áreas de urbanismo y protección ciudadana de este Ayuntamiento.
La información que acabo de ofrecerles pone de manifiesto que todavía existe la necesidad de redoblar los esfuerzos para lograr que los poderes públicos, además de servir con objetividad a los intereses públicos, trabajen con transparencia, objetividad y en colaboración con las Instituciones que, como el Defensor del Pueblo, garantizan la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Y la colaboración es más necesaria, no porque lo diga la Ley, que lo dice, sino porque Instituciones como ésta, por su proximidad al ciudadano, constituyen un observatorio privilegiado para identificar los problemas que surgen en la relación de éste con las Administraciones Públicas, proponer mejoras que permitan incrementar una mayor calidad en la prestación de los servicios públicos y trasladar al máximo representante del pueblo navarro, el Parlamento de Navarra, problemas (no todos los problemas) que acucian a los ciudadanos.
Precisamente, en lo que se refiere a esta preocupación ciudadana, en el año 2006, el mayor grado de preocupación se concentró en tres grandes áreas, como son la vivienda, el urbanismo y la asistencia social.
La intervención de la Defensora en materia de vivienda durante el año 2006 se centró principalmente en aspectos relativos a los procesos de adjudicación de las viviendas de protección pública. La institución advirtió que la actual normativa no resultaba adecuada para dar respuesta a todas las situaciones que se planteaban y propuso una revisión de los procesos y criterios de adjudicación existentes.
Los defectos de construcción en las viviendas protegidas, cuestión íntimamente ligada a la anterior, fueron también motivo de queja. La resolución de este tipo de problemas exige que la Administración utilice los mecanismos de control e inspección que le permitan comprobar la adecuación de las viviendas a las normas de edificación y de diseño y establecer garantías de rectificación en caso de incumplimiento.
También fueron numerosas las quejas relativas al urbanismo, en su mayor parte por las discrepancias de los propietarios del suelo con la clasificación o el uso previsto por el planeamiento municipal para su parcela o para terrenos colindantes. La Defensora consideró que muchos de estos problemas podrían resolverse con una mayor transparencia e información urbanística a los ciudadanos, y así lo ha hecho constar en sus resoluciones y sugerencias.
En lo que se refiere al ámbito de bienestar social, la atención a las personas afectadas por algún tipo de enfermedad mental y las carencias del ámbito socio sanitario dieron lugar a un variado número de quejas que normalmente tenían que ver con la insuficiencia de recursos residenciales. La puesta en marcha de los Centros de Rehabilitación Psicosocial, previstos en el Programa de Atención a Personas con Trastorno Mental Grave aprobado en el año 2005, supuso un avance en este campo, si bien la Defensora consideró preciso completar con la efectiva realización de otras previsiones contempladas en el Programa.
Se apreciaron otras áreas en las que, ya en menor medida, se observó un menor grado de satisfacción ciudadana, como son las relativas a Obras Públicas y Servicios Públicos, donde la Defensora advirtió reticencias por parte de las entidades locales a dar curso a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas por los afectados. A ellas, se suman las quejas relacionadas con las afecciones que la ejecución de las obras públicas tiene en los bienes y derechos de los particulares.
En cuanto al resto de áreas, cabe reseñar que, si bien siguieron siendo numerosas las relativas a la Sanidad, éstas experimentaron un descenso respecto a las presentadas en el año 2005, pasando del 12,7% del total a representar el 9,25 %.
Dentro de la actividad de la Defensora durante el año 2006 adquieren indudable relevancia los informes especiales realizados, referidos a las siguientes materias, que fueron objeto de presentación ante el Parlamento de Navarra o, en su caso, de puesta en conocimiento del mismo:
Uno, sobre la accesibilidad física y sensorial a los centros y servicios de uso público en Navarra.
Otro, sobre medidas sociales, sanitarias y educativas que debieran preverse en el nuevo centro penitenciario de Navarra, realizado a instancia del propio Parlamento de Navarra.
Y otro, sobre la situación de la contaminación acústica en Navarra.
Precisamente, por razón de su presentación al Parlamento por la Defensora, me parece más acertado limitarme a una escueta referencia a los mismos.
Asimismo, se iniciaron dos informes más, que no llegaron a concluirse: el informe sobre los derechos de las personas mayores en Navarra y el informe sobre actuaciones de las Administraciones Públicas de Navarra para la protección del menor.
El informe especial sobre la accesibilidad física y sensorial a los centros y servicios de uso público en Navarra se inició en el año 2005 con la pretensión de evaluar la actuación de las Administraciones de la Comunidad Foral en materia de supresión de las barreras físicas o sensoriales y en el fomento del acceso universal a los distintos espacios, centros y servicios de utilización pública.
Tras el análisis realizado por la Defensora, se puso de manifestó la necesidad de introducir distintas mejoras en las políticas de accesibilidad, por lo que se realizaron dos recomendaciones generales, once recomendaciones específicas al Gobierno de Navarra y siete recomendaciones a los municipios.
El segundo informe especial versó sobre las medidas sociales, sanitarias y educativas que debieran preverse en el nuevo centro penitenciario de Navarra. Este informe fue solicitado el 3 de marzo de 2006 por la ponencia parlamentaria para el estudio de las condiciones de reclusión de las personas encarceladas desde la perspectiva de su reinserción social. En el informe se analizaron los derechos de los reclusos y sus posibles limitaciones y se establecieron los principios y criterios generales que deben presidir la actuación de la Administración en esta materia en los campos social, educativo y sanitario.
Tras el estudio que realizó, la Defensora del Pueblo recomendó que, en paralelo a la construcción de la nueva cárcel, se acometiera la elaboración de un Plan Integral de Reinserción Penitenciaria ya que, según se manifiesta en el informe, "configurar un modelo penitenciario realmente orientado hacia la reinserción exige bastante más que construir un centro físico".
El informe insiste en la necesidad de diseñar, entre todas las Administraciones implicadas y no solo la estatal, un modelo de cárcel con una dimensión ajustada, humana y coherente con la estrategia de reinserción, y en él se explican los motivos que determinan la necesidad de configurar una red integrada de centros y servicios penitenciarios.
El informe especial sobre la contaminación acústica se planteó con el objetivo de evaluar si las distintas Administraciones Públicas realizan las actividades de vigilancia y control necesarias para evitar la contaminación acústica y si se emplean de manera adecuada los distintos instrumentos de los que disponen para corregir las irregularidades detectadas,
Este informe se presentó a la Federación de Municipios y Concejos de Navarra en su calidad de representante de las entidades que tienen la responsabilidad directa en el control de la contaminación acústica.
El estudio realizado permitió a la Institución realizar seis recomendaciones, de entre las cuales conviene destacar las siguientes: respecto a las formuladas a los Ayuntamientos de Navarra, se aconsejó incrementar notablemente las actividades de inspección y actuar con mayor diligencia y rigor cuando se planteen quejas por los ciudadanos, así como aprobar Ordenanzas específicas sobre ruidos y vibraciones. En cuanto al Gobierno de Navarra, se destacó la necesidad de armonizar y mejorar la normativa sobre ruidos para facilitar su aplicación y para incorporar diversas mejoras, así como elevar el nivel de exigencia en las medidas de prevención.
Además de los informes especiales, la Defensora del Pueblo impulsó durante el año 2006 la aprobación de cuatro "Recomendaciones Generales" que trataron sobre: radiaciones y telefonía móvil, sistemas de garantías de trato correcto a los ciudadanos por parte de los agentes del orden, financiación de asociaciones de discapacitados y acceso al empleo público de los discapacitados.
En cuanto a la recomendación general sobre ordenación de las Estaciones Base de Telefonía Móvil, se analizó el grado de desarrollo y aplicación de la Ley Foral 10/2002, de 6 de mayo, para la ordenación de las estaciones base de telefonía móvil, que concluyó con una serie de recomendaciones a los Departamentos de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, de Economía y Hacienda y al Departamento de Salud, todas ellas dirigidas a dar un efectivo cumplimiento a la Ley Foral citada.
En la recomendación general referida a las Policías de Navarra, la Defensora recomendaba encarecidamente que se mejorasen los sistemas de control frente a eventuales actuaciones irregulares de los agentes y planteaba propuestas dirigidas a mejorar de manera sustancial los procedimientos de prevención y control interno de las posibles malas prácticas y abusos policiales.
En lo que se refiere a la recomendación general sobre las actuales vías y procedimientos existentes en Navarra de ayuda institucional a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el campo de lo social, la Defensora trasladó al Departamento de Bienestar Social diversas propuestas, a las que ya he hecho mención, que fueron aceptadas por el Departamento.
También se realizó una recomendación general sobre el grado de aplicación de la normativa vigente referida a la promoción de empleo de personas con discapacidad en el ámbito de las Administraciones públicas de Navarra. La Defensora propuso, entre otras medidas, la conveniencia de elevar el actual porcentaje de reserva para este colectivo que se sitúa en el 5% de las plazas incluidas en las ofertas públicas de empleo.
A todas estas acciones hay que añadir la puesta en marcha por la Defensora y su equipo del Plan Local de Derechos Ciudadanos, cuya finalidad consistió en lograr que los Ayuntamientos incorporen una estrategia de mejora continua en sus relaciones con los ciudadanos en línea con los principios establecidos en el Código Europeo de Buena Conducta Administrativa aprobado por el Parlamento Europeo.
El proyecto se puso en marcha en diciembre de 2005 con la firma de cuatro convenios de colaboración con municipios de más de 10.000 habitantes, concretamente con Tudela, Estella, Burlada y Zizur Mayor. En noviembre de 2006 se sumaron a esta iniciativa los Ayuntamientos de Ribaforada, Los Arcos y Lekunberri.
El método aplicado para la consecución de objetivos fue el del "ciclo de mejora continua", que consistió en evaluar la situación inicial, mediante encuestas a los ciudadanos para detectar áreas de mejora, priorizar y planificar acciones de mejora, ejecutarlas, y nuevamente volver a evaluar.
Los resultados obtenidos permitieron la elaboración de un catálogo de buenas prácticas administrativas que se sometió a la consideración de los Ayuntamientos para la mejora de sus relaciones con los ciudadanos, referidas a acciones de carácter general, la mejora de la accesibilidad y agilidad de los servicios municipales, la personalización, amabilidad y facilidad para presentar peticiones, la mejora de la información al ciudadano sobre los servicios municipales, la garantía de respuesta en plazo y forma, la transparencia en el acceso a la información disponible, el respeto del derecho a ser oído y a oponerse a las decisiones, a conocer mejor y tomar más en cuenta la opinión de los ciudadanos, a fomentar la participación individual y colectiva de los ciudadanos en la vida municipal, la rendición pública de cuentas y motivación de las decisiones, los sistemas de garantía de calidad de los servicios que ofrecen y la mejora de la gestión a través de medios informáticos.
El informe también recoge la actividad de la Oficina de Información, que es una de las grandes funciones de la Institución, en cuanto constituye el primer contacto de la Institución con los ciudadanos, a los cuales ofrece información y asesoramiento a través de distintos medios, con independencia de que la consulta termine o no en una queja.
La Oficina de Información incrementó su actividad en más de un 70% con relación al año 2005. Se atendieron 837 consultas, siendo el medio más empleado para ello el teléfono (dos de cada tres).
La mayor parte de las consultas se refirieron a urbanismo y vivienda (12%, sobre todo acerca de los criterios de adjudicación de las viviendas de VPO), seguida de bienestar social (casi también en ese mismo porcentaje, dominando temas relacionados con las condiciones de ingreso y estancia en residencias de tercera edad, atención domiciliaria), sanidad (10%, en su mayor parte sobre inadecuada atención sanitaria, listas de espera, transporte sanitario o atención a la salud mental), obras y servicios públicos (8%, deficiente conservación y mantenimiento, responsabilidad patrimonial, fallos en los transportes públicos) e interior y tráfico (7%, en particular sanciones de tráfico, trámites de expedición de DNI y trámites sobre extranjería).
De las 837 consultas, en más de la mitad de los supuestos, la persona se declaró suficientemente informada y en algo más de una de cada tres se presentó queja o se anunció que se presentaría.
La Oficina de Información se convierte así en un servicio público de información y asesoramiento universal y gratuito de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos subjetivos públicos y en cuanto a la valoración que hacen de los servicios públicos.
En cuanto a la información relativa a la liquidación del presupuesto, les daré los datos más interesantes sin detenerme en el detalle que refleja el informe.
El crédito inicial para el ejercicio 2006 ascendió a 1.047.367,00 € que, junto con las modificaciones presupuestarias (incorporaciones de remanentes de crédito del ejercicio 2005) por valor de 193.128,72 €, dio lugar a un presupuesto definitivo o consolidado de 1.240.495,72 €.
El estado de liquidación del presupuesto de gastos refleja que las obligaciones reconocidas netas ascendieron a 1.130.083,21€, lo que supone un grado de cumplimiento del 91,10%.
El estado de liquidación del presupuesto de ingresos refleja que los derechos reconocidos netos ascendieron a 1.045.093,05€, lo que supone un grado de realización del 84,25%.
El estado de liquidación del presupuesto refleja un superávit de financiación de 100.847,63€.
De los gastos lo más importante que puede destacarse es que:
Los gastos de personal alcanzaron el 46,32% del estado de gastos, y su ejecución presupuestaria fue del 100%.
Los gastos en bienes corrientes y servicios representaron el 31,03% de los créditos presupuestados para gastos y su ejecución se realizó en un porcentaje del 90,68%.
En cuanto a las transferencias corrientes representaron el 1,66% y su realización el 100%.
Las inversiones reales representaron el 4,91% del presupuesto de gastos y se ejecutaron en el 100% y, por último, las transferencias de capital, que supusieron el 16,07% del presupuesto de gastos del ejercicio 2006 con un porcentaje de ejecución del 62,61%.
Por su parte, el estado de liquidación del presupuesto de ingresos refleja que los ingresos proceden, fundamentalmente de las transferencias recibidas de la Hacienda Foral de Navarra, que representan el 99,95% del total de los ingresos realizados en el ejercicio.
La Cámara de Comptos emitió su informe de fiscalización de las cuentas de la Institución y encontró que la cuenta general reflejaba razonablemente la situación patrimonial y financiera y el estado de liquidación del presupuesto.
La plantilla orgánica de la Institución no sufrió variación alguna durante ese año.
Concluyo ya, señorías. Este ha sido el resumen oral del Informe anual correspondiente a 2006, que ha tratado de sintetizar siquiera una pequeña de la mucha actividad que realizó mi predecesora ante esta Institución comisionada del Parlamento de Navarra. Me pongo a su disposición para aclarar o completar aquellos puntos o cuestiones que, por mi afán de no agotarles en exceso, no hayan quedado suficientemente claros o expuestos.
Eskerrik asko berriz denei zuen adiera eta pazientzia gatik.
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