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Buenos días, muchas gracias, Sr. Presidente, señorías.
Egun on, eskerrik asko, Lehendari jauna, jaun-andreak.
La finalidad de esta comparecencia es exponer ante el Pleno del Parlamento un breve resumen del informe anual sobre la actividad desarrollada durante el ejercicio 2006 por la Defensora del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, y rendir de una forma general cuentas de la labor realizada por la institución, puesto que, el pasado 7 de noviembre, tuve ocasión de realizar una presentación más extensa y detallada del informe ante la Comisión de Régimen Foral.
En primer lugar, y por ser la primera vez que comparezco ante el Pleno, quisiera agradecer al conjunto de la Cámara la confianza y atenciones que han tenido en todo momento con quien es su alto comisionado para la defensa y mejora del ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
Asimismo, y como ya lo manifesté en la comparecencia ante la Comisión de Régimen Foral, quisiera también expresar mi agradecimiento y reconocimiento a mi predecesora, doña María Jesús Aranda Lasheras, por su inestimable colaboración en el traspaso de funciones y por la labor desempeñada al frente de la institución, poniéndola en marcha, asentándola y desplegando diversas actividades entre las que se incluyen parte de las que hoy voy a relacionarles.
En el cómputo global de la actividad realizada por la Defensora del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra en los seis años que estuvo al frente de la institución, figuran, entre otras actuaciones, la resolución de 2.200 quejas, la presentación de 12 informes monográficos y el inicio de la elaboración de otros dos informes más, tarea que debe calificarse de ingente si quiera en comparación con la tarea de otras defensorías autonómicas.
De entrada, la actividad realizada durante el año 2006 por la Defensora del Pueblo de Navarra pone de manifiesto la progresiva consolidación de la Institución y la extensión de su actividad a muchos y variados campos.
La valoración realizada por los ciudadanos sobre la Institución en el año 2006, muestra, por una parte, un alto grado de satisfacción con la institución (6 de cada 10 ciudadanos la consideraron muy útil y 8 de cada 10 la recomendarían a otra personas) y, por otro, un conocimiento ciertamente preciso de la labor que realiza, ya que únicamente tuvieron que ser remitidas al Defensor del Pueblo del Estado por ser de su competencia un 6% de las quejas presentadas.
En lo que se refiere a las Administraciones Públicas, también se percibe un alto índice de aceptación a las sugerencias y recomendaciones formuladas (6 de cada 10 se aceptaron por la Administración destinataria).
En el año 2006 se presentaron 454 quejas, lo que supone un incremento de casi un 10% respecto a las quejas presentadas en el año 2005. Ha sido, por lo tanto, el año 2006 el que más quejas ha recibido la institución, lo que acredita que cada vez más ciudadanos acuden a ella.
En relación con el número de habitantes, se presentó una queja por cada 1325 habitantes. De un estudio comparado entre las instituciones análogas, se comprueba que la institución navarra recibió más quejas por habitante que otras instituciones con más años de existencia, como pueden ser el Defensor del Pueblo de las Cortes Generales, el Defensor del Pueblo Andaluz, el Síndic de Greuges de Catalunya o el Valedor do Pobo Galego. Esto situaría a nuestra institución entre las primeras de un hipotético ranking de asistencia a los ciudadanos.
Respecto al objeto de las quejas, las materias afectadas, el mayor número versó, por este orden de importancia, sobre actuaciones en vivienda y urbanismo, las relacionadas con bienestar o asuntos sociales, las relativas a obras públicas y servicios, las quejas sobre actuaciones en materia de tráfico e interior, las relativas a la sanidad pública (incluidas las prestaciones que da) y las actuaciones relacionadas con el medio ambiente. Prácticamente, cada bloque de las materias citadas, en unos casos por encima y en otros por debajo, ronda el 10 por 100 de las quejas.
Estos datos revelan que las quejas del año 2006 están relacionadas fundamentalmente con lo que podemos llamar la vertiente social de las Administraciones de Navarra (los derechos sociales), vivienda, bienestar social, servicios públicos, sanidad, medio ambiente... En menor medida, las quejas se relacionan con la vertiente del Estado de Derecho o del Estado democrático (derechos de participación política o administrativa), por lo que puede concluirse que los ciudadanos discrepan las más de las veces con el fondo del asunto que les concierne, sobre todo con las prestaciones sociales, que con la forma en que les tratan las Administraciones navarra, lo que ya de por sí revela un aspecto positivo, en términos generales, en cuanto a la educación y respeto mostrados por autoridades administrativas y funcionarios públicos hacia los ciudadanos.
Las Administraciones Públicas de Navarra sobre las que versaron las quejas fueron, principalmente la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, que representa prácticamente el 40% del total, y el Ayuntamiento de Pamplona, con algo más del 9%. Entre ambas recogen la mitad de las quejas formuladas. Otras quejas se dirigieron a otros organismos, entre ellos las restantes entidades locales, la Administración estatal, la Administración judicial, los entes privados y otros entes.
Los datos que acabo de ofrecerles se refieren a las quejas presentadas en el año 2006.
En cuanto a las quejas examinadas por la Institución en dicho ejercicio, fueron 609.
De estas se admitieron a trámite el 70% (432 quejas) y de las admitidas a trámite se estimaron el 41%. O dicho de otro modo, una de cada cuatro quejas presentadas ante la Institución estaba justificada y en ella se podía apreciar un acto contrario al ejercicio legítimo de los derechos amparados por el ordenamiento jurídico.
Las Resoluciones dictadas por la Defensora del Pueblo de Navarra fueron 79. En ellas se formularon recomendaciones, recordatorios de deberes legales o sugerencias, según el caso, a diferentes entidades y organismos de la Comunidad Foral de Navarra.
Las Administraciones Públicas destinatarias de tales Resoluciones aceptaron el pronunciamiento de esta Institución en 37 casos, lo que representa un porcentaje del 64% (dos de cada tres) sobre la suma de aceptadas y rechazadas.
En 21 casos la Administración afectada no contestó y en otros 21 casos rechazó la propuesta formulada por la Defensora.
La relación de recomendaciones aceptadas figura detalladamente en el informe anual publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra de 25 de octubre y en la página web de la Institución, desde donde es accesible a cualquier interesado.
En todos los casos en los que se ha producido la aceptación de las recomendaciones, la Institución ha conseguido participar en la adopción de medidas administrativas que redundan, sobre todo, en beneficio de los más desfavorecidos, cumpliendo la función que le atribuye su ley foral reguladora.
Las Administraciones cuyas actuaciones fueron supervisadas por la Defensora durante el año 2006, mostraron, con carácter general, un alto grado de colaboración con la misma. Se pone de manifiesto, por tanto, que la Institución avanzó considerablemente en su objetivo de convertirse en un cauce de comunicación eficaz y mediador entre la Administración y el ciudadano.
Sin embargo, también se dieron algunos incumplimientos puntuales y lamentables del deber legal de colaboración con la Institución por parte de algunas entidades y organismos, lo que lógicamente interfirió negativamente en la función de salvaguarda de derechos inherente a la Institución.
Ante estos incumplimientos, me veo compelido a recordar que el desconocimiento del deber de colaboración con la Institución del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, los retrasos injustificados en la remisión de información, la falta de una justificación adecuada de las actuaciones (lo que excluye los formalismos) y, en definitiva, cualquier otra actuación que suponga una mala práctica en las relaciones institucionales, no va en perjuicio tanto de la institución, sino del legítimo ejercicio de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, entre ellos el de hacer uso, con agilidad y eficacia, de esta Institución Parlamentaria garantista de tales derechos, amén de vulnerar el ordenamiento jurídico.
En este sentido, el informe menciona a doce ayuntamientos y un concejo por no contestar los requerimientos de información de la institución, y a tres departamentos y dos organismos autónomos de la Administración de la Comunidad Foral.
Y también menciona a seis ayuntamientos y un concejo por no aceptar las recomendaciones realizadas desde la institución.
Por ello, sigue siendo necesario aunar esfuerzos para lograr que los poderes públicos, además de servir con objetividad a los intereses públicos, colaboren leal y eficazmente con las Instituciones que, como el Defensor del Pueblo, tienen por misión la garantía de la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, tanto en la remisión de información como en la aceptación de las recomendaciones.
Las quejas presentadas el año pasado se concentraron en tres grandes áreas, como son la vivienda, el urbanismo y los servicios sociales.
La intervención de la Defensora en materia de vivienda se centró principalmente en aspectos relativos a los procesos de adjudicación de las viviendas de protección pública y en los defectos de construcción en las viviendas protegidas.
También fueron numerosas las quejas relativas al urbanismo, en su mayor parte por las discrepancias de los propietarios del suelo con la clasificación o el uso previsto por el planeamiento municipal para su parcela.
En lo que se refiere al ámbito de bienestar social, las quejas que, mayoritariamente, se presentaron versaron sobre la atención a las personas afectadas por algún tipo de enfermedad mental y sobre las carencias del ámbito sociosanitario, normalmente relacionadas con la insuficiencia de recursos residenciales públicos.
También se formularon quejas relativas a obras públicas y servicios públicos, principalmente sobre reclamaciones de responsabilidad patrimonial, no tramitadas por las entidades locales, y quejas relacionadas con las afecciones que la ejecución de las obras públicas tiene en los bienes y derechos de los particulares.
Dentro de la actividad que desarrolló la Defensora en este año 2006 adquieren indudable relevancia los informes especiales o monográficos que realizó y que, en su momento, fueron objeto de presentación ante el Parlamento de Navarra o, en su caso, puestos en conocimiento del mismo, por lo que me limitaré a mencionarlos:
Los informes especiales fueron tres:
Uno, sobre la accesibilidad física y sensorial a los centros y servicios de uso público en Navarra.
Otro, sobre medidas sociales, sanitarias y educativas que debieran preverse en el nuevo centro penitenciario de Navarra, informe realizado a instancia del propio Parlamento de Navarra.
Y el tercero, sobre la situación de la contaminación acústica (los ruidos) en Navarra.
Además, se iniciaron dos informes, que no llegaron a concluirse: el informe sobre los derechos de las personas mayores en Navarra, que tendré el honor de presentar ante la Comisión de Régimen Foral el próximo día 20 de diciembre, y el informe sobre actuaciones de las Administraciones Públicas de Navarra para la protección del menor, que pretendo presentar en el siguiente periodo de sesiones.
Además de los informes especiales, la Defensora del Pueblo impulsó durante el año 2006 la aprobación de cuatro "Recomendaciones Generales" que trataron sobre: mejoras en cuanto a radiaciones y telefonía móvil, garantías de trato correcto a los ciudadanos por parte de los agentes del orden, mejoras en la financiación de asociaciones de discapacitados, y propuestas relativas al acceso al empleo público de los discapacitados.
A todas estas acciones hay que añadir la puesta en marcha por la Defensora y su equipo del Plan Local de Derechos Ciudadanos. El proyecto se puso en marcha en diciembre de 2005 y los resultados obtenidos permitieron la elaboración de un catálogo de buenas prácticas administrativas que se sometió a la consideración de siete Ayuntamientos para la mejora de sus relaciones con los ciudadanos.
El informe anual también se refiere a la actividad de la Oficina de Información de la Institución, que por su acercamiento al ciudadano constituye un cauce muy eficaz -cada vez más eficaz- de comunicación con éste, a cuyo través recibe información y asesoramiento, con independencia de que la consulta termine o no en una queja.
En el año 2006 la Oficina de Información incrementó su actividad en más de un 70% respecto al año 2005. Se atendieron 837 consultas, de las cuales el mayor número se realizaron por teléfono (dos de cada tres).
La Oficina de Información se ha convertido de este modo en un servicio público de información y asesoramiento universal y gratuito de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos subjetivos públicos.
En cuanto a la información relativa a la liquidación del presupuesto, y dado que el detalle del mismo figura en el informe anual que tienen a su disposición, me limitaré a exponerles que el presupuesto se ejecutó en un 91,10% y que el estado de liquidación del presupuesto reflejó superávit de financiación.
La Cámara de Comptos emitió su informe de fiscalización de las cuentas de la Institución y encontró que la cuenta general reflejaba la situación patrimonial y financiera y el estado de liquidación del presupuesto.
Concluyo ya, señorías. Este ha sido, expuesto a grandes trazos, el resumen oral del Informe anual correspondiente a 2006, en el que se refleja la extensa actividad que realizó mi predecesora, la Sra. Aranda Lasheras, y todo su equipo al frente de esta Institución comisionada del Parlamento de Navarra.
Muchas gracias de nuevo a todos por su atención y aprovecho la ocasión para desearle unas felices fiestas, un próspero Año Nuevo y, sobre todo, paz.
Eskerrik asko berriz denei zuen adieragatik, zorionak, bakea eta urte berri on.
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