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Bienestar social
Tema: El retraso del Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo en resolver una solicitud de renovación de la renta garantizada.
Consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo
Señora Consejera:
1. El pasado 1 de octubre de 2026 esta institución recibió un escrito de la señora doña (…), mediante el que formulaba una queja frente al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, en relación con la demora en la resolución de su solicitud de renovación de la Renta Garantizada.
2. Seguidamente, la institución se dirigió al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, solicitando que informara sobre la cuestión planteada.
El 26 de octubre de 2026 se recibe el informe remitido por dicho Departamento, que queda incorporado al expediente y del que se da traslado a la interesada.
3. Como ha quedado reflejado, la queja se formula por la demora en la resolución de la solicitud de renovación de la Renta Garantizada presentada por la interesada el 13 de mayo de 2026.
En el informe del Departamento se constata no haber lugar a la renovación automática por apreciación de un cambio en la situación personal y familiar de la interesada, que motiva el requerimiento de aportación de documentación complementaria efectuado con fecha 24 de septiembre de 2026 (más de cuatro meses después de presentada la solicitud).
Asimismo, se indica que la interesada habría presentado la documentación, encontrándose actualmente en proceso de valoración para posterior resolución del expediente de renovación.
4. En relación con el reconocimiento de esta prestación, ha de señalarse que el artículo 21 de la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la inclusión social y a la renta garantizada, dispone lo siguiente:
“1. El órgano competente para tramitar y resolver las solicitudes de Renta Garantizada será el servicio competente en materia de garantía de ingresos, cuyo titular dictará la resolución en el plazo máximo de tres meses contados desde la fecha de entrada en alguno de los registros oficiales del Gobierno de Navarra y, en su caso, determinará la cuantía de la prestación y el período de percepción.
Si la resolución no se dictara y notificara en dicho plazo, la solicitud se entenderá estimada por silencio administrativo (…)”.
Por su parte, el artículo 26 del Decreto Foral 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la inclusión social y a la renta garantizada, se refiere a la renovación de esta prestación y dispone que:
“La solicitud de renovación de Renta Garantizada se presentará en el último mes de concesión de la Renta Garantizada y se tramitará conforme al procedimiento general establecido para su concesión inicial con las salvedades previstas en este artículo (…)”.
5. A la vista de la normativa citada y de la información obrante en el expediente, la queja es fundada en cuanto al retraso en resolverse sobre la renovación de la renta garantizada.
Si bien la Administración aduce que la renovación no se tramitó de forma automática por constatar una modificación en su situación personal y familiar, lo que determinó que se requiriera de documentación a la interesada (aportación de una resolución judicial y el NIE), ello no justificaría una tramitación que excede del plazo de tres meses legalmente establecido para la resolución de la solicitud.
A su vez, dado que, de acuerdo con el artículo 21.1 de la Ley Foral 15/2016, la falta de atención en tiempo y plazo de las solicitudes de la Renta Garantizada determina su estimación por silencio administrativo, la solicitud de 13 de mayo de 2026 debería considerarse estimada, sin que quepa la adopción de un acto resolutorio en sentido contrario a ello (artículo 24.3 de la Ley 39/2015).
Por todo ello, esta institución estima oportuno recordar al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo su deber legal de atender en tiempo y forma las solicitudes de renovación de la Renta Garantizada, así como recomendar que, debiendo considerarse la solicitud de 13 de mayo de 2026 estimada por silencio administrativo, se adopten las medidas necesarias para abonar a la interesada las mensualidades de la Renta Garantizada correspondientes.
6. En consecuencia, y de conformidad con las facultades que le atribuye el artículo 34.1 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, esta institución ha estimado pertinente:
a) Recordar al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo su deber legal de resolver en plazo las solicitudes de renovación de la renta garantizada.
b) Recomendar al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo que, debiendo considerarse estimada por silencio administrativo la solicitud de renovación de la Renta Garantizada presentada por la promotora de la queja el 13 de mayo de 2026, adopte las medidas necesarias para el pago a aquella de las mensualidades derivadas de la estimación de dicha solicitud.
De conformidad con el artículo 34.2 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, procede que el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo informe, como es preceptivo, en el plazo máximo de dos meses, si acepta esta resolución, y, en su caso, las medidas adoptadas para su cumplimiento.
De acuerdo con lo establecido en dicho precepto legal, la no aceptación de la resolución podrá determinar la inclusión del caso en el Informe anual correspondiente que se exponga al Parlamento de Navarra, con mención expresa de la Administración que no haya adoptado una actitud favorable cuando se considere que era posible.
A la espera de su respuesta, le saluda atentamente,
El Defensor del Pueblo de Navarra
Nafarroako Arartekoa
Patxi Vera Donazar
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