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Bienestar social
Tema: La demora del Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo en la resolución de una reclamación previa a la vía jurisdiccional social, presentada por la denegación del ingreso mínimo vital.
Consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo
Señora Consejera:
1. El 21 de septiembre de 2026 esta institución recibió un escrito presentado por el señor don (…), mediante el que formulaba una queja referente a la demora en la resolución de una reclamación previa a la vía jurisdiccional social, presentada por la denegación del ingreso mínimo vital.
2. Seguidamente, esta institución se dirigió al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, solicitando que informara sobre la cuestión suscitada.
El 13 de octubre de 2026 se recibió el informe remitido, del que se da traslado al interesado.
3. La queja presentada trae causa de la denegación al interesado del ingreso mínimo vital, acordada por Resolución 231/2026, de 12 de febrero, de la Directora del Servicio de Garantía de Ingresos y Cooperación al Desarrollo.
Formulada una reclamación frente el acto denegatorio (el 17 de abril de 2026, según se expone en la queja y en el informe remitido), la misma no había sido resuelta (al menos, a la fecha de emisión de dicho informe, esto es, a 13 de octubre).
4. El artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, se refiere a la reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social.
El apartado quinto del precepto dispone:
“Formulada reclamación previa en cualquiera de los supuestos mencionados en el presente artículo, la Entidad deberá contestar expresamente a la misma en el plazo de cuarenta y cinco días. En caso contrario se entenderá denegada la reclamación por silencio administrativo”.
Por lo tanto, las reclamaciones previas han de ser resueltas en cuarenta y cinco días, lo que no se ha hecho en este caso.
Aun cuando, como se apunta en el informe administrativo, el interesado pueda entender denegada la reclamación -posibilidad que se prevé a efectos de no impedir o dilatar indebidamente el acceso a la vía judicial-, ello no obsta para declarar el incumplimiento del deber de resolver en plazo y la persistencia de la obligación de emitir resolución expresa, pues así se deriva de la concepción del silencio administrativo que establece el artículo 24.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común y de las Administraciones Públicas.
Por ello, se emite un recordatorio de deberes legales y se recomienda la resolución expresa de la reclamación con la debida celeridad.
5. En consecuencia, y en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 34.1 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, la institución del Defensor del Pueblo de Navarra ha estimado necesario:
a) Recordar al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo su deber legal de atender en tiempo y forma las reclamaciones previas a la vía jurisdiccional social.
b) Recomendar al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo que, en el caso objeto de queja, vencido el plazo máximo, resuelva con celeridad la reclamación del interesado frente a la denegación del ingreso mínimo vital.
De conformidad con el artículo 34.2 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, procede que el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo informe, como es preceptivo, en el plazo máximo de dos meses, si acepta esta resolución, y, en su caso, las medidas adoptadas para su cumplimiento.
De acuerdo con lo establecido en dicho precepto legal, la no aceptación de la resolución podrá determinar la inclusión del caso en el Informe anual correspondiente al año 2026 que se exponga al Parlamento de Navarra, con mención expresa de la Administración que no haya adoptado una actitud favorable cuando se considere que era posible.
A la espera de su respuesta, le saluda atentamente,
El Defensor del Pueblo de Navarra
Nafarroako Arartekoa
Patxi Vera Donazar
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