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Seguridad ciudadana
Tema: Los problemas de convivencia en el barrio de la Rochapea por la existencia de varios pisos en los que habitualmente se vendería droga.
Alcalde de Pamplona/Iruña
Excmo. Sr. Alcalde:
1. La actuación de oficio referenciada fue iniciada el 23 de enero de 2024, tras publicarse noticias acerca de la problemática que genera una serie de “narcopisos” que existirían en el barrio de la Rochapea de Pamplona/Iruña, localizados en su mayoría en la calle Monasterio Viejo de San Pedro (también los habría en las calles Marcelo Celayeta y Santa Engracia, según se señalaba).
Las noticias recogían la protesta de un colectivo de vecinos (RTX Auzolan), que venían a denunciar los problemas de convivencia que padecen por causa de estos pisos dedicados a la venta de droga, principalmente de heroína, y la afección que les supone para su seguridad, tranquilidad y derecho al descanso la actividad que en ellos se genera.
Se detallaban determinados episodios conflictivos y se reclamaba una solución integral por parte de las Administraciones competentes para garantizar los derechos de los vecinos y atender y tratar adecuadamente a las personas drogodependientes que acuden a los pisos.
2. Seguidamente, esta institución se dirigió al Ayuntamiento de Pamplona/Iruña y al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, solicitándoles que informaran sobre la problemática denunciada por los vecinos y acerca de las actuaciones realizadas o que esté previsto realizar para procurar resolver aquella.
3. El Ayuntamiento de Pamplona/Iruña ha emitido dos informes, de las áreas municipales competentes en materia de seguridad ciudadana y servicios sociales.
a) Informe del Área de Seguridad Ciudadana y Convivencia:
“Ante la problemática detectada en ciertos lugares muy concretos del barrio de la Rochapea de Pamplona, que en ningún momento constituyen una “serie de narcopisos”, desde el Ayuntamiento de Pamplona se está actuando desde una perspectiva multidisciplinar. Desde el Área de Seguridad y Convivencia Ciudadana se han mantenido varias reuniones y se mantiene una comunicación constante desde Policía Comunitaria y Policía Municipal con los vecinos.
El 6 de febrero los Concejales de Seguridad y Convivencia Ciudadana y Servicios Sociales lideraron una de ellas con los vecinos afectados donde recogieron su malestar y preocupación por los problemas de convivencia.
Se ha establecido una orden de trabajo que hasta la fecha se ha concretado en 51 acciones completadas por parte de Policía Municipal llevadas a cabo por la brigada de proximidad.
El Grupo de Investigación con autorización del Juzgado, el pasado sábado día 9, practicó un registro en un domicilio en Monasterio Viejo de San Pedro en el que resultaron detenidas dos personas por un presunto delito de tráfico de sustancias estupefacientes.
Paralelamente el Área de Servicios Sociales sigue trabajando en la atención de las personas”
b) Informe del Área de Acción Social, en el que se aporta una serie de detalles personales, familiares y sociales acerca de las personas que ocupan un piso en la calle Monasterio de San Pedro que no se considera necesario reproducir aquí. No obstante, se citan algunos episodios conflictivos y el trabajo educativo que se lleva a cabo, así como la atención médica que reciben dichas personas.
4. El Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, por su parte, ha emitido el siguiente informe:
“La problemática denunciada por los vecinos de la zona y que ha dado lugar a diversas noticias en medios de comunicación parece estar siendo abordada por el Ayuntamiento de Pamplona, según aparece en los citados medios, pues es la entidad competente para realizar las actuaciones oportunas en estos casos de conflicto social. Por otro lado, en el caso de que, como se denuncia, se estén desarrollando actividades delictivas en pisos, serán las autoridades policías y, en su caso, judiciales, quienes deberán intervenir sobre el problema”.
5. Como ha quedado reflejado, la actuación trae causa de la denuncia pública formulada por un colectivo de vecinos del barrio de la Rochapea, de Pamplona, relativa a la eventual existencia en dicho barrio de una serie de “narcopisos”, que, por razón de su actividad y afluencia, generan problemas y situaciones de inseguridad relevantes para el vecindario.
Como igualmente se deriva de los antecedentes, el asunto, por la problemática suscitada, remite al eventual ejercicio de potestades administrativas tanto de naturaleza policial, ante el desarrollo de una posible actividad ilegal y lesiva para la salud pública, así como susceptible de afectar a la convivencia vecinal y a los derechos de los vecinos, como de intervención social, ante las posibles causas determinantes de la situación que se describe. En relación con esto último, procede señalar que es objetivo esencial de la política de los poderes públicos en materia de servicios sociales “prevenir y atender las situaciones de exclusión de las personas y de los grupos” (artículo 2 de la Ley Foral de Servicios Sociales).
6. Más allá de su concreta dimensión y de lo necesario de actuar de una manera interdisciplinar ante una problemática como la descrita, siendo claro que la misma existe y que la protesta vecinal y su reclamación de una solución a las Administraciones públicas es legítima y razonable, esta institución ve pertinente sugerir que continúen y, si es preciso, se intensifiquen las medidas tendentes a erradicar o minimizar aquella, con la coordinación entre instancias u órganos administrativos que sea precisa.
6. En consecuencia, y en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 34.1 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, la institución del Defensor del Pueblo de Navarra ha estimado necesario:
Sugerir al Ayuntamiento de Pamplona/Iruña que continúen y, si es preciso, se intensifiquen las medidas tendentes a erradicar o minimizar la problemática derivada de la existencia en el barrio de la Rochapea de uno o varios pisos en los que se vendería habitualmente droga (“narcopisos”, según refiere el colectivo vecinal que ha denunciado públicamente la situación), con la coordinación entre instancias u órganos administrativos que sea precisa en la búsqueda de una solución interdisciplinar, tanto para proteger los derechos de los vecinos y vecinas, como para procurar paliar las problemáticas sociales que afectarían a las personas que habitan o acuden a los citados pisos.
De conformidad con el artículo 34.2 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, procede que el Ayuntamiento de Pamplona/Iruña informe, como es preceptivo, en el plazo máximo de dos meses, si acepta esta resolución, y, en su caso, las medidas adoptadas para su cumplimiento.
De acuerdo con lo establecido en dicho precepto legal, la no aceptación de la resolución podrá determinar la inclusión del caso en el Informe anual correspondiente al año 2024 que se exponga al Parlamento de Navarra, con mención expresa de la Administración que no haya adoptado una actitud favorable cuando se considere que era posible.
A la espera de su respuesta, le saluda atentamente,
El Defensor del Pueblo de Navarra
Nafarroako Arartekoa
Patxi Vera Donazar
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