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Urbanismo y Vivienda
Tema: La necesidad del autor de la queja y sus hijos menores de edad de acceder a una vivienda protegida.
Vicepresidenta Tercera y Consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias
Alcalde de Pamplona / Iruña
Señora Consejera / Excmo. Sr. Alcalde:
1. El 8 de marzo de 2024 esta institución recibió un escrito del señor don (..), mediante el que formulaba una queja por la necesidad de acceso a una vivienda para él y su familia.
En dicho escrito, exponía que:
a) Tiene 23 años y reside con su mujer y sus dos hijas menores (4 años y 1 mes), en la casa de sus padres. Son un total de 9 personas, ya que además también conviven con los hermanos del ciudadano, todos ellos menores de edad (17, 14 y 10 años). Por tanto, residen dos unidades familiares en una misma vivienda, ya que no disponen de ninguna otra alternativa habitacional.
b) La casa es muy antigua y tiene muchas humedades, lo cual propicia la aparición de pequeños bichitos. En muchas ocasiones, tienen que dormir en el suelo, ya que son muchos en la casa. Estas condiciones no son adecuadas para el crecimiento y desarrollo de los menores.
c) Su madre fue operada hace dos años por un meningioma. Actualmente, tiene revisiones y acude al neurólogo por habituales dolores de cabeza, estando en tratamiento para ello. Esta situación también le está perjudicando.
Uno de sus hermanos (14 años) está diagnosticado de rinitis por sensibilización a ácaros del polvo doméstico. Por lo tanto, la situación en la que conviven no ayuda a su mejoría. La hija mayor (4 años) del ciudadano autor de la queja está siendo valorada por si pudiera tener trastorno del espectro autista.
d) Se encuentra inscrito en el censo de solicitantes de vivienda protegida (NAUSVINSA) desde el año 2020, pero no ha logrado acceder a una. Refiere que llaman a Nasuvinsa para conocer en qué posición se encuentran y no les atienden. No saben que puntuación tienen.
e) Acuden a la Unidad de Barrio de la Txantrea, no obstante, no les han informado adecuadamente sobre las viviendas municipales para personas y unidades familiares en situación de emergencia social.
f) Han intentado acceder a una vivienda de alquiler libre, lo cual ha sido imposible.
g) Su fuente de ingresos es únicamente la renta garantizada, por lo tanto, se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Necesitan una vivienda para su unidad familiar en atención a sus circunstancias, ya que las condiciones en las que habitan actualmente no son las adecuadas.
h) El artículo 47 de la Constitución Española recoge el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, siendo las administraciones públicas las encargadas de promover las medidas pertinentes para hacer efectivo este derecho.
Por todo ello solicitaba que se le adjudicase una vivienda protegida cuanto antes.
2. Seguidamente, esta institución se dirigió al Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias y al Ayuntamiento de Pamplona/Iruña solicitando que informaran sobre la cuestión suscitada.
Los días 4 y 8 de abril de 2024 se recibieron los informes solicitados, que quedan incorporados al expediente.
3. En relación con el acceso a una vivienda protegida, esta institución ha venido señalando lo siguiente:
“4. El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada aparece reconocido en el artículo 47 de la Constitución, que establece lo siguiente:
‘Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos’.
Tal y como viene interpretando el Tribunal Constitucional desde la sentencia 152/1988, de 20 de julio, y en las más recientes 7/2010, de 27 de abril y 93/2015, de 14 de mayo, el artículo 47 de la Constitución actúa como un mandato a los poderes públicos en cuanto estos están obligados a definir y ejecutar las políticas necesarias para hacer efectivo este derecho, configurado como un principio rector o directriz constitucional que tiene que informar la actuación de aquellos poderes.
La Comunidad Foral de Navarra es titular de la competencia exclusiva en materia de vivienda, tal como establece el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, y, en el ejercicio debido de esa competencia, ha de adoptar todas las medidas oportunas para garantizar el derecho constitucional de las personas a disfrutar de una vivienda digna.
5. La Ley Foral 28/2018, de 26 de diciembre, sobre el derecho subjetivo a la vivienda en Navarra, por la que se modificó la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra, declara, en su preámbulo, que:
‘La Constitución Española consagró un Estado social y democrático de derecho, pero al reconocer el derecho a la vivienda, y pese a proclamar en su artículo 47 la necesidad de contar con una vivienda digna y adecuada, solo estipuló un mandato para los poderes públicos. De este modo, el derecho a la vivienda no es justiciable ni exigible por sí mismo, pues al no estar reconocido como derecho fundamental, no tiene las garantías procesales y sustantivas que merece.
Sin embargo, el derecho humano a una vivienda adecuada tiene una importancia fundamental para el disfrute de todos los demás derechos económicos, sociales y culturales del individuo. La vivienda es la sede del individuo, la sede de sus derechos sociales, sede necesaria, pero no suficiente, que permite a cualquier persona o individuo constituirse como ciudadano: la vivienda es lo que permite a los ciudadanos constituirse como tales, y por ende, como miembros de una sociedad. Sin vivienda no hay ciudadanía, y sin ciudadanía no hay sociedad ni, valga la redundancia, Estado social alguno.
En la vivienda, en su calidad de hogar, se une la dimensión de resguardo y refugio, y una dimensión más íntima y relacional donde se proyectan nuestras necesidades más básicas relativas a seguridad, afecto, aceptación, etc. Es indudable que sin un techo adecuado y seguro no se cuenta con la necesaria calidad de vida, lo que atenta directamente contra la salud física y mental.
Asimismo, la no disponibilidad de una vivienda, o bien la pérdida de ella, supone un deterioro tal de las condiciones de vida que no solo dificulta factores tan diversos como la formación de nuevos hogares y estructuras familiares, la emancipación juvenil o la movilidad geográfica, sino que, en último término, puede conducir a situaciones de exclusión social. La vivienda contribuye a que una persona o unidad familiar pueda desarrollar con autonomía y responsabilidad su aportación a la construcción social, de la que todos formamos parte.
Este Estado social en el que vivimos, y cuya construcción nos compete a todos y a todas, debe plantearse hoy si es necesario y pertinente constituir el derecho a la vivienda como otro pilar importante de nuestra sociedad, equiparable a otros derechos hoy incuestionables y en su momento discutidos: educación, sanidad, pensiones o dependencia. Esta ley foral realiza una apuesta valiente y decidida en sentido afirmativo, e intenta colocar el derecho a la vivienda en un lugar fundamental y principal del conjunto de las políticas públicas. Es ya la hora de cambiar la consideración de la vivienda como pilar débil (wobbly pillar, en la literatura anglosajona) de nuestro Estado del Bienestar. Por ello, esta ley foral abre un camino incierto pero absolutamente necesario y atrevido, y reconoce, de forma explícita y con carácter de reclamable ante las Administraciones Públicas, el derecho subjetivo a una vivienda digna y adecuada para cualquier persona con vecindad administrativa en la Comunidad Foral de Navarra’.
6. Asimismo, el artículo 3 de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, establece que la intervención de las Administraciones públicas de Navarra en materia de vivienda se regirá, entre otros, por los siguientes principios rectores de orden social:
- Facilitar una oferta de vivienda adecuada a las necesidades reales.
- Consecución de una oferta de vivienda protegida, suficiente desde el punto de vista cuantitativo, territorial y tipológicamente equilibrada y que preste especial atención a los colectivos en situación o riesgo de exclusión social’”.
4. En el presente caso, esta institución no aprecia una irregularidad administrativa per se. El autor de la queja reside junto a su mujer y sus dos hijas de 4 años y un mes de edad en un inmueble que comparte con sus padres y tres hermanos menores Así, se inscribe en el censo de solicitantes de vivienda protegida; sin embargo, tras la aplicación del correspondiente baremo, obtiene una puntuación, según la cual hay otras personas que le anteceden en el acceso a dichas viviendas.
Sin embargo, el problema, como ocurre en el resto de casos análogos que se presentan ante esta institución, radica en que, pese a los esfuerzos que las Administraciones dicen realizar, el número de viviendas de protección pública es insuficiente para atender la demanda existente.
Por ello, como ya ha realizado con ocasión de otras quejas análogas a la presente, esta institución estima conveniente recomendar al Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias y al Ayuntamiento de Pamplona/Iruña que ahonden en la adopción de medidas tendentes a asegurar el derecho de la ciudadanía a acceder a una vivienda.
5. En consecuencia, y en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 34.1 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, la institución del Defensor del Pueblo de Navarra ha estimado necesario:
Recomendar al Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias y al Ayuntamiento de Pamplona/Iruña que, atendiendo a la demanda existente, ahonden en la adopción de medidas tendentes a asegurar el derecho de la ciudadanía a acceder a una vivienda.
De conformidad con el artículo 34.2 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, procede que el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias y el Ayuntamiento de Pamplona/Iruña informen, como es preceptivo, en el plazo máximo de dos meses, si acepta esta resolución, y, en su caso, las medidas adoptadas para su cumplimiento.
De acuerdo con lo establecido en dicho precepto legal, la no aceptación de la resolución podrá determinar la inclusión del caso en el Informe anual correspondiente que se exponga al Parlamento de Navarra, con mención expresa de la Administración que no haya adoptado una actitud favorable cuando se considere que era posible.
A la espera de su respuesta, le saluda atentamente,
El Defensor del Pueblo de Navarra
Nafarroako Arartekoa
Patxi Vera Donazar
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