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Urbanismo y Vivienda
Tema: La necesidad de la autora de la queja de acceder a una vivienda protegida.
Vicepresidenta Tercera y Consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias
Alcalde de Pamplona / Iruña
Señora Consejera / Excmo. Sr. Alcalde:
1. El 21 de febrero de 2024 esta institución recibió un escrito de la señora doña (…), mediante el que formulaba una queja por la necesidad de acceso a una vivienda.
En dicho escrito exponía que:
a) El 15 de diciembre de 2023 su unidad familiar, que está integrada por ella, su marido y dos menores, se vio obligada a abandonar un inmueble en el que residía.
b) Tras una estancia de un mes en un hotel, la Unidad de Barrio de San Jorge les facilitó un vale para poder pernoctar en un apartamento durante una semana, tras la cual han tenido que asumir ellos el coste del apartamento.
c) Se encuentran inscritos en el censo de solicitantes de vivienda protegida desde hace tiempo, pero no les han ofrecido todavía una vivienda protegida.
d) Asimismo se han inscrito en el censo de solicitantes de vivienda de emergencia del Ayuntamiento de Pamplona/Iruña, pero todavía no les han dado acceso a una.
e) Se encuentran en una situación insostenible al no poder seguir asumiendo el coste del apartamento; sin embargo, la Unidad de Barrio de San Jorge no les facilita más ayudas, pues considera que tienen suficientes ingresos económicos.
f) Solicitó a la Unidad de Barrio de San Jorge un informe sobre la situación familiar, el cual no se ha facilitado.
g) Considerando que no está recibiendo un trato adecuado por la Unidad de Barrio de San Jorge, ha presentado una instancia ante el Ayuntamiento de Pamplona/Iruña, que no ha sido contestada.
2. Seguidamente, esta institución se dirigió al Ayuntamiento de Pamplona/Iruña y al Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, solicitando que informaran sobre la cuestión suscitada.
El 4 de marzo de 2024 se recibió el informe remitido por el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias.
El 12 de marzo de 2024 se recibió el informe remitido por el Ayuntamiento de Pamplona/Iruña.
Ambos informes se incorporaron al expediente.
3. Como ha quedado reflejado, en esencia, en la queja se plantean cuatro cuestiones:
a) La necesidad de acceso a una vivienda protegida o de emergencia;
b) La falta de emisión por parte de la Unidad de Barrio de San Jorge de un informe sobre la situación de la unidad familiar;
c) La atención dispensada por parte de la Unidad de Barrio de San Jorge; y,
d) La falta de atención a una instancia presentada.
4. Respecto a la primera de las cuestiones cabe señalar que, en relación con el acceso a la vivienda, esta institución ha venido señalando lo siguiente:
“4. El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada aparece reconocido en el artículo 47 de la Constitución, que establece lo siguiente:
‘Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos’.
Tal y como viene interpretando el Tribunal Constitucional desde la sentencia 152/1988, de 20 de julio, y en las más recientes 7/2010, de 27 de abril y 93/2015, de 14 de mayo, el artículo 47 de la Constitución actúa como un mandato a los poderes públicos en cuanto estos están obligados a definir y ejecutar las políticas necesarias para hacer efectivo este derecho, configurado como un principio rector o directriz constitucional que tiene que informar la actuación de aquellos poderes.
La Comunidad Foral de Navarra es titular de la competencia exclusiva en materia de vivienda, tal como establece el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, y, en el ejercicio debido de esa competencia, ha de adoptar todas las medidas oportunas para garantizar el derecho constitucional de las personas a disfrutar de una vivienda digna.
5. La Ley Foral 28/2018, de 26 de diciembre, sobre el derecho subjetivo a la vivienda en Navarra, por la que se modificó la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra, declara, en su preámbulo, que:
‘La Constitución Española consagró un Estado social y democrático de derecho, pero al reconocer el derecho a la vivienda, y pese a proclamar en su artículo 47 la necesidad de contar con una vivienda digna y adecuada, solo estipuló un mandato para los poderes públicos. De este modo, el derecho a la vivienda no es justiciable ni exigible por sí mismo, pues al no estar reconocido como derecho fundamental, no tiene las garantías procesales y sustantivas que merece.
Sin embargo, el derecho humano a una vivienda adecuada tiene una importancia fundamental para el disfrute de todos los demás derechos económicos, sociales y culturales del individuo. La vivienda es la sede del individuo, la sede de sus derechos sociales, sede necesaria, pero no suficiente, que permite a cualquier persona o individuo constituirse como ciudadano: la vivienda es lo que permite a los ciudadanos constituirse como tales, y por ende, como miembros de una sociedad. Sin vivienda no hay ciudadanía, y sin ciudadanía no hay sociedad ni, valga la redundancia, Estado social alguno.
En la vivienda, en su calidad de hogar, se une la dimensión de resguardo y refugio, y una dimensión más íntima y relacional donde se proyectan nuestras necesidades más básicas relativas a seguridad, afecto, aceptación, etc. Es indudable que sin un techo adecuado y seguro no se cuenta con la necesaria calidad de vida, lo que atenta directamente contra la salud física y mental.
Asimismo, la no disponibilidad de una vivienda, o bien la pérdida de ella, supone un deterioro tal de las condiciones de vida que no solo dificulta factores tan diversos como la formación de nuevos hogares y estructuras familiares, la emancipación juvenil o la movilidad geográfica, sino que, en último término, puede conducir a situaciones de exclusión social. La vivienda contribuye a que una persona o unidad familiar pueda desarrollar con autonomía y responsabilidad su aportación a la construcción social, de la que todos formamos parte.
Este Estado social en el que vivimos, y cuya construcción nos compete a todos y a todas, debe plantearse hoy si es necesario y pertinente constituir el derecho a la vivienda como otro pilar importante de nuestra sociedad, equiparable a otros derechos hoy incuestionables y en su momento discutidos: educación, sanidad, pensiones o dependencia. Esta ley foral realiza una apuesta valiente y decidida en sentido afirmativo, e intenta colocar el derecho a la vivienda en un lugar fundamental y principal del conjunto de las políticas públicas. Es ya la hora de cambiar la consideración de la vivienda como pilar débil (wobbly pillar, en la literatura anglosajona) de nuestro Estado del Bienestar. Por ello, esta ley foral abre un camino incierto pero absolutamente necesario y atrevido, y reconoce, de forma explícita y con carácter de reclamable ante las Administraciones Públicas, el derecho subjetivo a una vivienda digna y adecuada para cualquier persona con vecindad administrativa en la Comunidad Foral de Navarra’.
6. Asimismo, el artículo 3 de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, establece que la intervención de las Administraciones públicas de Navarra en materia de vivienda se regirá, entre otros, por los siguientes principios rectores de orden social:
‘- Facilitar una oferta de vivienda adecuada a las necesidades reales.
- Consecución de una oferta de vivienda protegida, suficiente desde el punto de vista cuantitativo, territorial y tipológicamente equilibrada y que preste especial atención a los colectivos en situación o riesgo de exclusión social’”.
5. En el presente caso, esta institución no aprecia una irregularidad administrativa per se. La autora de la queja y su unidad familiar necesitan acceder a una vivienda pública, por cuanto carecen de recursos económicos para acceder a una en el mercado, así como para continuar viviendo en el alojamiento en el que se encuentran tras haber sido desahuciados de la que había sido su vivienda hasta diciembre de 2023. Así, se inscriben en el censo de solicitantes de vivienda protegida y solicitan una vivienda de emergencia; sin embargo, tras la aplicación del correspondiente baremo, obtiene una puntuación, según la cual hay otras personas que les anteceden en el acceso a dichas viviendas.
No obstante, el problema, como ocurre en el resto de casos análogos que se presentan ante esta institución, radica en que, pese a los esfuerzos que las Administraciones dicen realizar, el número de viviendas de protección pública es insuficiente para atender la demanda existente.
Por ello, como ya ha realizado con ocasión de otras quejas análogas a la presente, esta institución estima conveniente recomendar al Ayuntamiento y al Departamento que ahonden en la adopción de medidas tendentes a asegurar el derecho de la ciudadanía a acceder a una vivienda.
6. En relación con la segunda de las cuestiones cabe señalar que, según se desprende la información obrante en el expediente, el informe solicitado tenía por objeto excepcionar a la interesada y su unidad familiar del requisito del empadronamiento en Pamplona/Iruña con una antigüedad de al menos dos años de cara a su solicitud de una vivienda de emergencia.
Según señala el Ayuntamiento, dicho informe fue emitido el 23 de enero de 2024, por lo que esta institución estima que la segunda de las cuestiones planteadas en la queja se ha solucionado.
7. En relación con la tercera de las cuestiones cabe señalar que, según señala en su queja, la interesada considera que, teniendo en cuenta las circunstancias de ella y de su unidad familiar, la atención que le dispensa la Unidad de Barrio de San Jorge no es la adecuada y requiere una mayor atención.
A la vista de la información obrante en el expediente, esta institución no encuentra elementos de juicio suficientes para concluir que la atención dispensada por la Unidad de Barrio de San Jorge no sea la que, dentro de sus capacidades y competencias, pueda facilitar a la interesada y su unidad familiar.
Siendo así, esta institución estima que no concurren los requisitos necesarios para formular una recomendación, sugerencia o recordatorio de deberes respecto a la tercera de las cuestiones planteadas en la queja.
8. En relación con la cuarta de las cuestiones cabe señalar que la interesada manifiesta que presentó ante el Ayuntamiento una instancia y que, al momento de formular la queja, no había sido todavía atendida.
El Ayuntamiento afirma en su informe que la instancia fue atendida el 21 de febrero de 2024, por lo que esta institución estima que la cuarta de las cuestiones planteadas en la queja se ha solucionado.
9. En consecuencia, y en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 34.1 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, la institución del Defensor del Pueblo de Navarra ha estimado necesario:
Recomendar al Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias y al Ayuntamiento de Pamplona/Iruña que, atendiendo a la demanda existente, ahonden en la adopción de medidas tendentes a asegurar el derecho de la ciudadanía a acceder a una vivienda.
De conformidad con el artículo 34.2 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, procede que el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias y el Ayuntamiento de Pamplona/Iruña informen, como es preceptivo, en el plazo máximo de dos meses, si aceptan esta resolución, y, en su caso, las medidas adoptadas para su cumplimiento.
De acuerdo con lo establecido en dicho precepto legal, la no aceptación de la resolución podrá determinar la inclusión del caso en el Informe anual correspondiente que se exponga al Parlamento de Navarra, con mención expresa de la Administración que no haya adoptado una actitud favorable cuando se considere que era posible.
A la espera de su respuesta, le saluda atentamente,
El Defensor del Pueblo de Navarra
Nafarroako Arartekoa
Patxi Vera Donazar
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