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Pamplona-Iruña, 22 de abril de 2016
Muchas gracias, Señor Presidente, señorías, buenos días.
Eskerrik asko, lehendakari jauna, jaun-andreak, egun on denori.
Es para mí un honor comparecer ante la Comisión de Régimen Foral, para presentar ante el Parlamento de Navarra el informe anual sobre la actividad que desarrolló durante el ejercicio 2015 la institución a la que represento.
El informe de 2015 da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, reguladora de la institución del Defensor del Pueblo de Navarra, e incluye los contenidos y principales datos de la gestión realizada.
Durante el año 2015, la actividad de la institución se ha elevado a 2.791 actuaciones.
En esta cifra, se integran:
Las 1.546 quejas presentadas (que han dado lugar a 972 expedientes de queja gestionados).
Las 1.193 consultas atendidas
Las 31 actuaciones de oficio gestionadas (de ellas, 30 realizadas en el año 2015).
Las 13 propuestas de mejora de los servicios públicos gestionadas (6 de ellas presentadas en el año).
5 comparecencias en el Parlamento de Navarra.
Entre quejas, consultas y propuestas de mejora de los ciudadanos, presentadas en 2015, se han dirigido o acercado a la institución un total calculado de 7.933 personas. No se cuentan en esta cifra las 108.091 firmas que los promotores de la queja afirmaron que se habían presentado a través de la plataforma change.org contra una exposición autorizada por el Ayuntamiento de Pamplona y celebrada en un local de este, sito en la actual Plaza de la Libertad.
La labor de supervisión que el Defensor del Pueblo de Navarra ha realizado sobre las Administraciones públicas de Navarra para la defensa y la mejora de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas se ha concretado en 652 investigaciones y en 396 resoluciones, que contienen 338 recomendaciones, 86 recordatorios de deberes legales, 104 sugerencias y 32 mediaciones.
Por número de quejas, en orden descendente de mayor a menor, las once materias en las que más quejas se han recibido de los ciudadanos en 2015 han sido las de: euskera, tráfico, acceso a un empleo público, bienestar social, función pública, educación, sanidad, medio ambiente, hacienda, urbanismo y vivienda.
Por número de expedientes, también en orden descendente, el mayor número de expedientes se refieren a acceso a un empleo público, bienestar social, función pública, educación, sanidad, urbanismo y tráfico.
| Áreas de Actuación | Quejas 2015 | Expedientes 2015 | ||
|---|---|---|---|---|
| EUSKERA | 610 | 39,46% | 19 | 2,35% |
| TRAFICO | 188 | 12,16% | 43 | 5,31% |
| ACCESO A UN EMPLEO PÚBLICO | 82 | 5,30% | 82 | 10,12% |
| BIENESTAR SOCIAL | 74 | 4,79% | 74 | 9,14% |
| FUNCION PUBLICA | 71 | 4,59% | 71 | 8,77% |
| EDUCACIÓN | 61 | 3,95% | 61 | 7,53% |
| MEDIO AMBIENTE | 57 | 3,69% | 57 | 7,04% |
| SANIDAD | 57 | 3,69% | 57 | 7,04% |
| HACIENDA | 53 | 3,43% | 53 | 6,54% |
| URBANISMO | 44 | 2,85% | 44 | 5,43% |
| VIVIENDA | 29 | 1,88% | 29 | 3,58% |
| JUSTICIA | 26 | 1,68% | 26 | 3,21% |
| SEGURIDAD CIUDADANA | 25 | 1,62% | 25 | 3,09% |
| SERVICIOS PÚBLICOS | 22 | 1,42% | 22 | 2,72% |
| SEGURIDAD SOCIAL | 20 | 1,29% | 20 | 2,47% |
| FUNCIONAMIENTO ENTIDADES LOCALES | 18 | 1,16% | 18 | 2,22% |
| CONSUMO | 15 | 0,97% | 15 | 1,85% |
| EXTRANJERÍA | 14 | 0,91% | 14 | 1,73% |
| TRABAJO | 14 | 0,91% | 14 | 1,73% |
| RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 12 | 0,78% | 12 | 1,48% |
| OBRAS PÚBLICAS | 9 | 0,58% | 9 | 1,11% |
| TRANSPARENCIA | 8 | 0,52% | 8 | 0,99% |
| AGRICULTURA | 7 | 0,45% | 7 | 0,86% |
| PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES | 6 | 0,39% | 6 | 0,74% |
| TURISMO | 5 | 0,32% | 5 | 0,62% |
| BIENES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | 4 | 0,26% | 4 | 0,49% |
| CULTURA | 3 | 0,19% | 3 | 0,37% |
| DEPORTE | 3 | 0,19% | 3 | 0,37% |
| ELECCIONES. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL | 3 | 0,19% | 3 | 0,37% |
| MEMORIA HISTÓRICA | 2 | 0,13% | 2 | 0,25% |
| DERECHO CIVIL | 1 | 0,06% | 1 | 0,12% |
| ENERGÍA | 1 | 0,06% | 1 | 0,12% |
| INDUSTRIA | 1 | 0,06% | 1 | 0,12% |
| JUVENTUD | 1 | 0,06% | 1 | 0,12% |
| TOTAL | 1.546 | 100,00% | 810 | 100,00% |
Por lo que se refiere a la primera de las materias en que hubo más quejas, euskera, se presentaron 610 quejas, entre las que destacan las 592 quejas que solicitaban que los servicios de salud que se prestan en Etxarri Aranatz se presten también en esta lengua cooficial en la zona vascófona a los vascoparlantes que así lo deseen.
En segundo lugar, se sitúan las quejas referentes a tráfico, con 188 quejas. De ellas, 146 exponían el problema de la escasez de examinadores del carné de conducir en la Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra y la excesiva tardanza en la realización de los exámenes para obtener el permiso de conducción.
La tercera posición la ocupan las quejas relativas a acceso a un empleo público, que son aquellas presentadas por los ciudadanos que aspiran a acceder a un empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, sea para plazas fijas o para plazas temporales. Las quejas presentadas se refieren, principalmente, a la gestión de las listas de aspirantes a la contratación temporal y al desacuerdo con la exigencia por el Departamento de Educación del nivel C1 de inglés como requisito de acceso a las oposiciones docentes para el cuerpo de maestros.
En cuarto término, se sitúan las quejas referentes a bienestar social, asuntos sociales o derechos sociales. En 2015 la mayor parte de las quejas recibidas tuvieron que ver con la protección de la infancia y la adolescencia y las personas mayores de edad. También se presentaron quejas sobre la denegación de la renta de inclusión social (RIS) y sobre la falta de integración de las personas con discapacidad.
En un quinto lugar, se sitúan las quejas de función pública, que son aquellas que presentan los empleados públicos en sus relaciones funcionariales o laborales con las Administraciones públicas de Navarra. Las quejas presentadas se refieren, principalmente, a la falta de reconocimiento y retribución de determinados complementos, al desacuerdo con la integración en el Sistema Nacional de Salud de los funcionarios de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra., y también hay quejas por acoso laboral.
La sexta materia es educación, entre las que destacan las quejas relativas a problemas de atención de alumnos con necesidades educativas especiales, el desacuerdo con las sanciones disciplinarias impuestas a alumnos en materia de convivencia escolar, o la denegación por el Departamento de Educación de becas de estudios, transporte o residencia. También destaca la disconformidad de un grupo de padres con la distribución de los grupos del segundo ciclo de educación infantil que se ha realizado en las nuevas instalaciones del colegio público de Sarriguren para el curso 2015-2016, porque, a su juicio, se entorpece la marcha normal del curso y no se garantiza la seguridad física del alumnado. En esta queja se presentaron 4.142 firmas a través de la plataforma change.org.
En sanidad, destacan las quejas relacionadas con las listas de espera tanto para las consultas de especialidad (sobre todo, en las especialidades de traumatología, oftalmología y dermatología) como para la atención quirúrgica, la disconformidad con la atención clínica recibida o los casos de responsabilidad patrimonial por deficiente atención.
En medio ambiente, predominan las quejas relacionadas con los ruidos por actividades de diversa índole y, en especial, las molestias que padecen algunos ciudadanos en sus domicilios por la contaminación acústica de bajeras de jóvenes y negocios de hostelería. Asimismo, se han presentado quejas relativas a abandono de residuos y a la denegación de la información ambiental o la limitación de la participación ciudadana.
En noveno lugar, figura la materia de hacienda. En esta materia han predominado las quejas referentes a los tributos de la Hacienda Foral de Navarra (fundamentalmente, sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas), así como las referentes al incremento de la contribución urbana, tras la modificación de los valores catastrales.
La décima materia es urbanismo, donde destacan las quejas relativas a la inactividad de los ayuntamientos en la adopción de medidas de protección de la legalidad ante los posibles incumplimientos de la normativa urbanística denunciados por los ciudadanos, así como el desacuerdo de algunos propietarios con la aprobación de determinadas ordenaciones urbanísticas que les afectan por parte de los municipios.
En undécimo lugar se sitúa la materia de vivienda, cuyas quejas se refieren, principalmente, a la denegación de las ayudas públicas a la compra o al arrendamiento de vivienda. Entre ellas, destacan las quejas relativas a la disconformidad de varios ciudadanos con la reclamación por el Departamento de Fomento del reintegro de una cantidad correspondiente a una subvención destinada a la compra de una vivienda protegida, que no les había sido directamente abonada a ellos, sino a la promotora de la vivienda.
Desde el punto de vista cualitativo, los ciudadanos han presentado varias quejas que conviene destacar por su importancia. Son:
Aquellas en que las Administraciones incumplen la normativa aplicable, como ocurre con los embargos de la renta de inclusión social, a pesar del carácter inembargable de esta prestación, otorgado por el Parlamento de Navarra, dejando a los ciudadanos más vulnerables en situación de desprotección económica; o en procedimientos sancionadores de tráfico y otras materias, donde no se respetan sus garantías; o en los procedimientos de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento anormal de los servicios públicos, en que se aprecia la mala práctica sistemática de no estimar casi ninguna reclamación y de remitir la solución a la vía judicial, por razones pecuniarias.
Aquellas en que las Administraciones, ante situaciones personales y familiares urgentes o excepcionales, se demoran en dar una respuesta pronta y válida, o, finalmente, pudiendo adoptar soluciones legales igualmente válidas y adaptadas al caso particular, deniegan las pretensiones de los solicitantes con argumentos poco sólidos de t
r
ato desigual injustificado
o de que, de hacerlo incurrirían en prevaricación
, cuando lo cierto es que el ordenamiento jurídico también las faculta y obliga para actuar en pro de la justicia y de la equidad y de dar a cada uno lo suyo.
Aquellas en que las Administraciones se amparan en una normativa cuya aplicación produce resultados injustos a los particulares. Así ocurre con la negativa a devolver los precios públicos satisfechos en casos de anulación de matrículas en centros educativos; la doble tasa de basura que se gira por el ejercicio de una actividad profesional en el domicilio; la repercusión del impuesto de plusvalías a los adquirentes de inmuebles como sustitutos del contribuyente.
Aquellas en que las Administraciones públicas no atienden el derecho de los ciudadanos a una buena administración de sus asuntos, por incumplir el deber legal de informar y orientar a los ciudadanos, por no resolver sus solicitudes y recursos en el plazo establecido, por no prestar un trato respetuoso y cortés, o por no facilitar la información solicitada, bien sea esta pública, bien sea la que le afecta directamente como interesado. También existen quejas en que la Administración se ampara en la existencia de un recurso administrativo interpuesto por el ciudadano ante órganos administrativos externos para denegar el preceptivo informe al Defensor del Pueblo de Navarra o para no aceptar sus resoluciones, perjudicando al ciudadano que interpone la queja.
Aquellas en que los principales afectados son las personas más vulnerables, con escasas posibilidades para defenderse, como pueden ser los menores en situación de desprotección, incluso bajo la guarda y custodia de la Administración, los menores en centros de observación y acogida, las personas mayores internadas en centros residenciales, etcétera.
Aquellas en que las Administraciones actúan sin realizar una valoración individualizada de los hechos y circunstancias concurrentes, o de una manera desproporcionada, como ocurre con el incremento de tarifas de las residencias, la reducción unilateral y de oficio de ayudas sociales sin haber cambiado las circunstancias personales y familiares, la retirada por la grúa municipal de vehículos estacionados en las zonas de estacionamiento limitado, o el cobro excesivo a comerciantes de las tarifas por utilizar el dominio público de las zonas de estacionamiento limitado.
La invasión del domicilio por ruidos: La inviolabilidad del domicilio y el derecho a la integridad física y psíquica.
El mayor número de las quejas presentadas en 2015 se formuló en relación con la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, incluyendo sus organismos públicos y sus sociedades públicas. Se presentaron 987 quejas, que representan el 63,8% del total.
Dirigidas a las distintas entidades locales y sus entes dependientes, se presentaron 241 quejas, que representan el 15,6% del total.
Le siguen las quejas dirigidas a la Administración del Estado, que se elevan a 236, lo que representa un 15,3%.
La institución ha realizado este año 30 actuaciones de oficio. Se trata de expedientes que incoa el Defensor del Pueblo de Navarra, a la vista de hechos que entiende que requieren una investigación o un posicionamiento de la institución en fase inicial o mediante una sugerencia a la Administración o al Parlamento de Navarra o mediante una petición de actuación a la Defensora del Pueblo de España en su ámbito de competencias.
De estas actuaciones de oficio, cinco han versado sobre bienestar social, entre las que destacan la comprobación del funcionamiento de los centros de menores (Centros de Observación y Acogida), la supresión del requisito de residencia legal en la Ley Foral 1/2012, de 23 de enero, de renta de inclusión social, la supervisión de la atención dispensada en una residencia de ancianos, o la petición de la modificación del concepto legal de familia numerosa.
Cuatro actuaciones de oficio han versado sobre sanidad: una, sobre la atención a niños con daño cerebral adquirido; otra, sobre los tratamientos para enfermos de hepatitis C; otra, sobre las urgencias hospitalarias; y otra, sobre el copago farmacéutico.
En materia de justicia, se realizaron tres actuaciones: una, sobre el desamparo institucional ante la muerte violenta de un menor; otra, relativa a la demora en la realización de una prueba pericial balística por la muerte de otro menor; y otra, por la posible vulneración de derechos constitucionales o la falta de coherencia entre la normativa estatal y la comunitaria en la consideración de resoluciones judiciales penales.
Otras tres actuaciones han versado sobre medio ambiente: una de ellas ha sido sobre la falta de autorización para exhibiciones de aves rapaces; otra, por el incumplimiento de la normativa comunitaria de ruidos; y la última, sobre la declaración del monte Ezkaba como espacio natural protegido.
Asimismo, se realizaron otras actuaciones de oficio acerca de:
La modificación del Impuesto de Circulación para vehículos de personas con discapacidad, por lo obsoleta de esta regulación.
La discriminación a las librerías respecto a las editoriales en la compra de libros por los centros educativos.
La supresión del servicio de asistencia sanitaria de los montepíos a los funcionarios públicos.
La prolongación de la edad forzosa a los funcionarios.
La emisión indebida de providencias de apremio por la Hacienda Tributaria de Navarra.
La negativa a devolver el importe de matriculación en el Conservatorio Superior de Música de Navarra.
El mal estado de las aceras y medianas de un barrio de Pamplona.
El peligro para los vehículos por los encharcamientos de agua existentes en el túnel de Larrakaitz en Sunbilla.
El arrepentimiento de dos personas que cumplen condena en centros penitenciarios.
La exigencia (formalista y excesiva) de inventario en el usufructo legal de fidelidad.
Las dificultades para ejercer el derecho al voto por correo en las elecciones generales de 20 de diciembre de 2015.
Las rotulaciones viarias de calles de Pamplona únicamente en castellano.
La gratuidad de los teléfonos 112, 091 y 092.
También, como en años anteriores, la institución ha valorado la situación de la infancia y la adolescencia en Navarra. No se trata de una valoración general o sociológica, sino dirigida a comprobar esa situación conforme a las exigencias que a las Administraciones públicas de Navarra les impone la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia.
Con motivo de estas actuaciones de oficio, la institución formuló 36 recomendaciones, 24 sugerencias, 7 sugerencias normativas y un recordatorio de deberes legales en 15 actuaciones de oficio.
El Defensor del Pueblo de Navarra también promueve la participación de los ciudadanos en la mejora de los servicios públicos, animándoles a que formulen propuestas que encauza a la Administración, en la medida de su razonabilidad apoya y en todo caso analiza.
Con las 6 propuestas ciudadanas de mejora presentadas en 2015, se eleva a 287 la cifra de propuestas ciudadanas desde que se puso en marcha esta iniciativa en pro de la participación y la colaboración ciudadanas.
Entre otras cuestiones, los ciudadanos han propuesto que:
Se modifique el Decreto Foral 61/2013, de 18 de septiembre, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de vivienda, en lo referente a las condiciones de acceso a las ayudas para la rehabilitación de viviendas.
Se rebaje la aportación de los propietarios de las bajeras a las obras del conjunto de la comunidad de vecinos.
Se desgrave el coste de la guardería cuando ambos progenitores trabajan y no se tiene ayuda ni acceso a la conciliación familiar-laboral.
Se restablezca la ayuda por maternidad para mujeres con hijos menores de tres años cuando realicen una actividad por cuenta ajena o propia.
Se exima a las personas con discapacidad del pago de precios públicos por expedición de títulos y derechos de secretaría en las enseñanzas universitarias.
La Oficina de Atención Ciudadana de la institución ha recibido y atendido 1.193 consultas de los ciudadanos.
Han predominado las consultas en materia de bienestar social. Los ciudadanos han planteado consultas sobre la protección de menores, la renta de inclusión social (RIS), y el ingreso y condiciones de estancia en centros y en residencias para personas mayores.
El segundo grupo de consultas es el relativo a la sanidad, donde, principalmente, se consultó sobre las listas de espera y el desacuerdo con la asistencia sanitaria dispensada.
En tercer lugar, están las consultas relativas a Hacienda, donde predominan las consultas sobre los tributos del Gobierno de Navarra y los tributos de las entidades locales
Asimismo, se han planteado, por este orden de mayor a menor, consultas en las materias de educación, urbanismo, garantías de derechos (derecho a una respuesta, acceso a la información, transparencia), justicia, medio ambiente y consumo.
Los informes monográficos elaborados en el año 2015 han sido tres:
Dos lo han sido a iniciativa propia: uno, sobre el sujeto pasivo del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos (impuesto de plusvalías) en las transmisiones onerosas; y otro, sobre la protección de datos de carácter personal en general y los ficheros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en particular.
El informe se cierra con los capítulos de las Administraciones y autoridades menos colaboradoras (donde se citan cinco: Ayuntamientos de Azagra, Burlada, Cabanillas y Los Arcos y el Concejo de Murugaren), y con un anexo con la liquidación del presupuesto de la institución correspondiente a ese año de 2015.
Este ha sido el resumen del informe anual correspondiente a 2015.
No me queda sino ponerme a su entera disposición para aclarar o completar las cuestiones que consideren oportunas, o para tratar de responder a las preguntas o reflexiones que tengan a bien a formularme.
Muchas gracias a todos ustedes por su atención.
Eskerrik asko denei zuen adieragatik, eta beharrezkotzat hartzen duzuenerako zuen mesedetara jartzen naiz.
Francisco Javier Enériz Olaechea
Defensor del Pueblo de Navarra
Nafarroako Arartekoa
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