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El Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa, Patxi Vera, participó este lunes, 26 de enero, en la presentación del estudio “Informar para incluir: los derechos del alumnado con discapacidad y sus familias” realizado por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN). Dicha investigación revela el desconocimiento que existe de los derechos educativos por parte del alumnado con discapacidad y sus familias. Asimismo, en el estudio se detectaron las carencias en la información que sufre este colectivo al tiempo que se planteó la necesidad de reforzar apoyos para avanzar hacia un sistema educativo verdaderamente inclusivo en la Comunidad foral.
Ante este escenario, Patxi Vera remarcó que “hay que cambiar la mirada” y apostar decididamente por la equidad y la inclusión como una cuestión de justicia social. Por otro lado, el Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa, acompañado por la Jefa de Gabinete de la institución, Amaia Madinabeitia, recordó que las administraciones públicas tienen la obligación de prevenir cualquier forma de exclusión en el ámbito educativo y de garantizar la igualdad de oportunidades desde las primeras etapas.
Estas manifestaciones se produjeron durante la jornada celebrada en el salón de actos de la ONCE en Pamplona, y que reunió a familias, entidades sociales, profesionales del ámbito educativo y representantes institucionales. En sus palabras de bienvenida, la presidenta de CERMIN, Mariluz Sanz, subrayó que la educación inclusiva “no es una opción, sino un derecho humano fundamental”. Además, recordó el 20 aniversario de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Sanz apuntó del estudio elaborado por su organización que nace de una preocupación compartida por el movimiento asociativo de la discapacidad ante el “desconocimiento generalizado, la confusión y la inseguridad” que muchas familias manifiestan respecto a los derechos educativos de sus hijos e hijas.
Por su parte, Irati Goikoetxea, directora del Servicio de Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra, que hizo la apertura institucional del acto destacó la importancia de una información clara y accesible para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos. En ese sentido, advirtió de la existencia de situaciones de rechazo, discriminación y acoso hacia el alumnado con discapacidad, por lo que apeló a la necesidad de una reflexión y autocrítica colectiva en la defensa de los derechos humanos.
A continuación, la profesora titular de Derecho Civil de la Universidad Pública de Navarra, Leyre Elizari, contextualizó el marco jurídico de la educación inclusiva, recordando que no se trata de una opción ni de una carga administrativa, sino del cumplimiento de un derecho fundamental. Elizari señaló que el derecho a la educación, recogido en la Constitución y desarrollado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, obliga a garantizar un sistema educativo inclusivo, sin discriminación y basado en la igualdad de oportunidades, adaptado a las necesidades del alumnado para permitir su pleno desarrollo personal. También remarcó que el derecho de las familias a recibir información no debe entenderse como una cuestión menor.
Por otro lado, la presentación de resultados corrió a cargo de Mónica Iñigo, técnica de CERMIN, quien expuso las principales conclusiones del estudio. Entre ellas, destacan la falta de información clara y accesible para las familias y alumnado con discapacidad, que dificulta el ejercicio efectivo de sus derechos educativos; la insuficiencia de recursos técnicos y humanos, que limita la creación de mecanismos de coordinación estables y de calidad con las familias; el estigma que sienten muchas familias por parte de la comunidad educativa, y la persistencia de situaciones de discriminación o acoso hacia el alumnado con discapacidad.
En ese sentido, desde CERMIN se puso en valor que este estudio pretende ser una herramienta para el debate y la acción, y un punto de partida para reforzar el trabajo conjunto entre administraciones, comunidad educativa, entidades sociales y familias. Todo ello con el objetivo de avanzar hacia un sistema educativo que reconozca la diversidad como un valor y no como un obstáculo.
El estudio “Informar para incluir: los derechos del alumnado con discapacidad y sus familias” ha sido financiado por la dirección general de Memoria y Convivencia del Departamento de Relaciones Ciudadanas de Gobierno de Navarra.
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