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Resolución del Defensor del Pueblo de Navarra (Q26/1406) por la que recomienda al Departamento de Educación que revise la situación y reconozca al hijo del autor de la queja el servicio de transporte escolar o, en su defecto una ayuda individualizada suficiente para cubrir los gastos de transporte desde su domicilio hasta el centro escolar al que ha sido derivado.

2026 azaroa 12

Hezkuntza eta Irakaskuntza

Gaia: La falta de transporte escolar para un menor con discapacidad y la insuficiencia de la ayuda individualizada reconocida.

Consejero de Educación

Señor Consejero:

1. El 1 de octubre de 2026 esta institución recibió un escrito del señor don [..], mediante el que formulaba una queja por la falta de transporte escolar a su hijo.

En dicho escrito, exponía que:

“1. [..] tiene reconocido un grado de discapacidad del 80 % y dificultades para utilizar transportes colectivos (Resolución 5789/2021 de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, baremo de transportes colectivos, apartado C).

2. Desde 2018 el Departamento de Educación, a propuesta de CREENA, le ha escolarizado en aulas específicas de Pamplona, a unos 8,9 km de su domicilio en Berriozar. La familia no eligió el centro, y CREENA le aseguró que [...] sería alumno transportado.

3. Durante seis cursos (2018-2024) [...] dispuso de transporte escolar, en los últimos cursos en taxi con especialista de apoyo educativo.

4. En el curso 2024/2025, a pocos días de iniciarse las clases, el Departamento le retiró el taxi por ser «el único alumno del CPEIP de Mendillorri», aunque reconoció que mantenía el derecho al transporte. La familia reclamó y el Departamento abonó una ayuda de 1.220,86 euros.

5. En el curso 2025/2026, el taxi solo se ofrecía si [...] comía en el centro y se quedaba a actividades extraescolares no adaptadas, renunciando a su jornada continua, con salida hacia las 16:30 h en lugar de las 14:00 h. La familia no pudo aceptarlo y asumió el transporte. Se le abonó una ayuda de 610,43 euros.

6. Para el curso 2026/2027 no se ha organizado transporte, y la familia lo supo al consultar la relación de rutas publicada, sin comunicación alguna; el propio centro tampoco había sido informado. El 11 de septiembre de 2026 la familia presentó reclamación previa (registro n.º 2026/1193483).

7. Por Resolución 239/2026, de 29 de septiembre, el Departamento solo reconoce una ayuda de 36,34 euros al mes para la persona acompañante, calculada sobre un billete de villavesa que [...] no puede utilizar. No resuelve sobre la ayuda que cubra el coste real del trayecto. Además, afirma que la familia «renunció expresamente» al transporte en cursos anteriores, lo que no es cierto: el Departamento abonó ayudas de transporte en esos mismos cursos.

Contra esa resolución, la familia ha interpuesto recurso de alzada ante el Consejero de Educación el 1 de octubre de 2026 (registros de entrada n.º 2026/1306538, con los documentos, y n.º 2026/1306545, con el escrito de recurso), que se acompaña y en el que se detallan todos los hechos y fundamentos.

MOTIVOS DE LA QUEJA

Esta parte considera que la actuación del Departamento de Educación no respeta los derechos de [...] ni su interés superior, por los siguientes motivos:

1. Derecho al transporte [...] es beneficiario del transporte escolar por estar derivado a una unidad específica, por su discapacidad y por estar escolarizado fuera de su zona a instancias de la Administración (artículos 3.2 y 3.3 de la Orden Foral 35/2022, de 11 de mayo). Cuando no se organiza transporte colectivo, la ayuda individualizada debe sustituirlo de forma suficiente (artículo 4.2).

2. Tercer curso consecutivo sin transporte. Las decisiones se han comunicado tarde o no se han comunicado, y el servicio ofrecido en 2025/2026 no se adaptaba a las necesidades de un alumno con discapacidad.

3. Cuantía desproporcionada. La ayuda reconocida (36,34 €/mes) es muy inferior a la de cursos anteriores y al coste real de los cuatro trayectos diarios que realiza la familia. El Departamento, en cambio, se ahorra el coste del taxi con especialista de apoyo que antes financiaba.

4. Afirmación inexacta. La resolución atribuye a la familia una renuncia que nunca se produjo, sin haberle dado audiencia.

5. Interés superior del menor. Corresponde a esa institución velar por los derechos de la infancia y la adolescencia en Navarra, conforme a la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia, y a las personas con discapacidad.

A la fecha de este escrito no se ha interpuesto ningún recurso judicial sobre estos hechos.

SOLICITA

1.º Que se admita a trámite esta queja.

2.º Que se solicite información al Departamento de Educación sobre la situación del transporte escolar de […] y sobre la tramitación del recurso de alzada interpuesto.

3.º Que, si lo considera procedente, recomiende al Departamento que garantice a [..] un transporte escolar adecuado a sus necesidades y a su horario o, en su defecto, una ayuda individualizada que cubra el coste real del desplazamiento. También, que rectifique la afirmación de que la familia renunció al servicio.

4.º Que, con carácter general, valore la situación del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado por la Administración fuera de su localidad sin transporte escolar adaptado”.

2. Seguidamente, esta institución se dirigió al Departamento de Educación, solicitando que informara sobre la cuestión suscitada.

En el informe recibido, se señala lo siguiente:

“Con fecha 11 de septiembre de 2026, don [..], en representación del alumno menor de edad, don […], presenta escrito en el que solicita que en el curso 2026/2027 el Departamento de Educación organice una ruta de transporte escolar colectivo, con persona acompañante, desde su lugar de residencia en Berriozar al Colegio de Educación Infantil y Primaria “Mendillorri” de Pamplona.

Subsidiariamente, para el caso de que no se organice transporte colectivo, solicita una ayuda individualizada que cubra el coste real del trayecto, con el incremento excepcional contemplado en el artículo 14 de la Orden Foral 35/2022, de 11 de mayo, del consejero de Educación, por la que se regula la organización y el funcionamiento del transporte escolar en la Comunidad Foral de Navarra.

Asimismo, solicita que se reconozca y abone una compensación económica retroactiva desde el inicio del curso escolar 2026/2027 y se dicte resolución expresa y motivada sobre todo lo solicitado.

El artículo 4 de la Orden Foral 35/2022, de 11 de mayo, del consejero de Educación, por la que se regula la organización y el funcionamiento del transporte escolar en la Comunidad Foral de Navarra prescribe que la organización y gestión del transporte colectivo requerirá un mínimo de cuatro usuarios en la ruta. Por este motivo, al quedar en curso 2026/2027 únicamente el alumno don [...] como único usuario de la ruta no es posible organizar una ruta de transporte escolar. Circunstancia que se comunica a la familia y al centro educativo. Asimismo, debe hacerse constar que, en anteriores cursos escolares, la familia renunció expresamente a los servicios complementarios de transporte y comedor.

Con fecha 17 de septiembre el Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia emite informe en el que expone que “el alumno don […] está escolarizado en 5º de estructura específica de primaria en el CEIP “Mendillorri” de Pamplona el presente curso escolar 2026/2027.

El alumno fue derivado a dicha estructura por CREENA tal y como se refleja en el informe realizado desde dicho centro el 9 de mayo de 2022. El alumno ha sido beneficiario de transporte escolar en un taxi que contaba con especialista de apoyo educativo.

Estas condiciones aparejadas a ser beneficiario de transporte desde el momento de su derivación y el modo en que se ha realizado dicho transporte, a la hora de valorar otros medios que conlleven cambios significativos, pueden considerarse al determinar la cuantía de la ayuda individualizada.”

Visto el informe del Servicio de Inclusión, Igualdad y Convivencia, se procede a reconocer el derecho a ayuda individualizada de transporte para la persona acompañante del alumno, en los términos contemplados en la Resolución 96/2026, de 27 de mayo, del director general de Infraestructuras, Digitalización y Servicios Educativos, por la que se aprueban las instrucciones para la organización y funcionamiento del servicio de transporte escolar durante el curso 2026/2027: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2026/119/25 .

En virtud de lo expuesto, mediante Resolución 239/2026, de 29 de septiembre, del director general de Infraestructuras, Digitalización y Servicios Educativos, se estima parcialmente la solicitud a don [...] y se reconoce el derecho a ayuda individualizada de transporte para la persona acompañante (Berriozar-Mendillorri: 36,34 euros al mes), con carácter retroactivo desde el inicio del curso 2026/2027”.

3. Como ha quedado reflejado, la queja se presenta por el servicio de transporte escolar del hijo del autor de la queja, que reside en Berriozar y está escolarizado en un aula específica en el CEIP Mendillorri, a más de 8 km de su domicilio.

El alumno tiene reconocido un grado de discapacidad del 80% y dificultades para utilizar transportes colectivos. Durante seis cursos escolares utilizó el servicio de taxi con especialista de apoyo educativo. Los dos últimos cursos, se le abonó una ayuda individualizada.

El Departamento de Educación viene a señalar que, conforme a la orden foral de aplicación, no es posible organizar una ruta de transporte, por lo que procedería la concesión de una “ayuda individualizada de transporte para la persona acompañante del alumno”.

El autor de la queja expresa que la cuantía de la ayuda económica concedida es muy inferior a la reconocida en años anteriores, estando calculada sobre un billete de villavesa que su hijo no puede utilizar.

4. El artículo 9.2 de la Constitución dispone que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

El artículo 27 de la Constitución reconoce el derecho de todos a la educación y el artículo 49 dispone que “las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas”, así como que “los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles”.

Por otro lado, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 23, prevé que “los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad” y que “en atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste (…) estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento, y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo, cultural y espiritual, en la máxima medida posible”.

La Ley Orgánica de Educación prevé, en su título II, medidas para procurar la equidad en la educación, disponiendo, a modo de principio general, en su artículo 71.2,  que “corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por retraso madurativo, por trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, por trastornos de atención o de aprendizaje, por desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, por encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado”.

La Ley Foral 31/2022, de 28 de noviembre, de atención a las personas con discapacidad en Navarra y garantía de sus derechos, se refiere, en sus artículos 40 y siguientes, al derecho a la educación inclusiva, previendo diversas medidas relativas al mismo.

También la Ley Foral 12/2022, de 11 de mayo, de atención y protección a niños, niñas y adolescentes y de promoción de sus familias, derechos e igualdad, recoge el derecho a la educación (artículo 20), contemplando diversas medidas.

5. La Orden Foral 35/2022, de 11 de mayo del Consejero de Educación, por la que se regula la organización y el funcionamiento del transporte escolar en la Comunidad Foral de Navarra, señala que el servicio de transporte escolar se prestará mediante transporte colectivo organizado y gestionado por el Departamento de Educación, o mediante ayudas individualizadas de transporte (artículo 4) y con carácter general, se organizará y gestionará el transporte escolar colectivo cuando en la ruta haya un mínimo de cuatro usuarios (artículo 6). Asimismo, el artículo 14 reconoce el Departamento la potestad de incrementar, previo informe emitido por el Servicio de Inspección Educativa o por el Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra, las cuantías de las ayudas individualizadas cuando concurran circunstancias excepcionales en la escolarización de alumnado con discapacidad o con dificultad extrema en la disponibilidad y acceso a medios de transporte.

El preámbulo de la citada Orden Foral señala que “La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 3.3 que la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y los ciclos formativos de grado básico constituyen la educación básica, señalando asimismo en su artículo 4.1 que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas las personas, por lo que debe ser la Administración la que proporcione los medios para garantizar que el ejercicio de este derecho no suponga costes a las familias, significativamente para el alumnado que no dispone de centro escolar en su localidad o a una distancia asequible”.

6. En el supuesto planteado esta institución constata que el alumno reside en Berriozar, tiene reconocido un grado de discapacidad del 80% y dificultades para utilizar transportes colectivos. El Departamento de Educación, a instancias del CREENA, derivó al menor a una unidad específica del CEIP Mendillorri., siendo beneficiario de transporte escolar en taxi con especialista de apoyo educativo durante seis cursos escolares. En los tres últimos cursos el Departamento retiró el taxi, por ser el único alumno, abonando ayudas individualizadas de 1.220,86 euros (curso 2024/2025) y 610,43 euros (curso 2025/2026). Para el presente curso escolar le ha reconocido “el derecho a ayuda individualizada de transporte para la persona acompañante (36,34 euros al mes), con carácter retroactivo desde el inicio del curso 2026/2027)”.

Analizada la queja presentada y el informe remitido por el Departamento de Educación, esta institución desconoce los motivos por los cuales se ha reconocido únicamente una ayuda para persona acompañante, siendo el beneficiario el menor. Asimismo, tampoco alcanza a comprender que el importe de la ayuda se corresponda con el precio del abono de 30 días del servicio de transporte urbano comarcal (artículo 11 de la Orden Foral 35/2022), dado que el alumno tiene reconocidas dificultades para utilizar transportes colectivos. A criterio de esta institución, la cantidad reconocida únicamente a la persona acompañante es insuficiente para la satisfacción del derecho al transporte que corresponde al menor.

A la vista de todo ello y de la normativa a la que se ha hecho referencia, que viene a exigir, en síntesis, que las Administraciones públicas procuren medidas que compensen la situación de desventaja en que se encuentran determinadas personas y colectivos, y en el que debe prestarse especial amparo a las personas menores de edad y a las personas con discapacidad, esta institución considera necesario recomendar al Departamento de Educación que revise la situación y reconozca al hijo del autor de la queja el servicio de transporte escolar o, en su defecto una ayuda individualizada suficiente para cubrir los gastos de transporte escolar.

7. En consecuencia, y en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 34.1 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, la institución del Defensor del Pueblo de Navarra ha estimado necesario:

Recomendar al Departamento de Educación que revise la situación y reconozca al hijo del autor de la queja el servicio de transporte escolar o, en su defecto una ayuda individualizada suficiente para cubrir los gastos de transporte desde su domicilio hasta el centro escolar al que ha sido derivado.

De conformidad con el artículo 34.2 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, procede que el Departamento de Educación informe, como es preceptivo, en el plazo máximo de dos meses, si acepta esta resolución, y, en su caso, las medidas adoptadas para su cumplimiento.

De acuerdo con lo establecido en dicho precepto legal, la no aceptación de la resolución podrá determinar la inclusión del caso en el Informe anual correspondiente al año 2026 que se exponga al Parlamento de Navarra, con mención expresa de la Administración que no haya adoptado una actitud favorable cuando se considere que era posible.

A la espera de su respuesta, le saluda atentamente,

 

El Defensor del Pueblo de Navarra

Nafarroako Arartekoa

 

Patxi Vera Donazar

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