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Resolución del Defensor del Pueblo de Navarra (Q26/1402) por la que recomienda al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo que garantice el derecho de la promotora de la queja a acceder y obtener una copia de la información y documentación relativa a las actuaciones desarrolladas en el proceso de intervención por el Punto de Encuentro Familiar, en caso de que así lo solicite.

2026 azaroa 12

Gizarte ongizatea

Gaia: La disconformidad de la autora de la queja con la actuación desarrollada por el Punto de Encuentro Familiar en su intervención con sus dos hijas menores

Consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo

Señora Consejera:

1. El 1 de octubre de 2026 esta institución recibió un escrito de la señora doña (…), mediante el que formulaba una queja por su disconformidad con la intervención con sus hijas en el Punto de Encuentro Familiar.

2. Seguidamente, esta institución se dirigió al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, solicitando que informara sobre la cuestión suscitada.

En el informe recibido, se señala lo siguiente:

“Recibida la información de la queja, y estudiada detenidamente, se considera que la intervención llevada a cabo por el servicio de Punto de Encuentro Familiar, ha cumplido en todo momento con los protocolos y normativa específica para los casos derivados por Juzgados de Violencia contra las Mujeres. Asimismo, se han respetado los principios rectores de la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres.

En este sentido cabe contradecir lo expuesto en el escrito presentado, ya que este servicio no ha llevado a cabo ningún proceso de mediación entre víctima y agresor. Se considera que este servicio ha actuado en todo momento con respeto, responsabilidad y la diligencia debida.

Se deja constancia de que las actuaciones practicadas se han desarrollado conforme al Protocolo de actuación aplicable a los casos derivados de violencia de género, garantizando el cumplimiento de las medidas y procedimientos establecidos al efecto.

Procede señalar que el Punto de Encuentro Familiar cuenta con profesionales debidamente cualificados para el desempeño de sus funciones, que reciben formación especializada y actualización continua en las distintas materias que afectan a su ámbito de intervención, especialmente en las situaciones de violencia de género.

Asimismo, la actuación del servicio se desarrolla conforme a los protocolos y directrices aplicables, atendiendo en todo momento a los principios de profesionalidad, diligencia, neutralidad e interés superior de las personas menores de edad.

En este caso concreto, las actuaciones realizadas por el equipo profesional respondieron a una valoración técnica individualizada de las circunstancias concurrentes, adoptándose las decisiones y recomendaciones oportunas en el ejercicio de sus competencias y desde la responsabilidad inherente a su función. Por ello, no se aprecia que la intervención desarrollada suponga un incumplimiento de los principios invocados por la persona usuaria, sino el ejercicio diligente y responsable de las funciones legalmente atribuidas al servicio.

La Ley Foral 12/2022 de atención y protección a niños, niñas y adolescentes, en su artículo 5, establece la atención centrada en la persona como principio fundamental. Recoge específicamente que el personal y los recursos de los servicios públicos se deben “ajustar al caso individual”. También la LO 8/2021 (LOPIVI) de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia exige a las administraciones ofrecer una atención individualizada y especializada, garantizando que las medidas no sean colectivas o estandarizadas, sino adaptadas al trauma o necesidad específica de cada niño o niña.

En este sentido, se ha desarrollado una intervención individualizada basada en el principio del interés superior de las menores, abordando de forma diferenciada la situación de cada una. Dicha actuación se sustenta en la necesidad de realizar una valoración individualizada de cada niño o niña, considerando sus circunstancias particulares para adecuar la intervención a sus necesidades y garantizar una atención integral.

Asimismo, dicha intervención responde a lo expresamente solicitado en la sentencia judicial, que establece la necesidad de valorar de manera específica la situación y las necesidades de las menores. Por ello, se considera imprescindible diseñar una respuesta ajustada a la realidad de cada una de ellas, mediante una evaluación individualizada que permita adecuar las actuaciones a sus necesidades presentes, garantizando en todo momento el interés superior de las menores y el cumplimiento de las medidas acordadas judicialmente.

Este servicio es muy consciente de que adelantar los acontecimientos en un lenguaje adecuado a la edad evolutiva es algo fundamental para que una niña pueda anticiparse, prepararse psíquicamente a las situaciones que va a vivir. Es por ello que, en los espacios individuales que han mantenido las profesionales con cada una de las menores, se les ha tratado de ofrecer explicaciones claras y acordes a la situación. Si bien, es frecuente que, en momentos de separación, como son los momentos previos a estos espacios individuales, puedan darse emociones intensas, como llanto y aumento de ansiedad, requiriendo del máximo cuidado y atención, y siendo necesaria la disminución de dicha actividad emocional antes del desarrollo de cualquier visita.

Estamos ante dos menores con edades distintas y por tanto desarrollo evolutivo distinto. Asimismo, tienen experiencias de vida distintas. En el caso de la mayor posee recuerdos explícitos, así como tiene desarrollada la capacidad de poder expresarse y poner en palabras, sus palabras, a la experiencia vivida. En el caso de la pequeña hay una ausencia de memoria explícita y, además, falta de capacidad para expresarse y comprender, por tanto, la observación en su caso debe centrarse en lo implícito o corporal.

Este servicio lamenta que esta recomendación de que la mayor evite hablar de lo vivido en presencia de la menor haya podido ser interpretada como una limitación de la libertad de expresión de la hermana mayor. En ningún caso fue esa la intención de la intervención realizada. La indicación de evitar determinadas conversaciones en presencia de la menor respondió exclusivamente a criterios de protección y bienestar infantil, teniendo en cuenta la corta edad de esta última y las dificultades observadas para adaptar determinados contenidos a su nivel de comprensión y madurez.

Asimismo, se consideró que la hermana mayor podría expresar sus vivencias, opiniones y emociones de forma más libre y completa en un espacio individualizado, sin la responsabilidad añadida que pudiera derivarse de la presencia de su hermana menor. Por tanto, la actuación tuvo como finalidad compatibilizar el derecho de la mayor a expresarse con la necesidad de proteger a la menor de contenidos que pudieran resultarle difíciles de comprender o emocionalmente inadecuados para su edad, actuando en todo momento conforme al interés superior de ambas menores.

Las hermanas comparten la misma historia familiar pero no la han experimentado de la misma forma, ni han desarrollado las mismas respuestas emocionales, ni tienen a día de hoy las mismas necesidades.

Además, se quiere evitar que el relato de la pequeña se pueda entender que está contaminado por el de su hermana mayor. Es por ello que este servicio ha ofrecido espacios individuales a la niña de 9 años, para que libremente pudiera expresarse como así ha sido capaz de hacerlo.

Además, se ha querido evitar la parentalización, romper con roles que, lamentablemente, es frecuente que adopten las hermanas mayores en contextos como el que ha podido vivir.

La entrevista mantenida con la Sra. […] el pasado 17 de septiembre tenía como objetivo poder explicarle la estrategia de intervención que se ha expuesto anteriormente, entendiendo fundamental su colaboración para poder llevarla a cabo. Por este motivo se le ofrecieron ideas o propuestas de cómo poder gestionarlo, confiando en el criterio de ésta para adoptar la fórmula más adecuada.

Por lo recogido en el escrito de la Sra. […], ha quedado claro a este servicio, y sirve de reflexión, que este equipo profesional no ha conseguido explicar adecuadamente a la Sra. […] el propósito de su intervención.

No obstante, cabe incidir en que las decisiones técnicas sobre la intervención a llevar a cabo en este caso, y en general en todos los casos que se atienden en este servicio, han sido tomadas en las reuniones técnicas que se llevan a cabo cada semana en los Puntos de Encuentro Familiar. En dichas reuniones técnicas participa además de todo el equipo de intervención familiar del Punto de Encuentro, la psicóloga supervisora de casos, y la coordinadora del servicio, ambas con larga experiencia en los Puntos de Encuentro.

Con esto se quiere hacer hincapié en que las decisiones técnicas y las estrategias de intervención adoptadas han sido meditadas y valoradas por profesionales cualificadas, así como, se pretende trasladar que existen razones por las que poder confiar en el criterio técnico de este servicio”.

3. A continuación se dio traslado del informe recibido a la promotora de la queja al objeto de que pudiera formular las alegaciones que considerare oportuno, y que han quedado incorporadas al expediente.

4. Como ha quedado reflejado, la queja se presenta por la disconformidad con la actuación desarrollada por el Punto de Encuentro Familiar en su intervención con sus dos hijas menores. Llevan asistiendo al mismo desde el pasado 26 de junio de 2026, tiempo durante el que se han celebrado hasta un total de 13 visitas.

De los sendos escritos presentados por la interesada se desprende un desacuerdo con diversos modos de proceder y ciertas decisiones adoptadas a lo largo de la gestión de las intervenciones desarrolladas por parte del equipo técnico y profesionales intervinientes. Ello le hace cuestionar que la estrategia actual de intervención que se está llevando a cabo sea la adecuada en línea con la protección e interés superior de las menores y sus necesidades específicas como víctimas de violencia doméstica y de género.

Asimismo, solicita en su condición de interesada que le sea facilitada diversa documentación relacionada con dichas intervenciones. En este sentido, no comparte que el departamento exponga una valoración y afirmaciones genéricas. Por ello, solicita expresamente que se le traslade y aporte, entre otra documentación, los protocolos aplicados, informes técnicos, informes trimestrales para el órgano judicial, registros y actas de las sesiones y reuniones mantenidas con ella y las menores, hojas de incidencias, y la titulación y formación de los profesionales intervinientes.

Por su parte, el Departamento de Derechos Sociales informa que la intervención practicada con la interesada y las menores se ha realizado en cumplimiento de los protocolos y normativa específica operantes en supuestos de violencia de género, así como haber respetado los principios rectores de dicha normativa y contar con profesionales que reciben formación especializada y actualizada, además del resto de consideraciones que constan el informe transcrito.

5. A efectos de resolver la queja es preciso comenzar señalando que esta institución carece de competencia para supervisar, directa o indirectamente, la actuación de los órganos judiciales y, por tanto, no puede examinar cuestiones sobre las que exista un procedimiento judicial o se esté pendiente de que éste se emita (artículos 1 y 23 de la Ley Foral 4/2000).

Teniendo esto en cuenta, esta institución no puede examinar los informes realizados por los profesionales del Punto de Encuentro Familiar, ya que los mismos son elaborados a instancia de un órgano judicial y, por tanto, su examen podría considerarse un examen indirecto de una actuación judicial.

Por otro lado, incluso en el supuesto de que se tratase de informes no encomendados por un órgano judicial, el margen de actuación de esta institución estaría fuertemente restringido, pues en la elaboración de informes y dictámenes técnicos sus autores cuentan con un margen relevante de apreciación y de valoración, que es fruto de su observación, inmediación a los hechos y criterio profesional.

Por ello, aun pudiendo estar fundado el desacuerdo con el contenido de un informe o dictamen que recoja las actuaciones y decisiones adoptadas en el proceso, dicho desacuerdo no es motivo para que esta institución formule un pronunciamiento orientado a que aquél sea revisado o corregido.

6. No obstante, cabe señalar que la promotora de la queja, en su condición de interesada en el proceso de intervención desarrollado por el Punto de Encuentro Familiar, tiene derecho a solicitar el acceso a la información y documentación que demande respecto a las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho proceso de intervención [artículo 53.1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre].

De esta manera, en caso de que así lo solicite, la interesada tiene derecho a obtener una copia de aquella documentación e información que demande, en la medida en que la misma contiene observaciones y valoraciones sobre la estrategia y desarrollo de las visitas que pueden afectar a su interés personal y familiar.

7. En consecuencia, y en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 34.1 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, la institución del Defensor del Pueblo de Navarra ha estimado necesario:

Recomendar al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo que garantice el derecho de la promotora de la queja a acceder y obtener una copia de la información y documentación relativa a las actuaciones desarrolladas en el proceso de intervención por el Punto de Encuentro Familiar, en caso de que así lo solicite.

De conformidad con el artículo 34.2 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, procede que el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo informe, como es preceptivo, en el plazo máximo de dos meses, si acepta esta resolución, y, en su caso, las medidas adoptadas para su cumplimiento.

De acuerdo con lo establecido en dicho precepto legal, la no aceptación de la resolución podrá determinar la inclusión del caso en el Informe anual que se exponga al Parlamento de Navarra, con mención expresa de la Administración que no haya adoptado una actitud favorable cuando se considere que era posible.

A la espera de su respuesta, le saluda atentamente,

 

El Defensor del Pueblo de Navarra

Nafarroako Arartekoa

 

Patxi Vera Donazar

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