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Hirigintza eta Etxebizitza
Gaia: La necesidad de la autora de la queja de acceder a una vivienda adecuada para ella y su familia.
Vicepresidenta Tercera y Consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias
Señora Consejera:
1. El 29 de abril de 2024 esta institución recibió un escrito de la señora doña (…) mediante el que formulaba una queja por la necesidad de acceso a una vivienda adecuada para ella y su familia.
En dicho escrito exponía que:
a) Desde el año 2015 reside junto a su marido y sus dos hijos menores de edad en un inmueble sito en la calle Bidaburua de Villava/Atarrabia.
b) El inmueble forma parte de un edificio que no se encuentra en condiciones idóneas para vivir: las escalares se encuentran en un estado pésimo; las paredes y techos están totalmente calcinados a raíz de un incendio que tuvo lugar en el año 2022; hay basura y muebles abandonados por los rellanos; la puerta de entrada al edificio está rota, etc.
c) Asimismo, existen problemas de convivencia en el vecindario.
d) Uno de sus hijos tiene reconocido un grado de discapacidad del 89 por 100 y presenta graves dificultades de movilidad, necesitando para ello de una silleta adaptada.
e) Dado que el ascensor del edificio está constantemente averiado, para que su hijo pueda salir a la calle o acceder a su vivienda tiene que ser subido a pulso, para lo que es necesario la intervención de dos personas y, por ello, hay días que no puede salir a la calle o, incluso una vez que está fuera de la vivienda, se tiene que quedar horas sin poder acceder a la misma por la imposibilidad de subir.
f) Se encuentra inscrita en el Censo de Solicitantes de Vivienda Protegida desde hace años, pero no han conseguido acceder a una vivienda.
g) Considera que su situación cada vez es peor por las condiciones del edificio en el que residen, pero no disponen de otra alternativa habitacional.
2. Seguidamente, esta institución se dirigió al Ayuntamiento de Villava/Atarrabia y al Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, solicitándoles que informaran sobre la cuestión suscitada.
El 16 de mayo de 2024 se recibió el informe remitido por el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias.
El 20 de junio de 2024 se recibió el informe remitido por el Ayuntamiento de Villava/Atarrabia.
Ambos expedientes se incorporaron al expediente.
3. En opinión de esta institución, en la presente queja caben distinguir dos cuestiones: por un lado, una relativa a la posible actuación de la Entidad local en relación con el estado del edificio y los posibles requerimientos que, al amparo del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral de ordenación del territorio y urbanismo, se pudieran hacer a sus propietarios; y, por otro lado, otra concerniente al acceso de la interesada y su familia a una vivienda protegida.
4. En relación con la primera de las cuestiones, según se desprende su informe, el Ayuntamiento de Villava/Atarrabia ya ha inspeccionado el edificio y, a la vista de ello, se va a requerir a los propietarios la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias detectadas y asegurar así que el edificio reúna las condiciones de seguridad y habitabilidad exigibles.
Considerando que esta actuación se encuentra en línea con lo que, teniendo en cuenta la información obrante en el expediente, habría recomendado, esta institución estima oportuno poner fin a su intervención en relación con esta cuestión, entendiendo que ésta se encuentra en vías de solución.
5. En relación con la segunda de las cuestiones, esta institución ha venido señalando lo siguiente:
“4. El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada aparece reconocido en el artículo 47 de la Constitución, que establece lo siguiente:
‘Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos’.
Tal y como viene interpretando el Tribunal Constitucional desde la sentencia 152/1988, de 20 de julio, y en las más recientes 7/2010, de 27 de abril y 93/2015, de 14 de mayo, el artículo 47 de la Constitución actúa como un mandato a los poderes públicos en cuanto estos están obligados a definir y ejecutar las políticas necesarias para hacer efectivo este derecho, configurado como un principio rector o directriz constitucional que tiene que informar la actuación de aquellos poderes.
La Comunidad Foral de Navarra es titular de la competencia exclusiva en materia de vivienda, tal como establece el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, y, en el ejercicio debido de esa competencia, ha de adoptar todas las medidas oportunas para garantizar el derecho constitucional de las personas a disfrutar de una vivienda digna.
5. La Ley Foral 28/2018, de 26 de diciembre, sobre el derecho subjetivo a la vivienda en Navarra, por la que se modificó la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra, declara, en su preámbulo, que:
‘La Constitución Española consagró un Estado social y democrático de derecho, pero al reconocer el derecho a la vivienda, y pese a proclamar en su artículo 47 la necesidad de contar con una vivienda digna y adecuada, solo estipuló un mandato para los poderes públicos. De este modo, el derecho a la vivienda no es justiciable ni exigible por sí mismo, pues al no estar reconocido como derecho fundamental, no tiene las garantías procesales y sustantivas que merece.
Sin embargo, el derecho humano a una vivienda adecuada tiene una importancia fundamental para el disfrute de todos los demás derechos económicos, sociales y culturales del individuo. La vivienda es la sede del individuo, la sede de sus derechos sociales, sede necesaria, pero no suficiente, que permite a cualquier persona o individuo constituirse como ciudadano: la vivienda es lo que permite a los ciudadanos constituirse como tales, y por ende, como miembros de una sociedad. Sin vivienda no hay ciudadanía, y sin ciudadanía no hay sociedad ni, valga la redundancia, Estado social alguno.
En la vivienda, en su calidad de hogar, se une la dimensión de resguardo y refugio, y una dimensión más íntima y relacional donde se proyectan nuestras necesidades más básicas relativas a seguridad, afecto, aceptación, etc. Es indudable que sin un techo adecuado y seguro no se cuenta con la necesaria calidad de vida, lo que atenta directamente contra la salud física y mental.
Asimismo, la no disponibilidad de una vivienda, o bien la pérdida de ella, supone un deterioro tal de las condiciones de vida que no solo dificulta factores tan diversos como la formación de nuevos hogares y estructuras familiares, la emancipación juvenil o la movilidad geográfica, sino que, en último término, puede conducir a situaciones de exclusión social. La vivienda contribuye a que una persona o unidad familiar pueda desarrollar con autonomía y responsabilidad su aportación a la construcción social, de la que todos formamos parte.
Este Estado social en el que vivimos, y cuya construcción nos compete a todos y a todas, debe plantearse hoy si es necesario y pertinente constituir el derecho a la vivienda como otro pilar importante de nuestra sociedad, equiparable a otros derechos hoy incuestionables y en su momento discutidos: educación, sanidad, pensiones o dependencia. Esta ley foral realiza una apuesta valiente y decidida en sentido afirmativo, e intenta colocar el derecho a la vivienda en un lugar fundamental y principal del conjunto de las políticas públicas. Es ya la hora de cambiar la consideración de la vivienda como pilar débil (wobbly pillar, en la literatura anglosajona) de nuestro Estado del Bienestar. Por ello, esta ley foral abre un camino incierto pero absolutamente necesario y atrevido, y reconoce, de forma explícita y con carácter de reclamable ante las Administraciones Públicas, el derecho subjetivo a una vivienda digna y adecuada para cualquier persona con vecindad administrativa en la Comunidad Foral de Navarra’.
6. Asimismo, el artículo 3 de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, establece que la intervención de las Administraciones públicas de Navarra en materia de vivienda se regirá, entre otros, por los siguientes principios rectores de orden social:
‘- Facilitar una oferta de vivienda adecuada a las necesidades reales.
- Consecución de una oferta de vivienda protegida, suficiente desde el punto de vista cuantitativo, territorial y tipológicamente equilibrada y que preste especial atención a los colectivos en situación o riesgo de exclusión social’”.
6. En el presente caso, esta institución no aprecia una irregularidad administrativa per se. La autora de la queja y su familia necesitan acceder a una vivienda protegida, por cuanto en la que reside en la actualidad presenta diversos problemas y carecen de recursos económicos para acceder a una en el mercado. Así, están inscritos en el censo de solicitantes de vivienda protegida; sin embargo, tras la aplicación del correspondiente baremo, obtienen una puntuación, según la cual hay otras personas que les anteceden en el acceso a dichas viviendas.
Sin embargo, el problema, como ocurre en el resto de casos análogos que se presentan ante esta institución, radica en que, pese a los esfuerzos que las Administraciones dicen realizar, el número de viviendas de protección pública es insuficiente para atender la demanda existente.
Por ello, como ya ha realizado con ocasión de otras quejas análogas a la presente, esta institución estima conveniente recomendar al Departamento que ahonde en la adopción de medidas tendentes a asegurar el derecho de la ciudadanía a acceder a una vivienda.
7. En consecuencia, y en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 34.1 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, la institución del Defensor del Pueblo de Navarra ha estimado necesario:
Recomendar al Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias que, atendiendo a la demanda existente, ahonde en la adopción de medidas tendentes a asegurar el derecho de la ciudadanía a acceder a una vivienda.
De conformidad con el artículo 34.2 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, procede que el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias informe, como es preceptivo, en el plazo máximo de dos meses, si acepta esta resolución, y, en su caso, las medidas adoptadas para su cumplimiento.
De acuerdo con lo establecido en dicho precepto legal, la no aceptación de la resolución podrá determinar la inclusión del caso en el Informe anual correspondiente que se exponga al Parlamento de Navarra, con mención expresa de la Administración que no haya adoptado una actitud favorable cuando se considere que era posible.
A la espera de su respuesta, le saluda atentamente,
El Defensor del Pueblo de Navarra
Nafarroako Arartekoa
Patxi Vera Donazar
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