Partekatu edukia
Hirigintza eta Etxebizitza
Gaia: La necesidad de la autora de la queja y sus dos hijas menores de edad de acceder a una vivienda.
Vicepresidenta Tercera y Consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias
Alcalde de Pamplona / Iruña
Señora Consejera / Señor Alcalde:
1. El 5 de julio de 2024 esta institución recibió un escrito de la señora doña (…) mediante el que formulaba una queja por la necesidad de acceso a una vivienda y la falta de atención y seguimiento por la Unidad de Barrio de la Milagrosa/Arrosadia.
En dicho escrito exponía que:
a) Reside junto a sus dos hijas menores en un inmueble en régimen de alquiler.
b) Recientemente, la propietaria del inmueble les ha informado que deben abandonarlo.
c) Ha estado buscando otro inmueble en el que vivir, pero le está siendo imposible encontrar uno y, por ello, se encuentra en situación inminente de calle.
d) Se encuentra inscrita en el censo de solicitantes de vivienda protegida, así como en el de solicitantes de vivienda de emergencia del Ayuntamiento de Pamplona/Iruña, pero todavía no ha conseguido una.
e) Está teniendo dificultades para conseguir una cita con su trabajadora social de referencia, ya que la que le ofrecen tendría lugar en septiembre.
f) Asimismo, desde la Unidad de Barrio no le estarían ayudando en la búsqueda de una vivienda.
Por todo ello, solicitaba que:
a) Se le adjudique una vivienda a la mayor brevedad posible.
b) Reciba la atención y seguimiento por parte de la Unidad de Barrio que su actual situación requiere.
2. Seguidamente, esta institución se dirigió al Ayuntamiento de Pamplona/Iruña y al Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, solicitando que informaran sobre las cuestiones suscitadas.
El 22 de julio de 2024 se recibió el informe remitido por el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias.
El 1 de agosto de 2024 se recibió el informe remitido por el Ayuntamiento de Pamplona/Iruña.
Ambos informes se incorporaron al expediente.
3. Como ha quedado reflejado, en la presente queja se plantean dos cuestiones: por un lado, una concerniente a la atención que se estaría dispensando a la interesada en la Unidad de Barrio de La Milagrosa/Arrosadia; y, por otro lado, otra relativa al acceso a una vivienda protegida o de emergencia social.
4. Respecto a la primera de las cuestiones esta institución no encuentra elementos de juicio suficientes para concluir que la atención de la Unidad de Barrio de La Milagrosa/Arrosadia no se haya ajustado a lo normativamente exigible.
Así, respecto a las dificultades para obtener una cita y el hecho de que no se le ofreciese una hasta septiembre, según se desprende del informe remitido por el Ayuntamiento de Pamplona/Iruña, la interesada fue atendida el 20 de junio, así como el 4 y 30 de julio.
Por otro lado, respecto a la atención específica en materia de vivienda, existe una derivación al EISOVI en febrero de 2024, así como otras gestiones (actualización de inscripciones en el censo de solicitantes de vivienda protegida, tramitación y gestión de la ayuda David, etc.).
5. Por otro lado, en relación con el acceso a la vivienda, esta institución ha venido señalando lo siguiente:
“4. El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada aparece reconocido en el artículo 47 de la Constitución, que establece lo siguiente:
‘Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos’.
Tal y como viene interpretando el Tribunal Constitucional desde la sentencia 152/1988, de 20 de julio, y en las más recientes 7/2010, de 27 de abril y 93/2015, de 14 de mayo, el artículo 47 de la Constitución actúa como un mandato a los poderes públicos en cuanto estos están obligados a definir y ejecutar las políticas necesarias para hacer efectivo este derecho, configurado como un principio rector o directriz constitucional que tiene que informar la actuación de aquellos poderes.
La Comunidad Foral de Navarra es titular de la competencia exclusiva en materia de vivienda, tal como establece el artículo 44.1 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, y, en el ejercicio debido de esa competencia, ha de adoptar todas las medidas oportunas para garantizar el derecho constitucional de las personas a disfrutar de una vivienda digna.
5. La Ley Foral 28/2018, de 26 de diciembre, sobre el derecho subjetivo a la vivienda en Navarra, por la que se modificó la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra, declara, en su preámbulo, que:
‘La Constitución Española consagró un Estado social y democrático de derecho, pero al reconocer el derecho a la vivienda, y pese a proclamar en su artículo 47 la necesidad de contar con una vivienda digna y adecuada, solo estipuló un mandato para los poderes públicos. De este modo, el derecho a la vivienda no es justiciable ni exigible por sí mismo, pues al no estar reconocido como derecho fundamental, no tiene las garantías procesales y sustantivas que merece.
Sin embargo, el derecho humano a una vivienda adecuada tiene una importancia fundamental para el disfrute de todos los demás derechos económicos, sociales y culturales del individuo. La vivienda es la sede del individuo, la sede de sus derechos sociales, sede necesaria, pero no suficiente, que permite a cualquier persona o individuo constituirse como ciudadano: la vivienda es lo que permite a los ciudadanos constituirse como tales, y por ende, como miembros de una sociedad. Sin vivienda no hay ciudadanía, y sin ciudadanía no hay sociedad ni, valga la redundancia, Estado social alguno.
En la vivienda, en su calidad de hogar, se une la dimensión de resguardo y refugio, y una dimensión más íntima y relacional donde se proyectan nuestras necesidades más básicas relativas a seguridad, afecto, aceptación, etc. Es indudable que sin un techo adecuado y seguro no se cuenta con la necesaria calidad de vida, lo que atenta directamente contra la salud física y mental.
Asimismo, la no disponibilidad de una vivienda, o bien la pérdida de ella, supone un deterioro tal de las condiciones de vida que no solo dificulta factores tan diversos como la formación de nuevos hogares y estructuras familiares, la emancipación juvenil o la movilidad geográfica, sino que, en último término, puede conducir a situaciones de exclusión social. La vivienda contribuye a que una persona o unidad familiar pueda desarrollar con autonomía y responsabilidad su aportación a la construcción social, de la que todos formamos parte.
Este Estado social en el que vivimos, y cuya construcción nos compete a todos y a todas, debe plantearse hoy si es necesario y pertinente constituir el derecho a la vivienda como otro pilar importante de nuestra sociedad, equiparable a otros derechos hoy incuestionables y en su momento discutidos: educación, sanidad, pensiones o dependencia. Esta ley foral realiza una apuesta valiente y decidida en sentido afirmativo, e intenta colocar el derecho a la vivienda en un lugar fundamental y principal del conjunto de las políticas públicas. Es ya la hora de cambiar la consideración de la vivienda como pilar débil (wobbly pillar, en la literatura anglosajona) de nuestro Estado del Bienestar. Por ello, esta ley foral abre un camino incierto pero absolutamente necesario y atrevido, y reconoce, de forma explícita y con carácter de reclamable ante las Administraciones Públicas, el derecho subjetivo a una vivienda digna y adecuada para cualquier persona con vecindad administrativa en la Comunidad Foral de Navarra’.
6. Asimismo, el artículo 3 de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, establece que la intervención de las Administraciones públicas de Navarra en materia de vivienda se regirá, entre otros, por los siguientes principios rectores de orden social:
‘- Facilitar una oferta de vivienda adecuada a las necesidades reales.
- Consecución de una oferta de vivienda protegida, suficiente desde el punto de vista cuantitativo, territorial y tipológicamente equilibrada y que preste especial atención a los colectivos en situación o riesgo de exclusión social’”.
6. En el presente caso, esta institución no aprecia una irregularidad administrativa per se. La autora de la queja necesita acceder a una vivienda pública, por cuanto está experimentando problemas para acceder a una en el mercado. Así, se inscribe en el censo de solicitantes de vivienda protegida y solicita una vivienda de emergencia; sin embargo, tras la aplicación del correspondiente baremo, obtiene una puntuación, según la cual hay otras personas que le anteceden en el acceso a dichas viviendas.
Sin embargo, el problema, como ocurre en el resto de casos análogos que se presentan ante esta institución, radica en que, pese a los esfuerzos que las Administraciones dicen realizar, el número de viviendas de protección pública es insuficiente para atender la demanda existente.
Por ello, como ya ha realizado con ocasión de otras quejas análogas a la presente, esta institución estima conveniente recomendar al Ayuntamiento y al Departamento que ahonden en la adopción de medidas tendentes a asegurar el derecho de la ciudadanía a acceder a una vivienda.
5. En consecuencia, y en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 34.1 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, la institución del Defensor del Pueblo de Navarra ha estimado necesario:
Recomendar al Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias y al Ayuntamiento de Pamplona/Iruña que, atendiendo a la demanda existente, ahonden en la adopción de medidas tendentes a asegurar el derecho de la ciudadanía a acceder a una vivienda.
De conformidad con el artículo 34.2 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, procede que el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias y al Ayuntamiento de Pamplona/Iruña informen, como es preceptivo, en el plazo máximo de dos meses, si acepta esta resolución, y, en su caso, las medidas adoptadas para su cumplimiento.
De acuerdo con lo establecido en dicho precepto legal, la no aceptación de la resolución podrá determinar la inclusión del caso en el Informe anual correspondiente que se exponga al Parlamento de Navarra con mención expresa de la Administración que no haya adoptado una actitud favorable cuando se considere que era posible.
A la espera de su respuesta, le saluda atentamente,
El Defensor del Pueblo de Navarra
Nafarroako Arartekoa
Patxi Vera Donazar
Partekatu edukia