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Los defensores y las defensoras de Andalucía, Canarias, Cataluña, Euskadi y Navarra hemos firmado en Pamplona el Acuerdo de colaboración entre las defensorías del pueblo para impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Esta iniciativa parte de la voluntad de estas defensorías, firmemente comprometidas con los principios de justicia social, dignidad humana y equidad, de manifestar de forma clara y decidida nuestra adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Esta adhesión no es solo formal, sino profundamente ética, institucional y operativa, al entender que nuestra misión como garantes de los derechos de la ciudadanía se entrelaza de forma natural con los principios rectores de esta agenda, que constituye un espejo actualizado de los derechos humanos. En sus 17 Objetivos y 169 metas se recogen de forma implícita y explícita los compromisos internacionales, tanto universales como europeos, de aplicación en el Estado español y sus comunidades autónomas: desde la igualdad de mujeres y hombres hasta el derecho a la educación, la salud, el trabajo digno, la vivienda o el medioambiente.
Tal y como ha reconocido recientemente la Asamblea General de las Naciones Unidas, las defensorías desempeñamos un papel importante en la consecución de los ODS, por nuestra función en el fortalecimiento del Estado de Derecho, de la buena administración y en la protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Además, cabe destacar la proximidad territorial y social que aportan nuestras instituciones a la localización de los ODS. Atendemos reclamaciones individuales y colectivas, escuchamos las demandas locales y supervisamos el cumplimiento de derechos en ámbitos tan cercanos como la vivienda, la salud, la infancia y adolescencia, las personas mayores, la educación o las prestaciones sociales.
Este acuerdo propone alinear nuestro trabajo con los cinco ejes esenciales de la Agenda —personas, planeta, prosperidad, paz y partenariado— y traducirlo en acciones concretas. En el eje de las personas, luchamos contra la pobreza, defendemos la igualdad de mujeres y hombres, la salud y el bienestar y protegemos los derechos de colectivos vulnerables. Por lo que respecta al planeta, velamos por el cumplimiento de las normativas ambientales, el avance en la lucha contra el cambio climático y promovemos un acceso a los servicios básicos de toda la ciudadanía. En cuanto a la prosperidad, trabajamos por ciudades inclusivas, por el acceso a la vivienda y a la inclusión social, y por la reducción de las desigualdades. En el ámbito de la paz, defendemos la buena administración y la gestión pública eficiente, la justicia y equidad, de conformidad con los principios de la cultura restaurativa y la resolución de conflictos y los derechos fundamentales. Y desde el enfoque del partenariado, promovemos alianzas, redes de colaboración y espacios de participación con la sociedad civil.
Los desafíos que plantea la Agenda 2030 requieren acción, seguimiento y rendición de cuentas. Y ahí es donde nuestra voz, nuestra cercanía a la ciudadanía y nuestra posición institucional independiente y dotada de autoridad pueden tener un papel muy relevante y ser herramientas muy valiosas.
Como defensorías autonómicas, asumimos este reto con plena convicción, y seguiremos actuando como puente entre la ciudadanía y las administraciones, como garantes de derechos de la ciudadanía y como impulsores de una cultura democrática y de paz.
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